Politica Domingo, 25 de noviembre de 2018

Luis Lobos será juzgado por corrupción, en año electoral

Recientemente se descubrió la contratación directa, sin licitación, de una empresa elaboradora de asfalto, a la que pagó $1,8 millones.

Luis Lobos será juzgado recién el año próximo por los casos de corrupción que la Justicia Penal investiga desde 2016. Aunque las audiencias se harán en fecha a determinar ya hay una certeza: el ex intendente peronista a cargo de Guaymallén se sentará en el banquillo de los acusados en año electoral, lo que daría un condimento extra a la campaña proselitista.

Fuertes sospechas de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su función lo tienen contra las cuerdas, pero también a un ex funcionario de su gestión, a su esposa Claudia Sgró y a su suegra.

La pesquisa de todos los expedientes está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, cuyo trabajo suele arrojar resultados a largo plazo porque se sostiene con pruebas complejas de producir (peritajes, auditorías) pero también con otras cuya disponibilidad concreta depende de terceros, como instituciones bancarias, empresas constructoras y analistas de sistemas financieros y tecnológicos.La imputación

El jueves último, Lobos y Federico Sampieri (su secretario de Obras y Servicios Públicos) fueron imputados por ser autores de fraude a la administración pública al pagar $1,8 millones a Wanka SA por la contratación de una planta de asfalto en caliente. Igual suerte procesal corrió el titular de esa empresa, Roque Núñez, pero en calidad de partícipe.

A los ex funcionarios los complica seriamente, según la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que en 2014 contrataron al único oferente (Wanka SA) por decreto sin haber llamado a concurso para hacer un comparativo y elegir la opción más conveniente. Esta gestión debió ejecutarse y plasmarse en los papeleos municipales internos.

El decreto 2.921/14 autorizó un contrato de 12 meses por $21,6 millones a razón de $1,8 millones por mes. Sólo se pagó la primera factura. Fue la número 0001, presentada para el cobro a fines de enero de 2015 y abonada casi una semana después. Para la Justicia ese pago es una prueba de cargo contra los acusados.

Un detalle no menor ya que tuvo alto impacto en la investigación: cuando Guaymallén emitió el primer pago, Wanka SA ni siquiera había comenzado a operar y mucho menos había puesto en terreno las maquinarias e insumos necesarios.Defensor particular

Lobos confió nuevamente el manejo de la estrategia defensiva a un abogado particular. Se trata del penalista Fernando Lúquez, que también asiste al chino Zheng Cheng, sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías de Chile a Mendoza.

Lúquez entró en escena luego de que Lobos, la esposa y la suegra fueran brevemente representados por una defensora oficial. El jueves fue informado de la nueva imputación a su cliente.

Hasta agosto y en las horas previas al primer juicio, que fue finalmente suspendido (ver aparte), el clan Lobos fue defendido por la abogada particular Anahí Venier. Su salida fue por discrepancias con la estrategia diseñada. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales dicen que fue un ardid de Lobos para congelar el inicio del primer debate, ya que ningún nuevo representante legal habría aceptado conducir la defensa en juicio sin haber leído la causa.

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