Revés para los taxistas

La Suprema Corte de Justicia confirmó que Uber y Cabify son legales en Mendoza

La Suprema Corte de Justicia rechazó un planteo de los dueños de taxis contra la operatividad de Uber y Cabify, facilitada por el cambio de la ley de movilidad. Reconoció las facultades de la Legislatura y el crecimiento de las nuevas tecnologías como una forma de ampliar la oferta de transporte privado

La ley 9086 sancionada y reglamentada 2018 pasó a considerar el servicio de taxis y remises como interés general dejando de lado lo de servicio público, lo que activó la demanda de Aprotam (Propietarios de Taxis).

La decisión de los supremos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, de rechazar el planteo y validar la modificación legislativa había contado con idéntica opinión de la Fiscalía de Estado y la Procuración General de la Corte.

Mario Adaro
Mario Adaro, juez de la Suprema Corte de Justicia.

Mario Adaro, juez de la Suprema Corte de Justicia.

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El origen del pleito

Aprotam argumentó que la entrada en escena de las plataformas electrónicas en el negocio del transporte privado de pasajeros "ampara la desigualdad jurídica, la competencia desleal y los enfrentamientos sociales; vulnera normas de raigambre constitucional; desconoce derechos adquiridos y desprecia el orden de prelación de las leyes o legalizan ilícitos", entre otros.

"Se da cabida a empresas multinacionales en desmedro y perjuicio de los permisionarios de taxis y remises, quienes deben cumplir con todos los requisitos de otorgamiento y mantenimiento de los permisos de explotación, manteniendo choferes en relación de dependencia, entre otras obligaciones; y que ello genera una situación de desigualdad en beneficio de aquellas empresas que se llevan del país miles de millones de dólares" "Se da cabida a empresas multinacionales en desmedro y perjuicio de los permisionarios de taxis y remises, quienes deben cumplir con todos los requisitos de otorgamiento y mantenimiento de los permisos de explotación, manteniendo choferes en relación de dependencia, entre otras obligaciones; y que ello genera una situación de desigualdad en beneficio de aquellas empresas que se llevan del país miles de millones de dólares"

La libre contratación entre usuarios y plataformas digitales, según Aprotam, les causa perjuicio ya que las tarifas de taxis y remises son fijadas por el Gobierno provincial.

Qué dijo la Suprema Corte de Justicia

El máximo tribunal de justicia de Mendoza admitió que la regulación del transporte privado de personas "es un asunto extenso y complejo" que puede generar "desacuerdos y tensiones legítimas" y en primer lugar valoró que la modificación, a través de la ley 9086, se hizo en la Legislatura provincial y que el legislador está facultado para hacerlo.

"El intento de resolver esos desacuerdos y tensiones ha sido la Ley 9086, que ha traído como novedad la regulación del servicio de transporte privado mediante plataformas electrónicas, una especie de sandbox legal; pero ha permitido también, por un lado, la continuidad del servicio de taxis y remis con algunas razonables modificaciones, y por el otro, ha previsto la posibilidad de que éstos utilicen también tales plataformas –lo que ya ha sido puesto a prueba, según se expuso–". "El intento de resolver esos desacuerdos y tensiones ha sido la Ley 9086, que ha traído como novedad la regulación del servicio de transporte privado mediante plataformas electrónicas, una especie de sandbox legal; pero ha permitido también, por un lado, la continuidad del servicio de taxis y remis con algunas razonables modificaciones, y por el otro, ha previsto la posibilidad de que éstos utilicen también tales plataformas –lo que ya ha sido puesto a prueba, según se expuso–".

La Corte rechazó la demanda de Aprotam porque advirtió que la entrada en escena de las plataformas digitales "no es irrazonable, arbitraria ni altera la esencia de los derechos que (Aprotam) señala afectados en su demanda".

Y más aun: Mario Adaro, considerado el juez especialista en cuestiones tecnológicas, en su voto de preopinión tomó en cuenta la incidencia de las nuevas tecnologías en distintos órdenes de la vida y donde el transporte de pasajeros no es excepcional.

"En un escenario como el descripto, de dimensiones ahora (también) digitales, la regulación estatal puede ser razonable, incluso puede ser exitosa, si no pretende abarcar todo el espectro posible, sino antes bien, generar condiciones lícitas que incentiven la competencia leal entre empresas a las que exija determinadas responsabilidades y cargas, y que permitan un acceso fácil y seguro a las plataformas; condiciones que, fundamentalmente, garanticen ante todo la seguridad de consumidores y usuarios en el servicio que contratan" "En un escenario como el descripto, de dimensiones ahora (también) digitales, la regulación estatal puede ser razonable, incluso puede ser exitosa, si no pretende abarcar todo el espectro posible, sino antes bien, generar condiciones lícitas que incentiven la competencia leal entre empresas a las que exija determinadas responsabilidades y cargas, y que permitan un acceso fácil y seguro a las plataformas; condiciones que, fundamentalmente, garanticen ante todo la seguridad de consumidores y usuarios en el servicio que contratan"

La experiencia "puede variar y mejorar según la experiencia de usuarios y consumidores", consideró.

Qué dijo la Fiscalía de Estado

El órgano de control que conduce Fernando Simón destacó las facultades del poder Legislativo para modificar la ley y "calificar el servicio de taxis y de transporte de personas en forma particular. La normativa puesta en crisis no afecta principio constitucional ninguno"

Qué dijo la Procuración General

El Fiscal Adjunto Civil consideró que "la calificación de la actividad de los propietarios de taxis nucleados en Aprotam como transporte de interés general” (antes, servicio público), y la incorporación de la figura de las “mandatarias”, son facultades propias del legislador, y por tanto, no justiciables, salvo arbitrariedad, abuso de poder o irrazonabilidad en su aplicación".

También consideró que no hubo arbitrariedad ni irrazonabilidad por lo cual la regulación legislativa "es legítima y constitucional".

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