La Justicia investiga la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en los procesos de selección y designación de jueces y fiscales mendocinos tomando como referencia tres denuncias penales que apuntan al cornejismo, al que acusan de favorecer, desde el Consejo de la Magistratura, a distintos aspirantes a cambio de cargos públicos y dádivas.
La Justicia investiga si hubo tráfico de influencias en la selección de nuevos jueces y fiscales
El coletazo de la primera presentación judicial llegó al despacho del mismísimo gobernador Rodolfo Suarez cuando uno de los denunciantes, Leonardo Pasccon -representante de la Federación de Colegios de Abogados en el Consejo de la Magistratura-, le reveló, mediante una carta y audios de Whatsapp, una trama que implica al Director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, y a la presidenta del directorio del Colegio de Abogados, Andrea Maturana.
Esta causa está en el despacho del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.
A continuación, el demarchismo y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti acudieron a la Justicia con denuncias en la misma sintonía, aunque con claros matices diferenciales. Interviene en ambos casos la fiscal Gabriela García Cobos, que recibió las dos presentaciones.
Por estas horas, la fiscal penal adjunta, Paula Quiroga, quien ejerce la superioridad en esa materia, decide si García Cobos queda al frente de las tres denuncias ya que tienen como protagonistas a las mismas personas.
Las denuncias del demarchismo y el kirchnerismo en el caso del Consejo de la Magistratura
- La Unión Mendocina culpó sólo al cornejismo y transformó este grave episodio en uno de los ejes de campaña de cara a las elecciones de gobernador del domingo 24 de septiembre, incorporando audios a los spots proselitistas publicados en las redes sociales.
- La legisladora kirchnerista arremetió contra el demarchismo y el cornejismo por la sociedad política que mantuvieron durante años en el Frente Cambia Mendoza.
El tema fue uno de los principales caballitos de batalla de la oposición durante el primer debate televisivo de candidatos fijado por ley. Alfredo Cornejo, consultado en rueda de prensa al cierre de esa contienda en el Espacio Le Parc, contestó, secamente: "Nada de eso es cierto".
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La bomba del Consejo de la Magistratura que estalló antes de la feria
La bomba que hoy tiene en la mira al cornejismo, al Consejo de la Magistratura (órgano facultado por ley para evaluar a los aspirantes a jueces y fiscales) y al Colegio de Abogados de Mendoza explotó el 4 de julio, cuando el propio Consejo removió -por decisión unánime de los 7 integrantes- a todos los evaluadores de la Comisión Penal, hayan o no tomado exámenes durante los últimos tiempos.
El tema se agravó al regreso de la feria judicial de invierno, cuando el Consejo, en una especie de marcha atrás, dejó la puerta abierta para que los distintos estamentos que lo conforman propusieran nuevamente a los desbancados o, en su defecto, propusieran a nuevos representantes.
El abogado Pasccon responsabilizó penalmente en la Fiscalía de Juan Ticheli a Sebastián Soneira (funcionario provincial) y a Maturana (Colegio de Abogados) de ser ejecutores de una trama para favorecer a aspirantes a la magistratura en nombre del cornejismo, otorgándoles puntajes discrecionales a los examinados en la etapa de selección, específicamente durante las entrevistas personales, que son posteriores a los exámenes escritos y orales.
A Soneira le atribuye, además, haber promovido la remoción de todos los evaluadores de los aspirantes a magistrados a través de María Teresa Day, quien preside el Consejo de la Magistratura en nombre de la Suprema Corte de Justicia.
Entre los audios que Pasccon llevó a la Justicia y que también entregó al gobernador el 8 de septiembre último, almacenados en un pendrive, figura un reproche de Maturana acerca de la no aprobación de una colega-socia-amiga-comadre para un cargo público.
Passcón dejó a salvo al subsecretario de Justicia, Marcelo D`Agostino -lo excluyó expresamente en el escrito- a quien sí le atribuyeron responsabilidades penales más tarde.
Primero desde el demarchismo y posteriormente desde el núcleo de Anabel Fernández Sagasti, que presentó la siguiente denuncia penal.
Le legisladora kirchnerista también implicó a María José Hernández, miembro del Consejo de la Magistratura en nombre del Colegio de Abogados, y entregó un total de 14 audios de Whatsapp, algunos de los cuales son de Maturana a Pasccon. Otros, son mensajes de Hernández al subsecretario D´Agostino.
Este es otro tramo de la denuncia penal, que ya está en la Unidad Fiscal a cargo.
Qué es el Consejo de la Magistratura
Es el organismo encargado de evaluar a aspirantes a magistrados mediante exámenes escritos, orales, estudios psicofísicos y entrevistas personales.
Está integrado por representantes titulares y suplentes de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, la Asociación de Magistrados, la Federación de Colegios de Abogados y la Cámara de Diputados, quienes intervienen -cara a cara con los evaluados- en la etapa de entrevistas personales.
Hoy son titulares: Day (Suprema Corte), D`Agostino (Ejecutivo), Fernando Guzzo (Magistrados), Javier Pons y María José Hernández (Abogados) y Emiliano Campos y José Luis Ramón (Diputados).
En la etapa previa, la de los exámenes, cada uno de estos estamentos está representado en las comisiones evaluadoras.
La cuestionada comisión de Derecho Penal también incluye a representantes de las Facultades de Derecho y del Ministerio Público de la Defensa.
El Consejo de la Magistratura funciona en Belgrano 179 casi Peltier de Ciudad y tiene reuniones ordinarias cada martes. Sus acciones están reguladas por la ley provincial 6561.
Un detalle no menor acerca de su funcionamiento: la Suprema Corte de Justicia no tiene representante suplente porque este año el ala peronista del máximo tribunal no accedió a desempeñar ese rol. Por ende, Day es la única representante y en caso de ausencia el Consejo deberá funcionar con el resto de los miembros.
Otro dato para tener en cuenta: en 2018 se reformó el reglamento y al momento de fijar puntajes finales, perdieron valor las capacitaciones y méritos académicos que acreditara cada uno de los aspirantes.
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