La Pampa avisó que llevará su reclamo por el Atuel a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El gobierno de La Pampa no cede en su ofensiva contra Mendoza por el uso del agua del río Atuel. Ahora anunció que presentará su reclamo ante un organismo internacional: la CIDH
Una nueva ofensiva lanzó La Pampa contra Mendoza por las aguas del río Atuel.
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Casi como una obsesión, La Pampa no ceja en su afán por lograr que se le reconozca un caudal mínimo de las aguas del río Atuel a pesar de que es muy poco, casi nada, lo que contiene el cauce. Ahora, la provincia gobernada por el peronista Sergio Ziliotto anunció que llevará el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.
De esta nueva acción pampeana informaron ampliamente los medios de comunicación de esa provincia durante el fin de semana.
Antes de esto, la provincia vecina inició gestiones para que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viajen a La Pampa para observar in situ lo que sucede allí con el Atuel.
La Pampa ahora va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El gobierno pampeano resolvió llevar su reclamo por el cauce del río Atuel a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión la tomó ante lo que consideró "los incumplimientos de Mendoza al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó un caudal mínimo, y a la actitud indiferente del máximo órgano judicial ante este accionar".
Para La Pampa, Mendoza ha incumplido el fallo del máximo órgano judicial argentino en lo que al caudal hídrico ambiental requerido se refiere.
El gobernador Ziliotto le pidió a la Fiscalía de Estado de su provincia, que junto a los integrantes del Comité Interjuridiccional de Cuencas y los pobladores del territorio afectado, elaboren la interposición de un reclamo ante la CIDH "por el uso total y exclusivo del agua del río Atuel que realiza la provincia de Mendoza".
La Pampa basa su reclamo en el antecedente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a Mendoza la implementación de “un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, a fin de comenzar con el cese del daño ambiental y monitorear si cumple con los requerimientos para la recomposición del noroeste pampeano”.
Para la provincia pampeana "con esta nueva vía se materializarán los derechos consagrados en la Constitución Nacional, reconocidos y plasmados jurisprudencialmente, como también aquellos protegidos a través de tratados internacionales, apelando a una visión trascendental que pueda poner fin a aplazamientos innecesarios".
"La transversalidad del derecho humano al agua y a partir de allí su significancia en materia ambiental, amerita una resolución integral que contemple y satisfaga a la totalidad de los actores involucrados, habida cuenta de que la temática que se pone en análisis excede un mero conflicto entre estados provinciales condóminos", dijeron.
"La postura de las autoridades mendocinas imposibilita el diálogo y la concertación, y a esto se suma que a más de tres años de la resolución de la Corte, y habiendo agotado las instancias de consenso ordenadas, la CSJN ha omitido un nuevo pronunciamiento que dirima de manera definitiva el conflicto suscitado entre las partes”, señalaron autoridades de La Pampa.
