Tras la remoción de la Comisión Evaluadora

Ramón explicó y defendió los cambios en la Comisión Penal del Consejo de la Magistratura

El diputado provincial e integrante de ese órgano colegiado fue quien promovió la remoción de la comisión evaluadora de jueces y fiscales "por incumplimiento del reglamento en la toma de exámenes". Varias reuniones del plenario del Consejo precedieron el desenlace

Por UNO

El diputado provincial José Luis Ramón, diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura, dijo que promovió la remoción de la comisión evaluadora de futuros jueces y fiscales penales porque resulta "indispensable mejorar la calidad institucional" de ese organismo.

Esos exámenes, siguió el legislador e integrante del Consejo, "son el primer paso para elegir a los magistrados mendocinos de los próximos 30 años, sin embargo, de acuerdo a los que presencié y según la información que recabé, son evaluaciones propias del secundario o la universidad".

El plenario del Consejo de la Magistratura de Mendoza resolvió por unanimidad remover a todos los miembros de la Comisión Evaluadora el 4 de julio por considerar que se estaba "incumpliendo el reglamento y se cometían irregularidades".

Los removidos presentaron un recurso de reconsideración alegando que les fue violentado el derecho de defensa. En fecha a determinar, posiblemente sea el martes 1 de agosto, ese organismo analizará el planteo y podrá confirmarlo o no.

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José Luis Ramón integra el Consejo de la Magistratura en represetación de Diputados.

José Luis Ramón integra el Consejo de la Magistratura en represetación de Diputados.

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El diagnóstico sobre el Consejo de la Magistratura que encendió la luz roja

Ramón, que integra el Consejo en representación de la Cámara de Diputados, explicó que lo primero que le llamó la atención fue que "prácticamente nadie aprobaba" los exámenes de la Comisión Penal durante los últimos años.

Dijo que se dedicó a ver cómo funcionaba, cómo se examinaba y hasta presenció varias evaluaciones, lo que detonó la señal de alerta.

"Se necesita tener un grado de institucionalidad tal que permita evaluar capacidades técnicas pero también personales, porque quienes rinden son los futuros jueces y fiscales de Mendoza para los próximos 30 años" "Se necesita tener un grado de institucionalidad tal que permita evaluar capacidades técnicas pero también personales, porque quienes rinden son los futuros jueces y fiscales de Mendoza para los próximos 30 años"

Llevó su preocupante diagnóstico a la presidenta del Consejo -la ministra de la Suprema Corte de Justicia Teresa Day- y, según Ramón, hubo varias reuniones entre los 7 integrantes del Consejo para analizar esta situación. Estaban todos, explicó: los representantes de la Corte, del Poder Ejecutivo, de los legisladores y de los abogados.

En el Consejo están representados el Gobierno de Mendoza, a través del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino y el ministro de Gobierno Víctor Ibañez; los Magistrados del Poder Judicial, a través del fiscal Fernando Guzzo y la jueza María Nieves Completa; el Colegio de Abogados y la Cámara de Diputados.

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Hubo reuniones antes de la remoción

"También nos reunimos con el doctor Marcelo Gutiérrez del Barrio, que preside la comisión que fue removida y que participó de la comisión durante los últimos años", contó el legislador.

"Están evaluando con una talla que no es para los jueces del futuro y debemos cambiar eso" "Están evaluando con una talla que no es para los jueces del futuro y debemos cambiar eso"

"Con los demás integrantes del Consejo de la Magistratura coincidimos en la necesidad de renovar esa comisión y que sea integrada por personas capaces de evaluar a los futuros magistrados de Mendoza", explicó el legislador y dijo que esa fue la previa a la resolución del 4 de julio que removió a todos los evaluadores.

En la próxima reunión del pleno del Consejo se analizarán, además del recurso de reconsideración que presentaron los removidos, otras propuestas.

Por ejemplo, que a partir de 2024 los exámenes sean filmados para que quede constancia y material para posibles análisis y revisiones, y que las comisiones evaluadoras sean integradas por magistrados de otras provincias.

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