La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, salió a criticar con dureza que Roberto Pereyra, el delincuente que asesinó al ex policía Hector Pelayes haya estado en libertad, cuando había sido encarcelado previamente por otro robo que terminó en un homicidio en el 2016.
Investigación
La ministra de Seguridad le cuestionó a la Justicia que estuviera libre el asesino del ex policía
Mercedes Rus se quejó de que el asesino del ex policía estuviera en libertad, pese a que en el 2016 fue encarcelado por otro robo que también terminó en un crimen
Mercedes Rus se quejó de que el delincuente que asesinó al ex policía de Rodeo de la Cruz estuviera en libertad cuando ya había sido encarcelado por participar de otro robo que también terminó en un crimen.
Usó su perfil de X para marcar que "la Justicia y la Seguridad van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia", publicó en tono de reclamo con un largo hilo.
Rus se refería a que Pereyra fue condenado en el 2016 a 11 años y medio por otro homicidio en ocasión de robo, pero salió en libertad en abril del 2023.
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Luego de 6 años y 10 meses preso por un asesinato ocurrido en el 2016, Pereyra solicitó obtener la libertad condicional. Ya tenía salidas transitorias desde agosto del 2022, de 10 horas cada 28 días, además no tenía sanciones dentro del penal y su conducta y concepto como interno parecía ejemplar.
Las razones por las que el asesino tenía libertad condicional
Tras el pedido de Pereyra, en una audiencia realizada en abril del 2023, el juez Sebastián Sarmiento autorizó el pedido de libertad condicional con la condición de cumplir una serie de reglas de conducta, ya que en caso de no hacerlo podría regresar a la cárcel para terminar de cumplir de manera efectiva la pena por el asesinato.
Según detalló Soledad Segade cuando precisó la situación legal de Pereyra en Diario UNO, el convicto no podía cambiar de domicilio sin antes avisar a las autoridades judiciales, no debía cometer nuevos delitos, debía presentarse cada dos meses a la Dirección de Promoción del Liberado para realizar los controles necesarios, no podía consumir drogas ni hacer abuso alcohol, debía acreditar un trabajo lícito, tenía una prohibición de acercamiento a las víctimas del delito por el que fue condenado, tenía que terminar la secundaria y realizar un curso de formación laboral y no podía salir del país sin previa autorización de la Justicia.
Pereyra ya había cumplido más de la mitad de la pena, y debido a que no hubo apelación por parte de fiscalía, el 2 de mayo del 2023 quedó firme la libertad condicional para el condenado por asesinato, quien terminaba de cumplir su pena en el 2027.
Sin embargo, la ministra salió a marcar en sus posteos que: "A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional".
Y acotó que fue la Dirección de Derechos Humanos de la Corte quien solicitó su liberación, "haciendo caso omiso a nuestras leyes".
Lo que ocurrió para que Pereyra lograra la libertad condicional fue que juez Sebastián Sarmiento consideró en el expediente 2605/21, "la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 14 segunda parte del Código Penal en razón de los fundamentos vertidos oralmente".
Quién controla a los presos en libertad condicional
Uno de los mayores interrogantes que despertó el hecho de que el asesino del policía cometiera ese asalto fatal, estando en libertad condicional, fue saber quién controla a los convictos que tienen estos regímenes.
Desde el ministerio de Seguridad marcaron que fue promulgada la ley que se sancionó a fines de julio y que creó la Dirección de Promoción y Control de Liberados.
Según el senador David Saéz, creador del proyecto, a mediados de año habían 4.500 personas que estaban bajo algún tipo de supervisión, de las cuales más de 3.500 pertenecen al ámbito provincial y alrededor de 1.000 al federal. La idea de esa norma era generar contención y reinserción social de las personas liberadas o bajo régimen de libertad condicional, con un enfoque en reducir la reincidencia delictiva.
"Teniendo en cuenta los niveles de reincidencia se aprobó la Ley 9565 que crea la figura del Oficial de Libertad Vigilada, para un control más presencial, territorial y seguro de las personas externadas de la cárcel", apuntó Rus en su largo hilo de X.
Desde ese ministerio aseguraron que se estaban generando los cargos para dotar de un mayor personal a aquella dirección encargada de controlar a los presos con algún beneficio de libertad. Actualmente se usa para eso sistemas de pulseras electrónicas y de georreferenciación.
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