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El ex intendente santarosino, fue condenado por emitir 486 cheques sin el respaldo administrativo necesario.
Entre sus varias causas se lo acusaba de emitir centenares de cheques sin fondos. A eso se adosó también una causa por violencia de género contra su ex pareja.
Ahora, si bien recibió una condena de 3 años de prisión efectiva, como esa condena se unifica con la que ya estaba cumpliendo, el ex intendente deberá pagar en total 6 años tras las rejas, de los cuales ya cumplió casi dos. Por tanto deberá cumplir al menos dos años más para poder solicitar la libertad condicional.
Es que el dirigente del peronismo pasó 6 meses en prisión preventiva en San Felipe, luego consiguió la prisión domiciliaria hasta el juicio del 2018 en que se lo encontró culpable del delito de corrupción y pese a que apeló la condena, más tarde la Suprema Corte de Justicia ratificó esa condena.
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La causa por la Saladita
En 2018, el ex intendente kirchnerista fue condenado a 5 años de prisión por diversas causas, entre ellas una ligada al manejo irregular del estacionamiento del lugar en el que se asentó La Saladita. Según aquella acusación, Salgado le había dado "facilidades" a Jorge Castillo, el titular de "La Salada", para instalarse en Santa Rosa.
Señalada. La Saladita en Santa Rosa es uno de los puntos de venta acusados por la FEM.
Una de las causas por las que Sergio Salgado debió responder en el juicio del 2018 fue por la irregular administración del estacionamiento de La Saladita.
Las "facilidades" consistían en no cobrarle el canon municipal, aunque el departamento se quedó con la administración de la playa de estacionamiento interna y exigía una contribución entre 2013 y 2016.
Lo recaudado era manejado por Marcial Gustavo Ibarra, condenado a tres años de prisión de "ejecución condicional, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública", quien luego le destinaba el dinero al ex intendente para su reparto.
En tanto que la sentencia de malversación de fondos le llegó por una construcción de una planta industrial que nunca realizó y por la que recibió $1,5 millones. Además fue condenado por desobediencia por no contestar a un pedido de la Fiscalía de Estado quien le solicitó información sobre una licitación.
Por último fue acusado y sentenciado por administración infiel por los cheques que emitió el municipio para la compra de un combustible en un lubricentro que no era proveedor de esta comuna.
En septiembre de 2022 también fue sentenciado por el delito de amenazas contra personal del Banco Nación.
El revés de la Corte: las causas por corrupción no prescriben
Un fallo de la Sala II del máximo tribunal firmado por María Teresa Day y las conjuezas Silvina Miquel y Gladys Marsala rechazó en mayo de este año un planteo de Salgado que apuntó a que se declare nula la sentencia condenatoria a 5 años de prisión que la Justicia de Mendoza le impuso en junio de 2018.
El ex jefe comunal argumentó la prescripción de la acción penal en el delito de fraude en grado de tentativa con fondos de la Municipalidad de Santa Rosa, uno de los cuales determinó la condena hace 5 años.
La Corte, integrada en este caso por Day, Marsala y Miquel, tomó esta decisión bajo un argumento que ya había dejado claro hace un año: los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública no prescriben con el paso del tiempo.
Esta vez, la defensa técnica del santarrosino había argumentado en Casación que su cliente fue condenado debido a "la violación de principios del debido proceso, de legalidad y, por ende, de seguridad jurídica, y que el tribunal cuestionado -el Tribunal Penal Colegiado de San Martín- ha actuado con tintes legislativos más que jurisdiccionales".
La Corte le contestó que "los delitos graves delitos dolosos cometidos contra el Estado que conllevan enriquecimiento –corrupción pública–, son de carácter imprescriptible".