Educación

Las universidades públicas resolvieron reclamar en la Justicia por la ley de financiamiento

El plenario de rectores y rectoras que integra Esther Sánchez, de la UNCuyo, se reunió de urgencia luego de Milei suspendiera la aplicación de la ley de financiamiento universitario

Por UNO

Las universidades públicas de la Argentina anunciaron este miércoles que irán a la justicia para reclamar el efectivo cumplimiento la ley de financiamiento universitario.

El plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que integran los rectores y rectoras de todo el país, incluida Ester Sanchez, de la UNCuyo, se reunió de manera extraordinaria tras el anuncio del presidente de Javier Milei quien promulgó la ley aprroba en el Congreso pero suspendió su aplicación.

Milei pospuso la aplicación del financiamiento a las universidades y también a la emergencia pediátrica hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional.

esther sanchez
Esther Sanchez, de la UNCuyo, integra el plenario de rectores y rectoras.

Esther Sanchez, de la UNCuyo, integra el plenario de rectores y rectoras.

El comunicado de las universidades públicas

El CIN emitió una declaración en la que las autoridades de las casas de estudio anticiparon n que las universidades públicas exigirán judicialmente el cumplimiento de la ley aprobada por ambas cámaras.

Además resolvió elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y se contemplen los recursos previstos por la ley que financia a estas casas de estudio.

El comunicado del plenario de rectores y rectoras dice lo siguiente en su primer párrafo:

"Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley número 27.795).

"Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este consejo, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.

“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.

“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario.

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La última marcha universitaria luego de que Milei vetera la ley de financiamiento universitario.

La última marcha universitaria luego de que Milei vetera la ley de financiamiento universitario.

El presidente de la Nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto pero el 2 de octubre la oposición logró ratificarla.

"La ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).