El Gobierno nacional volvió a la carga con su proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Lo ratificó acá en Mendoza, el lunes , el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y está bien.
Análisis y opinión
La falsa dicotomía alrededor de bajar la edad de imputabilidad
¿Dónde está escrito que atender la causa económico-social y educativa de que haya delincuentes jóvenes tiene que impedir juzgarlos? Hay más de un camino posible
Bruno Bussanich fue asesinado cuando a los narcos de Rosario se les ocurrió "matar inocentes" para dar un mensaje. El acusado de disparar tiene 15 años.
Está bien pensar en un proyecto que ubique la imputabilidad en los 14 años, que es de lo que se había hablado al principio. Hoy la ley que rige es de la dictadura y la fija en los 16.
Sobre este tema hay muchas posturas en contra, y algunas son muy atendibles. Pero lo que hay también, y a eso que hay que atacar, es una falsa dicotomía. Una forma mentirosa o al menos equivocada de leer el conflicto.
Es la que indica que bajar la edad de la responsabilidad penal sería desatender las causas económicas y sociales que generaron esos delitos. Es cierto: un adolescente roba o mata porque primero es pobre, porque primero estuvo sólo, porque primero comió muy mal y poco, o porque vivió en la calle o en una familia disfuncional.
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Ese delincuente es delincuente porque antes no tuvo educación ni contención. Y es verdad. Todo eso es correcto. Lo falso es que eso nos inhabilite a discutir si tiene que pagar o no por sus actos. Lo falso es que eso lo exima de cumplir una pena si el día de mañana te roba o te mata.
¿Dónde está escrito que atender la causalidad económico-social y educativa de que haya delincuentes precoces nos tiene que impedir judicializarlos?
¿Hay que mejorar la permanencia en las escuelas, el acceso a salud, la contención, garantizar la alimentación? Absolutamente. ¿Es un pésimo contexto el actual por la suba de la pobreza y porque cada vez son más los chicos que, en determinadas edades, están afuera del sistema escolar? Sí. Y son avances cruciales que deben hacerse sin dudar, como así también la mejora de las instituciones que los recibirían.
Pero no es “esto” o “lo otro”, como históricamente se ha malentendido.
No es lo social “o” lo jurídico, sino ambas cosas en conjunto. Una política integral: con un enfoque preventivo, un enfoque rehabilitador y un enfoque punitivo.
Cunde el mito de que, porque cambie la ley, las falencias socioeconómicas van a seguir desatendidas; que alguien pensará que, porque haya más presos, se olvidarán del otro problema o lo invisibilizarán. Y no. Las condiciones ya están desatendidas; lo que pretendemos es que, al mismo tiempo en que supuestamente intentan resolverse, haya una sociedad más justa y más segura.
“Los sistemas penales no sirven porque no resocializan al joven”.
Es cierto.
¿Y la calle resocializa? Integrar una banda de delincuentes, el paco, el crack, la merca, ser transa, ¿resocializan? Salir de caño, dar vuelta a un tipo, robar.
¿Reeduca?
¿Darles impunidad nos da más chances de que ese chico el día de mañana termine la escuela? ¿O nos ofrece más chances si está en un lugar en donde el Estado le demuestra que hizo cargo de él? Donde le ofrecen la chance de estudiar, sin la presión delincuencial de su entorno. Sin la intemperie, sin estar a merced de las drogas y las ganas de reincidir.
La delincuencia va de la mano con el consumo de sustancias. ¿Dónde tiene más chances de salir de la falopa un pibe que antes robó o mató? ¿Afuera o adentro?
No es resocializar o penar. Pueden ser las dos cosas.
Es verdad que la sociedad los considera los descartables a estos pibes. No lo discuto. Es tristemente verdad. Pero es la Justicia la que puede darles las herramientas que hoy les estamos negando. Las que no tienen, en parte, por esta falsa disyuntiva y con el techo “políticamente correcto” con que históricamente han frenado este debate.
Es cierto, sin embargo, que hay una desigualdad de tiempo:
Recomponer el tejido social, la educación, la cultura y la seguridad alimentaria de este país puede tomar 50 años. Es más, puede no ocurrir jamás. Y las imputaciones empezarían de inmediato, si cambia la ley. ¿Es injusto ese desfase? Sí, pero es inevitable. Porque la alternativa, sino, sería tener que esperar a que la Argentina se arregle para legislar sobre lo urgente. Y los delitos están ocurriendo hoy.
Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No a los 13 años, como ahora sugiere el Gobierno nacional, y lo cual iría en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Sí a los 14.
Lo piden las víctimas. Lo pide una sociedad profundamente herida por la inseguridad.
Y lo piden ellos mismos, a gritos.
Cada vez que salen a arriesgar su vida.
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