El remate de una casa de 1.666 metros cuadrados que perteneció a Luis Lobos y a la ex esposa, Claudia Sgró -quienes cumplen condena en la cárcel por corrupción- avanza parcialmente mientras el abandono y la falta de mantenimiento ya comenzaron quitarle valor de mercado.
La mansión de Luis Lobos se viene abajo pero la Suprema Corte y la ex esposa demoran el remate
Esto perjudica gravemente a la Dirección General de Escuelas (DGE) porque lo recaudado en la futura subasta pública deberá destinarse a la reparación de espacios educativos, como establece la ley de extinción de dominio que aplicó la Justicia Civil de Mendoza para desapoderarlos de esa propiedad situada en Guaymallén.
El remate que se demora
Hay un asunto que impide rematar ese inmueble, ubicado en un barrio privado con salida a calle Tirasso 4357, en el distrito El Sauce. Y tiene que ver con una decisión pendiente la Suprema Corte de Justicia, en fase de apelación: confirmar o dejar sin efecto dos sentencias del fuero Civil que, en primera y segunda instancia, desapoderaron a Lobos y Sgró.
Esa vivienda fue habitada por Lobos y Sgró hasta que se separaron tras la condena por fraude. Ella se mudó y el ex intendente vivió allí hasta que fue detenido y quedó preso en abril de 2022, cuando el fallo de agosto de 2019 quedó firme en la Suprema Corte de Justicia.
Desde hace un año y tres meses la mansión de Lobos -con evidentes daños materiales- es ocupada por gente que ingresa al barrio con autorización. Algunos vecinos se han quejado públicamente y alegaron que se trata de usurpadores.
Oportunamente, la DGE gestionó ante la Justicia determinadas acciones para que la propiedad no fuera afectada ni destruida para conservarla de cara al futuro remate público.
Cuatro juezas y un fallo ejemplar los desapoderaron de esos inmuebles
Los fallos de cuatro juezas fechados entre febrero de 2021 y julio de 2021 determinaron que no sólo esa casa -denominada "la mansión Lobos"- fuera subastada, sino también un departamento situado en calle Cangallo 3800, y que todo lo recaudado sea destinado a la DGE.
Al día de hoy, no sólo la Corte tiene que ver con esta demora sino también Claudia Sgró, quien mantiene la apelación. El 50% de esas propiedades le pertenece.
Con la otra mitad la situación es distinta: la Justicia avanza en el proceso de remate porque Lobos renunció a apelar cuando admitió ser culpable del delito de enriquecimiento ilícito en juicio abreviado en diciembre de 2022.
Sin embargo, sacar a subasta pública la mitad de esos bienes inmuebles es imposible porque deben ofrecerse en un 100%.
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La mansión Lobos y el departamento de la calle Cangallo
La denominada "mansión Lobos" está registrada en Catastro de la Municipalidad de Guaymallén con la matrícula 181.518/4 y fue adquirida, según los registros, en noviembre de 2008 cuando Lobos y Sgró ya eran familia.
El departamento de la calle Cangallo tiene la matrícula 362.679/4, está identificado como la Unidad 2 y situado en la Planta Baja. La superficie cubierta propia es de 69,13 m2 y, según los registros, fue adquirida por la mujer en octubre de 2011.
En 2021, cuando ambos estaban imputados y en condiciones jurídicas de ser juzgados por el delito de enriquecimiento ilícito, la jueza civil Paz Gallardo los desapoderó de esos bienes en el primer fallo mendocino de extinción de dominio.
Se arribó a esta conclusión tomando como referencia que Lobos y Sgró jamás hubieran podido comprar esos bienes inmuebles -y otros alcanzados por la sentencia- con sus sueldos de funcionarios públicos en la comuna de Guaymallén.
El 5 de julio de ese año, las camaristas civiles Gladys Marsala, Silvina Furlotti y María Teresa Carabajal ratificaron esa decisión.
Lobos y Sgró apelaron en la Suprema Corte de Justicia hasta que en diciembre de 2022 el ex intendente peronista admitió ser culpable de ese delito y renunció a su apelación, tras lo cual fue condenado en juicio abreviado a una pena unificada a 8 años de cárcel que hoy cumple.
Esa renuncia permite que la Justicia sólo disponga del 50% de esos inmuebles.
Sgró, sin embargo, mantiene su apelación que al no ser resuelta por el máximo tribunal dificulta saber qué destino tendrá finalmente esa mitad de los bienes.
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