La senadora del PJ, Carina Segovia presentó un proyecto y le pidió en medio de la sesión de la Cámara Alta a la vicegobernadora Laura Montero que deje de pagarle el sueldo al Defensor de las Personas con Discapacidad, cuyo mandato se cumplió hace más de un año, pero sigue en funciones y percibiendo sus haberes. Montero respondió que no podría tomar esa decisión sin el mandato de la Asamblea Legislativa.
La polémica por la designación del defensor de los discapacitados no terminó. A la escandalosa sesión de la Asamblea Legislativa en la que se debía elegir al nuevo funcionario, que terminó en empate de 42 votos para el actual funcionario Juan Carlos González, identificado con el oficialismo, y para Germán Ejarque, de extracción peronista, le siguieron varios capítulos más. En abril, otro diputado de Protectora, Mario Vadillo le pidió formalmente a González que se apartase del cargo, "porque su mandato se venció hace un año y sus acciones son nulas, por tanto ejerce en forma ilegítima".
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Ahora la senadora Carina Segovia, presentó un proyecto y le pidió a la vicegobernadora Laura Montero que deje de pagarle sus haberes al defensor de los discapacitados Juan Carlos González y su adjunta y lo argumentó desde lo legal: "No hay norma que fundamente que siga percibiendo el sueldo del Estado", remarcó.
"El defensor de las personas con discapacidad es hoy un funcionario de facto, porque fue nombrado por una ley que dice que dura 5 años en sus funciones y ahí se termina su mandato. Eso ocurrió el 8 de mayo del año pasado, por tanto no debiera estar cobrando porque todos los actos que haga son inválidos, por la ley de procedimientos administrativos", explicó Segovia, quien es abogada.
Bajo ese argumento la senadora le pidió a la vicegobernadora Montero que deje de pagarle los haberes a González y su adjunta Andrea Mohammad, ya que ambos dependen de la Unidad Administrativa de la Legislatura. Como segunda opción Segovia plantea que González ejerza ad honorem, hasta tanto se defina quién ocupará ese cargo en el próximo mandato.
Ante el pedido, Montero respondió que esa instrucción debe recibirla de la Asamblea Legislativa, que es quien elige quién debe ocupar el cargo. "Si la Asamblea me da a mí esa instrucción, yo la cumplo. Esa Asamblea es quien tiene que decidir si deja acéfala una prestación que el Estado debe obligatoriamente dar por ley. Porque acá hay tratados internacionales ratificados por la constitución nacional, por los que se debe proteger a las personas con discapacidad", explicó la vicegobernadora.
Además la titular del Senado, agregó que de tomar ella por sí esa decisión, se correrían dos riesgos: "Quedar en incumplimiento de tratados internacionales por la defensa de personas con discapacidad, dejando acéfalo ese organismo, y segundo un posible juicio de enriquecimiento del Estado por no pagar sueldos de una prestación que actualmente se cumple", concluyó.