El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza.
La Iglesia Católica argentina decidió intervenir en el debate por la Ley de Glaciares y pidió a los legisladores nacionales que mantengan intacta la normativa vigente. Lo hizo a través de una carta abierta en la que expresó preocupación por posibles modificaciones impulsadas en el Congreso.
El pronunciamiento fue difundido por la Comisión Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina -presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo- y marcó la toma de posición de la Iglesia en una discusión que hasta ahora se concentraba en el ámbito político, ambiental y productivo.
En el documento, la Iglesia planteó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y advirtió que cualquier cambio en la ley podría tener consecuencias sociales y ambientales, especialmente para las comunidades más vulnerables.
La Iglesia se metió en el debate de la Ley de Glaciares
GLACIAR CAYENDO
La Iglesia Católica pidió a los legisladores nacionales no realizar modificaciones en la actual Ley de Glaciares.
La carta, publicada por estos días, está dirigida directamente a los legisladores nacionales. Allí se les pide no modificar los niveles actuales de protección ambiental y priorizar el cuidado del agua y los ecosistemas por sobre otros intereses.
Entre otros puntos, la Pastoral Social reclamó mantener el espíritu original de la Ley de Glaciares (26.639), escuchar a científicos y comunidades locales y promover actividades productivas sin poner en riesgo el agua y el ambiente.
El texto se apoya en documentos sociales de la Iglesia y en la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, donde se plantea que la crisis ambiental y la social forman parte de un mismo problema.
Cuáles son los principales puntos que se quieren cambiar
La Ley de Glaciares establece límites a actividades que puedan afectar estas formaciones naturales y al ambiente periglacial, para proteger reservas clave de agua dulce. En los últimos meses reapareció en la agenda política a partir de planteos del gobierno nacional y de sectores económicos vinculados con la minería, que consideran que la normativa restringe inversiones en zonas cordilleranas.
Del otro lado, organizaciones ambientales, científicos y distintos espacios sociales advierten que una flexibilización podría poner en riesgo fuentes de agua esenciales para varias regiones del país.
El oficialismo no cuenta por ahora con una mayoría propia en el Congreso de la Nación Argentina, por lo que cualquier modificación dependerá de acuerdos con otros bloques políticos, en un escenario todavía abierto.
También advirtió que los impactos ambientales suelen afectar primero a los sectores más vulnerables y llama a tomar decisiones pensando en las próximas generaciones.
El documento cerró con un mensaje dirigido a la dirigencia política para que priorice el bien común y la protección del ambiente en las decisiones legislativas vinculadas a los recursos naturales.
