La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, está decidida a dar todas las batallas para extinguir los celulares de las cárceles mendocinas. No sólo instó a apelar el fallo del juez Sebastián Sarmiento que había puesto freno al secuestro de celulares en los penales, sino que también denunció a un abogado que hizo correr un audio instando a los presos a no entregar sus teléfonos.
La ministra de Seguridad de Mendoza, María Mercedes Rus.
Lo hizo ante el Colegio de Abogados, y apuntó contra Santiago Nieto, identificado como abogado de la Asociación Verdad y Justicia.
Según la denuncia de la funcionaria, el Sistema Penitenciario tomó conocimiento de que entre los presos circulaba un audio de WhatsApp en el que el letrado afirmaba que "no hay facultad legítima de los funcionarios que autorice a retirar los celulares" y les aconseja mantenerse firmes en la postura de no entregar sus teléfonos.
En su denuncia, Rus define ese concejo como "irresponsable y temerario", ya que advierte que puede generar situaciones de escalada de violencia institucional.
La ministra advierte la gravedad de la instigación del abogado, en el marco en que el Gobierno siguió secuestrando celulares en las cárceles atentos a la habilitación legal que les da la norma 8.465 de plena vigencia en la provincia.
Sarmiento se apartó de la causa del secuestro de celulares en las cárceles
En las últimas horas se conoció que el juez Sebastián Sarmiento decidió apartarse de la causa. Lo hizo por medio de una nota en la que señaló que tomó ese camino "en atención a las circunstancias de público conocimiento que, por su repercusión y tenor, podrían razonablemente afectar la percepción de imparcialidad".
Así, su resolución de que no les retiraran los teléfonos a los presos, quedó sin efecto.
Sarmiento se inhibió y casi de inmediato, el juez de turno que lo reemplazó -Juan Manuel Pina- resolvió suspender la medida que frenó la quita de los celulares a las personas privadas de la libertad en dos de los establecimientos penales de Mendoza.
En medio de todo había cobrado fuerza en las últimas horas la versión de que el Gobierno estaba evaluando la posibilidad de iniciarle un jury de enjuiciamiento a Sarmiento para destituirlo por entender que se "extralimitó en sus funciones".
La semana pasada, un día después de la resolución de Sarmiento, el director del Servicio Penitenciario -Eduardo Orellana- presentó una apelación contra esa disposición.