Denuncias por los $18 millones

La Justicia de Mendoza archivó las causas contra el pastor Bonarrico y el ministro Ibañez

Las Fiscalías de Delitos Económicos que investigaron las denuncias penales por el Convenio de Colaboración por el que el Gobierno de Mendoza se comprometía a pagarle $18 millones a la fundación del pastor consideraron que no hubo delito

En ambos expedientes la conclusión fue que el hecho no se encuentra configurado en norma penal alguna, por lo que no hubo imputaciones en las causas.

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Mediante ese convenio que se firmó en febrero del 2022, el Gobierno se comprometía a abonarle a la Fundación Acción Social de Héctor Bonarrico $9 millones por año (dos años en principio) para la realización de diferentes acciones sociales. El mismo quedó sin efecto cuando, tras unas declaraciones radiales del pastor en las que refería que ese convenio fue parte de un acuerdo político entre MasFe y la UCR para las elecciones 2021, el gobernador Rodolfo Suarez le dio de baja por decreto.

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Héctor Bonarrico declaró en la causa que la senadora Anabel Fernández Sagasti

Héctor Bonarrico declaró en la causa que la senadora Anabel Fernández Sagasti "tergiversó los dichos" radiales respecto del supuesto acuerdo político entre MasFe y el oficialismo para bajarse de las candidaturas en las elecciones de medio término del 2021.

Se archivó la denuncia del PJ por el caso Bonarrico

Los doctores Hernán Ríos, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 15, y Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, ambas de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dispusieron el archivo de las actuaciones por no constituir delito alguno los hechos denunciados, al menos por el momento y según las pruebas que recabaron durante casi cinco meses de investigación.

"El hecho denunciado no se encuentra así configurado en norma penal alguna, en razón de no concurrir los elementos objetivos de injusto penal alguno, corresponde por lo tanto disponer el ARCHIVO de la misma", reza el fallo que firmaron de manera conjunta y por el que se investigaron seis delitos.

En este expediente se analizaron las denuncias presentadas tanto por Anabel Fernández Sagasti, en representación del Partido Justicialista, como de Marcelo Martín Romano, Mario Vadillo, Emanuel Fugazzotto, Ricardo García y Dugar Chappel en contra de Víctor Ibañez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza; y Héctor Bonarrico y Eduardo Erario, presidente y tesorero de la Fundación Acción Social.

Los fiscales consideraron que el procedimiento administrativo, es decir el Convenio de Colaboración suscripto el 22 de febrero de 2022, transitó cada uno de los estadios exigidos por las normas y que el objeto del mismo es parte de las competencias del Ministerio de Gobierno.

Ese convenio finalmente fue dejado sin efecto por un decreto que el gobernador Rodolfo Suarez suscribió después de que el propio Bonarrico dijera en los medios que el dinero para la fundación "fue parte del acuerdo que MasFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas".

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Foto del momento en el que MasFe, el partido de Héctor Bonarrico, se incorpora a Cambia Mendoza.

Foto del momento en el que MasFe, el partido de Héctor Bonarrico, se incorpora a Cambia Mendoza.

En tanto que, respecto de cada uno de los tipos delictivos denunciados se halló la inexistencia de la tipicidad exigida por el Código Penal para la configuración de los mismos.

Delito de Asociación Ilícita: "En el presente caso no se cumple con ninguno de los presupuestos objetivos del delito previsto en el art. 210 del CP, ya que se denuncia un único hecho aislado, esto es un supuesto acuerdo espurio, que se concreta en el Contrato de Colaboración y su posterior aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual las conductas denunciadas resultan atípicas en relación a este delito".

Delito de Enriquecimiento Ilícito: dado que no se efectivizó la entrega de dinero alguno, no resulta viable un incremento patrimonial no justificado por parte de los funcionarios en razón del convenio. Y en el caso de Bonarrico y Erario, el delito se descarta además porque no revisten la calidad de funcionarios públicos.

Delito de Malversación de caudales públicos: el argumento esgrimido por los fiscales destaca, por un lado, que "sólo puede ser autor quien es funcionario público" -descartando así a Bonarrico del hecho. Y por otro que "la partida presupuestaria que se comprometió para financiar el Convenio de Colaboración aludido no tenía un destino específico establecido por ley, reglamento u orden administrativa, sino que por el contrario era una partida de refuerzo del presupuesto y por ende de libre disposición para la administración".

Delitos de Cohecho y Tráfico de Influencias: "No surge sospecha alguna de que los denunciados hubieren recibido ya sea dinero o alguna otra dádiva, entendiendo ésta como algún objeto material, a los fines de realizar el Convenio de Colaboración", establece el fallo.

Delitos de Exacciones Ilegales y Concusión: "Puede descartarse conforme lo analizado precedentemente la adecuación típica del hecho denunciado a estos delitos, en razón de que no ha existido exigencia ilegítima alguna por parte de los funcionarios públicos denunciados", marcan a su vez los fiscales.

Delito de Negociaciones Incompatibles: en este caso, las Fiscalías descartan que se haya otorgado un "subsidio" sino que el acto que se celebró fue un "contrato de colaboración con obligaciones recíprocas, un objetivo determinado".

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El PJ unido presentó la denuncia para que se investigue la comisión de un delito con la suscripción de aquel convenio de los $18 millones.

El PJ unido presentó la denuncia para que se investigue la comisión de un delito con la suscripción de aquel convenio de los $18 millones.

En tanto que respecto de las declaraciones radiales de Bonarrico, dicen: "Con independencia de los dichos vertidos por el representante de MASFE, y encontrándonos en la esfera de actos discrecionales, no se puede establecer hasta el momento que las motivaciones del acuerdo no hayan sido el cumplimiento de los objetivos plasmados en el cuerpo del mismo".

"Los denunciantes aluden que la declaración radial de Bonarrico resulta determinante a los fines de incriminarlo en el delito denunciado, en la cual el mismo habría reconocido en un primer momento que la razón del Convenio fue parte de un acuerdo político. Lo cierto es que luego Bonarrico, en oportunidad de prestar declaración informativa, expresó que la senadora Fernández Sagasti tergiversó sus dichos, expresando Bonarrico que ello (el acuerdo político) es absolutamente falso".

En esas declaraciones radiales los denunciantes referían que el exsenador reconoció que la entrega de dinero "que iba a efectuar la Provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones (en las que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el senado)".

Bonarrico señaló puntualmente en aquella entrevista que el dinero para la fundación "fue parte del acuerdo que MasFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas".