Cómo se distribuye el resto

Los presos que trabajan reciben unos $60.000 mensuales, que se guardan en una caja de ahorro

La ley Nº 8.465 es la que regula cómo se distribuye el producto del trabajo del interno. La retribución sufre descuentos y una parte va para su familia

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a apuntar a una idea que surgió durante su primera gestión: que los presos trabajen. Según la ley actual, ¿cuánto cobra un interno y cómo se distribuye su retribución?

La diferencia respecto de lo que ya se implementa en las cárceles de Mendoza es que las empresas privadas ahora se instalarán con maquinaria y herramientas en galpones del recientemente inaugurado penal Almafuerte II. La intención es que los internos puedan así desarrollar tareas que puedan ser una salida laboral cuando queden en libertad.

A cambio, los privados recibirán beneficios como no pagar servicios, alquiler ni cargas sociales. De estas últimas, según explicó el director del Servicio Penitenciario Eduardo Orellana, se hace cargo el Estado.

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El empresario Ezequiel Gatti, que con su firma Xinca ya trabaja hace 8 años en penales de la provincia, explicó cómo es el pago a los presos que trabajan para él: "La Unidad Penitenciaria hace una facturación por los productos que realizan los presos. Nosotros le pagamos el todo a la U.P. y esta se encarga de repartirlo entre los internos".

No todos cobran lo mismo. Eso dependerá de la categoría y de la tarea que realice.

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A dónde va a parar lo que cobra un preso por trabajar en Mendoza

El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, fue más al fino de la cuestión en su visita a Séptimo Día, programa político de Canal 7. "En Mendoza hay distintas categorías de trabajadores y de acuerdo al nivel dentro de la escala laboral, lo que cobra como retribución puede variar", explicó.

En general, a modo de ejemplo, señaló que lo que le queda al interno no supera los $60.000 mensuales porque se aplican descuentos por diferentes ítems.

"Más allá del monto, lo que hay que tener en cuenta es que trabajar en cárcel es crear hábitos y conductas. En el penal hay gente que tiene 40 años y nunca trabajó. Al preso se le da con estas acciones la posibilidad de que una empresa lo vea como un futuro empleado", argumentó.

En Mendoza, lo que se paga es una retribución o peculio; a diferencia del sistema nacional, que abona una remuneración conforme el salario mínimo vital y móvil, y contempla vacaciones.

El sistema federal sigue así la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, que resolvió que una persona detenida que trabaja debe tener todos los derechos que establece la Ley de Contrato de Trabajo, incluidos aguinaldo y vacaciones.

Esos $60.000 que dio Orellana como ejemplo de lo que le queda a un interno buen calificado, son producto de una serie de descuentos que se realizan del monto original que pagan las empresas por empleado.

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El gobernador Alfredo Cornejo y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

El gobernador Alfredo Cornejo y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

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Es la ley Nº 8.465, a partir del artículo 132 la que habla sobre el monto que deben cobrar los internos que trabajan para empresas privadas: "La remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate y deberán ser abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente".

Esa retribución total sufre deducciones. Primero, por los aportes correspondientes a la seguridad social, y a partir de entonces, porque diferentes porcentajes se distribuyen con finalidades específicas según el artículo 133:

  1. El 10% se aporta para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, si es que así lo dispone la sentencia;
  2. El 35% se destina para la prestación de alimentos, según el Código Civil; y se abona de manera directa a su familia.
  3. El 25% se destina para costear los gastos que el interno causare en el establecimiento; y
  4. Solo el 30% le queda al preso trabajador para formar un fondo propio.

La particularidad de ese fondo que se forma con lo que recibe mensualmente es que la ley establece que se le entregará al detenido recién a su salida.

Según contaron a Diario UNO, el monto mensual se va depositando en una caja de ahorro por lo que sufre la desvalorización producto del andar inflacionario.

La posibilidad que tiene el detenido para hacerse de ese dinero antes, es pedir un anticipo de hasta un máximo del 30% del fondo propio mensual. Para eso es necesario que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena.

Ese fondo propio puede acrecentarse mensualmente si el preso no tiene obligaciones alimentarias afuera. En esos casos, quedará para sí mismo el 65% de la retribución deducidos los aportes.

En los casos en que no tenga que indemnizar por el delito que cometió, ese 10% va al fondo para la familia o, de no tenerla, para el fondo propio.

Lo que está cuestionado constitucionalmente es ese 25% que se destina para "costear los gastos que el interno causare en el establecimiento". ¿Por qué a un preso que trabaja se le descuenta por gastos y a uno que no trabaja se lo asiste completamente?, es la pregunta que se hacen los abogados.

De hecho, cuentan, nunca se ha deducido ese porcentaje en la práctica.

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