Reforma legislativa

Los cambios fiscales y de fin de mandato que el Gobierno estudia para evitar crisis como la del 2015

Desde Hacienda se impulsan modificaciones a las leyes de Responsabilidad Fiscal y Administración Financiera que regulan los presupuestos anuales y las "buenas prácticas"

El Ministerio de Hacienda y Finanzas encaró una reforma completa de dos leyes fundamentales que rigen los principios normativos del presupuesto anual: la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 7.314 y la Ley de Administración Financiera Nº 8.706.

El Gobierno advirtió que en los últimos 16 presupuestos, se incluyeron 39 artículos y/o modificaciones o suspensiones a la Ley de Responsabilidad Fiscal; y además ésta y su decreto reglamentario son anteriores a la LAF por lo que hay artículos que acaban siendo repetitivos o inconsistentes.

La intención es por un lado, simplificar y unificar criterios, eliminar redundancias y que en definitiva tengamos un cuerpo normativo más simple y coherente.

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Ahora bien, entre las tantas modificaciones que se piensan, hay algunas clave que hacen al diseño y cumplimiento del Fondo Anticíclico, a las reglas de fin de mandato, al régimen de rendición de cuentas y, con el tiempo, a las normas que regulan el endeudamiento provincial.

La eliminación del Fondo Anticíclico que trasciende la grieta en Mendoza

Hace 10 años que explícitamente se suspende, mediante la ley de Presupuesto, la conformación del Fondo Anticíclico.

El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de la época de cuando Julio Cobos era gobernador de Mendoza, crea un "Fondo Anticíclico para la Provincia y para cada uno de los Municipios, cuyo destino será el de minimizar las diferencias entre recursos y gastos frente a cambios en el ciclo económico u otras circunstancias que tiendan a provocar desequilibrios en las finanzas provinciales y municipales".

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Julio Cobos, en su era como gobernador de Mendoza. En la imagen junto a Néstor Kirchner, quien por ese entonces era el presidente de la Nación.

Julio Cobos, en su era como gobernador de Mendoza. En la imagen junto a Néstor Kirchner, quien por ese entonces era el presidente de la Nación.

Ese fondo tenía que constituirse con un mínimo del 50% del excedente de recursos corrientes de rentas generales que se produciera respecto del cálculo previsto en el Presupuesto. Básicamente, con la llamada mayor recaudación. Para ser utilizado cuando se verifique una etapa recesiva.

Explican desde Hacienda que aquella norma se diseñó en "otra Argentina", cuando la inflación no era un problema y tampoco se toqueteaban los números para el ejercicio siguiente. Refieren a ello con el ejemplo palpable del presupuesto 2022 que se hizo teniendo en cuenta una inflación del 30% cuando estará sobre el 100%.

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El artículo 11 de la ley vigente habla de reservar una mínima equivalente a una nómina salarial. Es ahí donde el Gobierno actual quiere meter mano.

La intención es reflotarlo. Que con la modificación que se pretende hacer de la normativa, adecuándola a los nuevos tiempos con inflación, el Fondo Anticíclico vuelva a conformarse cuando crezca la recaudación en términos reales y los gastos no la superen. Cuando haya un superávit real.

Y que ese dinero creado en épocas de crecimiento se utilice en tiempos de crisis.

De haber tenido un Fondo Anticíclo conformado, la crisis de fines del 2015, cuando al gobernador Francisco Pérez se le dificultó el cumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma, se hubiese afrontado de otra manera.

Eso es lo que desde Hacienda buscan que no pase. Recuerdan que fue Alfredo Cornejo el que se encontró con falta de pago a proveedores, con los salarios de diciembre pendientes y un rojo en las cuentas y un Fondo Anticíclico inexistente, como ya venía pasando desde hacía tiempo.

En su momento desde el peronismo retrucaban que si el radicalismo hubiese aprobado el pedido de endeudamiento, aquella crisis tampoco hubiese sido tal.

Lo cierto es que hoy por hoy la decisión de reformar la norma para recuperar esta herramienta es firme. El cuándo crearlo y cuándo usarlo también pero lo que aún no se termina de definir es el cuánto: es decir, con cuántas masas salariales debería estar conformado, dado que, justamente por el actual contexto inflacionario y la sucesión de paritarias a lo largo del año, el cálculo es más complejo.

