La tragedia de la pareja aplastada por un árbol en San Carlos puso bajo la lupa a la nueva ley de arbolado

Un árbol y una tragedia

La familia había viajado desde Chacras de Coria hasta San Rafael para buscar a Bianca, quien ese sábado cumplía 15 años y había participado de una actividad deportiva. Durante el regreso, un árbol cayó sobre la parte delantera del vehículo en la Ruta 143 y mató a sus padres, Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, ambos de 46 años. Bianca y otra mujer que viajaban en el asiento trasero sobrevivieron, pero quedaron hospitalizadas, mientras Ema, la hija mayor del matrimonio, despidió a sus padres con una carta en la que recordó el amor con el que habían construido el futuro de sus hijas.

El caso se conecta con la entrada en vigencia, a fines de abril, de la Ley 9.702, la reforma que transfirió a los municipios el control total del arbolado en calles, rutas y espacios públicos de su dominio, sacando al Gobierno de Mendoza de la gestión directa. San Carlos es, en los hechos, el primer test fatal de esa normativa, y el resultado expone justamente lo que la ley no resuelve: qué pasa cuando el árbol de riesgo está en una ruta nacional. Quién lo debe sacar o tratar para que no se caiga.

Qué pasa con los árboles en rutas nacionales

El artículo 5° de la nueva ley dice:

"A los efectos de la presente ley, el Estado Provincial ejercerá jurisdicción sobre el arbolado que vegete en caminos, calles, rutas y lugares de dominio público o privado del Estado Provincial; Dirección Provincial de Vialidad; Departamento General de Irrigación y las Inspecciones de Cauce de sus respectivas jurisdicciones locales y del Estado Nacional. Asimismo, los municipios ejercerán jurisdicción exclusiva sobre el arbolado que vegete en caminos, calles, rutas y lugares de carácter público o privado de dominio municipal."

Es decir: la reforma delegó responsabilidad, pero no eliminó la zona gris en los tramos donde conviven distintas jurisdicciones, exactamente donde ocurrió el accidente.

A eso se suma un dato de contexto: el plan de mantenimiento de rutas nacionales quedó afectado durante la gestión de Javier Milei, y varios tramos derivaron, sin una definición clara, hacia la órbita de Mendoza.

San Carlos venía reclamando por esa ruta específica. Según indicó Morillas, la directora de Vialidad Nacional se comunicará con el municipio en los próximos días para definir acciones concretas. Tras la tragedia, la comuna activó un comité de crisis junto a Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía y Policía Rural.

"Tuvimos una reunión con el comité de crisis que ya venía funcionando. Estuvieron todos los estamentos que están en estas circunstancias", señaló el jefe comunal ante la consulta de este medio, luego del incidente que mató a una pareja.

Lo que cambió (y lo que todavía no)

La Ley 9.702 buscó modernizar y descentralizar la gestión del arbolado urbano frente al cambio climático y la crisis hídrica. Sus ejes centrales son:

• Autonomía municipal: cada comuna resuelve podas, talas y erradicaciones en su dominio sin pasar por la Provincia.
• Planes de gestión obligatorios: cada municipio debe presentar un plan integral cada cuatro años, con informes anuales.
• Criterios técnicos: selección de especies según el entorno y plantación escalonada para evitar pérdidas masivas de follaje.
• Plataforma "Mi Árbol": unifica monitoreo, control y denuncias en toda la provincia.

La norma todavía no está reglamentada. Eso significa que, en la práctica, buena parte de los municipios sigue operando con las mismas resoluciones y convenios previos a la reforma.

Quienes impulsaron el cambio destacan la reducción de burocracia y la posibilidad de que cada comuna diseñe su plan según la realidad de su oasis. Pero hay cuestionamientos que advierten sobre dos puntos sin resolver: no está claro qué presupuesto recibirán los municipios para asumir esta nueva responsabilidad, y existe el riesgo de que, sin un control provincial estricto, se produzcan talas injustificadas.

El problema es más grande que un municipio

San Carlos no es un caso aislado. El intendente detalló que el año pasado se relevó, junto con dos institutos terciarios del departamento, la totalidad del arbolado del ejido municipal: unos 7.000 ejemplares, de los cuales 30% presenta algún tipo de riesgo, ya sea de caída o porque está generando daños.

Se estima que 2.000 árboles del departamento deben ser reemplazados. "Hace dos meses convocamos a los aserraderos privados del departamento para que participen de esta tarea, porque desde el municipio solos es imposible", detalló el intendente. El plan de reforestación arranca el mes próximo: "La idea es reforestar, no solo eliminar los árboles que no están en condiciones", contó aún consternado por la tragedia que enluta al Valle de Uco.

El patrón se repite en el resto del Gran Mendoza:

• Maipú, uno de los primeros departamentos en declarar la emergencia en el arbolado, intervino 3.815 ejemplares desde entonces: 1.067 en jurisdicción de Vialidad Provincial o Irrigación, y 2.740 en jurisdicción municipal.
• Luján de Cuyo avanza con planes de poda y tala priorizando el riesgo. "No se trata de una tala indiscriminada, sino de ejemplares que han sido relevados por su estado y que representan un riesgo para las personas y los bienes", indicaron desde el municipio, que recordó antecedentes propios: un árbol que cayó sobre un vehículo con turistas y álamos que atravesaron techos en tormentas. "Nuestra responsabilidad es actuar antes de que ocurra un accidente", plantearon. Cada ejemplar retirado se repone a través del programa Plantando Futuro.
• Ciudad de Mendoza combina relevamientos con denuncias vecinales por la línea 147 y concentra hoy las erradicaciones en la Quinta y Sexta Sección. "La modificación de la ley no vino a cambiar nuestra operatoria. Nosotros ya interveníamos cuando existía riesgo", destacó el director de arbolado, Marcos Thome. Y puso el foco en un elemento clave: la necesidad de coordinar con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional e Irrigación "porque compartimos sectores donde las responsabilidades son concurrentes".
• Las Heras continúa erradicando árboles secos y despejando luminarias bajo la Resolución 092/08, a la espera de que se reglamente la Ley 9.702. "Nos habilita a intervenir directamente sobre forestales secos o que representan un riesgo para la población", indicaron desde el municipio.

La pregunta que queda abierta

Los cinco casos muestran el mismo fondo: años de sequía y estrés hídrico debilitaron buena parte del arbolado mendocino, y ahora son los municipios quienes deben sostener, con recursos propios, relevamientos técnicos y planes de reforestación para evitar nuevas tragedias.

Pero las muertes en San Carlos dejan una pregunta que la ley, tal como está escrita hoy, no responde del todo: en los tramos donde rutas nacionales o provinciales atraviesan zonas pobladas, ¿quién es responsable de actuar antes de que un árbol caiga? Hay diagnósticos, inventarios y hasta plataformas digitales como "Mi Árbol" para detectar el riesgo a tiempo. Lo que todavía falta es que esa información se coordine entre Nación, provincia y municipios antes de que ocurra una nueva desgracia.