La Legislatura convirtió en ley un proyecto impulsado por el Gobierno para agilizar la recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuando los beneficiarios incumplen las condiciones establecidas en los contratos. La votación fue aprobada con 26 votos a favor y 10 negativos, del peronismo.
La Legislatura aprobó una ley para que el IPV desaloje más rápido viviendas sociales
La nueva ley permite al IPV avanzar con juicios de desalojo una vez concluido el proceso administrativo de desadjudicación
El IPV tendrá mayores facilidades para desadjudicar casas a incumplidores.
La iniciativa obtuvo sanción definitiva en el Senado y ahora quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo. El objetivo es reducir los tiempos que demanda la restitución de casas que ya fueron desadjudicados y permitir que puedan ser reasignados a otras familias que esperan una solución habitacional.
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Desde el IPV habían advertido durante el tratamiento legislativo que, aunque el organismo cuenta con herramientas administrativas para retirar una adjudicación, los procedimientos posteriores para recuperar la vivienda suelen extenderse durante largos períodos.
Según explicaron los funcionarios del organismo, las principales causas que derivan en una desadjudicación son la falta de pago de las cuotas y la ocupación irregular de las casas. No obstante, aclararon que existen situaciones excepcionales en las que el alquiler de una vivienda puede ser autorizado por el IPV, como cambios laborales, problemas de salud, cuestiones de seguridad o modificaciones en la composición familiar.
Casos de mora en el pago de casas del IPV
El procedimiento puede iniciarse cuando el adjudicatario acumula 3 cuotas impagas, ya sean consecutivas o alternadas. Sin embargo, desde el instituto remarcaron que antes de llegar a una desadjudicación se aplican distintas herramientas para intentar regularizar la situación.
Entre esas alternativas figuran planes de pago, adecuaciones de las cuotas según los ingresos del grupo familiar, períodos de gracia, pagos parciales y programas especiales para personas sin ingresos registrados. A ello se suman notificaciones, llamados telefónicos y visitas sociales.
De acuerdo con los datos aportados por el organismo, todo el proceso administrativo previo a una desadjudicación puede demandar entre 12 y 15 meses.
La nueva ley modifica la Ley 4.203, la Ley 9.001 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Entre los cambios más relevantes, habilita al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación haya quedado firme y establece la intervención de la Justicia de Paz Letrada para este tipo de trámites.
La fundamentación del proyecto sostiene que las viviendas construidas o financiadas con recursos públicos deben cumplir una función social y estar destinadas a familias que no pueden acceder al mercado inmobiliario formal.
Además, remarca que el sistema habitacional se basa en obligaciones compartidas: mientras el Estado facilita el acceso a la vivienda, los adjudicatarios deben habitar los inmuebles y cumplir con el pago de las cuotas. El incumplimiento de esas condiciones, señala la norma, afecta la sustentabilidad del sistema y retrasa el acceso a una vivienda para otras familias que permanecen en lista de espera.
Con estos cambios, el Gobierno busca acelerar la recuperación de las casas que no cumplen con el fin para el que fueron construidas y facilitar su reasignación a nuevos beneficiarios.
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