Que las "buenas prácticas" no sean solo letras

Pero no es solo el reflote del Fondo Anticíclico el que ocupa hoy al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia. Muy presente tienen también que en su momento, allá por el 2015, se echó mano a adelantos de coparticipación federal para el pago de salarios.

"Las decisiones de un Gobierno no pueden complicar al que viene", dicen desde Casa de Gobierno.

Y sí, es una premisa que pareciera obvia pero ni en la Provincia ni en la Nación se cumple. Tiran la piedra y esconden la mano.

Es entonces cuando aparece esta intención de mejorar la redacción de las llamadas reglas de fin de mandato. Aquellas que aplican a los últimos meses de los años de elecciones para gobernador (sea que haya o no reelección).

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El traspado de Francisco Pérez a Alfredo Cornejo en diciembre del 2015.

El traspado de Francisco Pérez a Alfredo Cornejo en diciembre del 2015.

Reza la norma actual en Mendoza, por ejemplo, que en los últimos dos últimos trimestres de esos años está prohibido aumentar las erogaciones corrientes permanentes, pero las excepciones son amplísimas: "Nombramientos de personal policial, penitenciario, médicos, enfermeros, personal de administración y técnicos del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Salud y docentes, o actividades de emergencia social o servicios especiales municipales, siempre de acuerdo con el Presupuesto de cada año".

También está prohibido aumentar el costo fiscal teórico de tipo permanente o donar activos del estado.

Es necesario para este Gobierno especificar las reglas, mejorarlas, hacerlas más concretas para impedir así que cualquier gobernador pueda hacer uso de recaudación anticipada, anticipo de regalías o adelantos de coparticipación federal.

Cambiar por completo el régimen informativo y de transparencia

La ley de Responsabilidad Fiscal incluye también un régimen informativo que hace a la transparencia y a la publicidad de los actos públicos.

Ese sistema de rendición de cuentas y publicidad se ideó allá por el 2004 y era bueno para ese entonces pero no para 20 años después, cuando no solo la tecnología ha avanzado sino también la amplitud del Estado.

La norma obliga a cada área de gobierno a realizar y rendir un informe trimestral de sus actuaciones, lo que hoy está a disposición del Tribunal de Cuentas mediante el sistema contable digitalizado.

Pero claro, la legislación sigue siendo la misma por lo que se sigue exigiendo el reporte obligando a destinar recursos para este trabajo cuando se podrían utilizar para otra tarea.

El objetivo es "ampliar la transparencia, simplificar las presentaciones y facilitar el acceso por parte del ciudadano a la información fiscal", dicen desde Hacienda.

Para ello también, teniendo en cuenta lo que decíamos respecto de la duplicidad de normas y el exceso normativo (con las leyes de Responsabilidad Fiscal y Administración Financiera), con este nuevo proyecto lo que se buscará es unificar criterios, eliminar redundancias entre ambas normas y así lograr una legislación más simple y coherente.

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Las reglas para el endeudamiento, una piedra en el zapato

Año tras año el pedido de endeudamiento genera dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, sea cual sea el color político de uno y otro.

En este mismo año, si bien se logró acordar en la Legislatura la necesidad de endeudamiento, se obvió la presentación de la reestructuración de la deuda actual. Y ante la inminente llegada de los vencimientos, el Gobierno se desespera buscando una herramienta legal que lo asista para poder hacerles frente.

La Ley de Administración Financiera Nº 8.706 regula la deuda pública provincial, las necesidades de autorización de los diferentes poderes del Estado y los casos particulares. Permite la refinanciación o conversión mediante operaciones de crédito público y crea la Dirección General de la Deuda Pública.

"Hay que revisar criterios e incluir casos no abarcados hasta el momento", dicen en Hacienda.

La convicción está pero también la decisión de no afrontar el cambio en esta instancia. Por ahora, el Gobierno se enfocará en terminar de ajustar el proyecto con el objeto de unificar la legislación, reflotar el Fondo Anticíclico y darle mayor especificidad a las reglas de fin de mandato.

No hay apuro, dicen. Y de hecho, antes de concluir el trabajo, habrá una consultoría con el Banco Internacional de Desarrollo (BID).