El mendocino Luis Petri aseguró que la Corte Suprema le dio la razón respecto de tierras del Ejército que pretendía apropiarse una comunidad mapuche
Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación.
El ministro de Defensa de la Nación, el mendocino Luis Petri, celebró este martes una resolución de la Corte Suprmea de Justicia que declaró nula la transferencia de tierras del Ejército a una comunidad mapuche.
Tras concerse el fallo del máximo tribunal que involucró a la comunidad Millalonco Ranquehue en San Carlos de Bariloche, Río Negro, a los pocos instantes Petri se expresó en sus redes sociales.
El funcionario aseveró, como en otras ocasiones, que "con Milei se acabó la era de los privlegios injustificados".
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El ministro destacó la resolución judicial y expresó: "Dijimos que no íbamos a permitir que usurpen las tierras de las fuerzas y lo cumplimos. La Corte resolvió que las tierras del Ejército Argentino seguirán siendo suyas, anulando la demanda de la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue en el Cerro Otto, Bariloche".
Petri recordó que esos terrenos fueron "otorgados por el INAI de forma ilegal, y la gestión kirchnerista no apeló. Basta de regalar tierras y de entregar nuestra soberanía. Con Javier Milei se acabó la era de los privilegios injustificados".
La Corte Suprema de Justicia declaró este martes la nulidad de la resolución de primera instancia que había ordenado la transferencia a título gratuito del dominio de tierras en disputa en Río Negro.
Se trata de un predio de 180 hectáreas a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto, que fue reclamado por la comunidad mapuche a través de una demanda judicial contra el Estado nacional por considerar que son tierras que poseen en forma "actual, tradicional y pública".
La propiedad comunitaria de este predio fue reconocida por la resolución en el año 2012 por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado.
En su sentencia de este martes, el máximo tribunal tomó la decisión de dar marcha atrás con todo lo actuado al sostener que en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercer su derecho de defensa en juicio.
El fallo de primera instancia había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta por la comunidad mapuche, instruyendo al Poder Ejecutivo Nacional que en un plazo de 60 días (a partir de que la resolución quedara firme), el Estado nacional efectuara la transferencia de la propiedad de las tierras en disputa.
El Ejército Argentino apeló esa decisión y la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo por considerar que había sido presentado fuera del plazo procesal previsto.
La Corte fundó la declaración de la nulidad del trámite de la causa judicial en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que en materia de adjudicación de tierras a las comunidades aborígenes, la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esas tierras, por lo que se debía dar intervención a estas últimas.
El alto tribunal consideró a su vez que en el caso concreto de las tierras en el cerro Otto, el INAI había decidido excluir a la provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin que luego se le diera intervención en la causa judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
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