Justicia: las cosas que Sí van a ocurrir y las que No, entre sueldos millonarios y salarios que no alcanzan

Judiciales versus resto del mundo

Una directora de escuelas gana aproximadamente 600.000 pesos en la mano. Un funcionario judicial clase 7 (la última entre funcionarios, los empleados van de la 8 a la 23) está alrededor de los 700.000 pesos. Un ordenanza que hace tareas de limpieza y mantenimiento en el Poder Judicial está cerca de los 380.000 pesos. Bastante más que los 240.000 pesos a los que puede llegar un empleado equivalente que hace el mismo trabajo a unos pocos metros, en las oficinas de la Dirección General de Escuelas.

Los magistrados judiciales que pasan por el Senado están enganchados a las condiciones salariales que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la Justicia Federal y Nacional. Es así desde un convenio ratificado por ley en 2008. Ese año se llegó a un trabajoso acuerdo entre la Asociación de Magistrados, la Suprema Corte, y el Gobierno. Hubo una “escalabilidad” para ir arrimando a los magistrados mendocinos a los nacionales (ganaban menos de la mitad, e incluso menos) y desde entonces reciben los porcentajes de aumento que marca el tribunal supremo de la Nación “...y en idénticas condiciones a las fijadas por el máximo tribunal (vigencia; naturaleza; porcentaje o monto fijo…” dice la ley 7.854 de la Provincia de Mendoza). Aquel acuerdo vino a zanjar -se supone que para siempre- el problema de los sueldos de los magistrados: jueces, fiscales, defensores oficiales, es decir todos los que pasan por el cedazo del Senado provincial y tienen rango constitucional. El mecanismo es sencillo. La CSJN saca un aumento, e inmediatamente la Corte local emite la acordada correspondiente.

Los magistrados promedian los dos millones de pesos de sueldo. Pero hay veintidós “equiparados” a jueces que ganan salarios de otro planeta. Una secretaria asistente (no es una funcionaria) que quedó de capa geológica en la Suprema Corte cobró en su sueldo de marzo más de cinco millones de pesos. Para ser exactos, embolsó 5.591.180,40 pesos. Nada mal y más que alguno de los jueces de la Suprema Corte. Es el caso de la ex secretaria de Jorge Nanclares Elizabeth María Carabajal, cuyo sueldo motivó una ley que está cuestionada justamente por los veintidós equiparados que ya consiguieron un guiño de una de las salas de la Corte tiempo atrás: podrán seguir cobrando sus sueldos fabulosos hasta que haya un fallo definitivo, que la Corte aún no resuelve. Carabajal, entre ellos. Los votos a favor en ese caso fueron de los ministros Mario Adaro y Omar Palermo. Votó en contra José Valerio. Por otra cuerda, dicen que el juez de los sombreros tiene una dura "interna" con el presidente del tribunal Dalmiro Garay. Malhumor generalizado.

Equiparados

La “familia” judicial es bien numerosa y conocida. Incluso hay un pariente de un ex miembro de la Suprema Corte, uno de los equiparados, que en marzo cobró $4.648.590,17. Se trata de Carlos Quiroga Nanclares. Fue equiparado en 2017 por su tío Jorge Nanclares. Aquella decisión generó revuelo político dentro y fuera de la Corte.

Los equiparados no rinden concurso, no pagan Impuesto a las Ganancias, no pasan por una audiencia pública, no necesitan ser nombrados por el gobernador, ni deben atravesar el filtro del Senado. Su situación de privilegio está judicializada. La Suprema Corte tiene a sentencia una demanda de los veintidós equiparados contra la ley 9.230 sancionada en 2020, que fue promovida por Rodolfo Suarez cuando era gobernador a raíz del escandaloso caso de la secretaria-asistente de Nanclares. La mujer ganaba 406.818 pesos y hoy ya llega a los 5,6 millones de pesos. Esa ley les imponía a los funcionarios judiciales un límite al cálculo de la antigüedad de modo de que los equiparados (algunos eran relatores) no ganaran más que el gobernador. Semanas atrás, el asesor de Gobierno Ricardo Canet interpuso un recurso de “pronto despacho” en la Corte, para que ya de una vez los jueces definan ese expediente. Antes deberán elevarlo al procurador para que dictamine. Ese paso tampoco se ha cumplido.

Acomodados y desacomodados

Hay una nueva categoría. Son los “acomodados”. En el sindicato de empleados dicen que a pesar de las restricciones presupuestarias, se habrían producido ingresos por la categoría 23 (la última, el sueldo más bajo) de personas que luego “ascienden” por su brillante desempeño. Muestran el ejemplo de una abogada que sería parienta del chofer de “alguien”, que ingresó por una fiscalía marginal, pasó a otra, y ahora estaría -ya ascendida- en el Polo Judicial.

Una prosecretaria "equis" (abogada, son funcionarios, los que hacen el trabajo) cobró el mes pasado 960.693,17 pesos. Menos de la quinta parte que la señora equiparada del ejemplo y unos 400.000 pesos menos que los ayudantes fiscales, que son algo así como la infantería del Ministerio Público Fiscal y que trabajan en unas condiciones a veces horribles. Llegan a los $1.300.000 aproximados, más o menos según antigüedad y otros ítems.

La Cláusula "C"

El mismo ordenanza judicial que no llega a los cuatrocientos mil pesos, si los empleados siguieran enganchados al sueldo de jueces y magistrados, o al menos funcionase la famosa “cláusula C” de la paritaria de 2013; ganaría hoy más de $1.100.00.

Contra la creencia más o menos extendida de que la “Cláusula C” es un nuevo enganche de los empleados a los sueldos de los jueces, se trata de otra cosa. Esa cláusula fue parte del acuerdo paritario ratificado en la Legislatura en 2013. Era una especie de “gatillo” que equiparaba en diciembre la diferencia de aumento salarial de los empleados y funcionarios, respecto de los magistrados que venían cómodos y pegados a los porcentajes de aumentos fijados por la Corte nacional. Por ejemplo, si los jueces habían recibido en el año un 40 % de aumento y los empleados un 20 %, en el primer trimestre del año siguiente esa diferencia se compensaba.

De ese modo buscaron resolver la brecha que se fue generando entre jueces y magistrados de sueldos cada vez más suculentos, y empleados que empezaban a pelearle a la línea de pobreza. Pero esa cláusula se habría aplicado una sola vez, y luego fue eliminada en otro acuerdo paritario, del que los funcionarios y jerárquicos (el otro gremio) no participaron. Lo judicializaron, y es otro fallo clave que tiene la Corte mendocina a resolver. Fuentes sindicales dijeron que además de ese expediente habría otro caso por la “Cláusula C”. Es una demanda contra la eliminación de la cláusula, argumentando que ningún acuerdo paritario puede eliminar “derechos adquiridos”. También estaría en la Corte.

Como se ve, para arreglar los desequilibrios, inequidades, injusticias y desorden de los sueldos de la justicia haría falta un mago. O más de uno. Es un crucigrama multidimensional que no se podría resolver ni en un idioma desconocido. Pero el tiempo corre, con el servicio de justicia absolutamente resentido y una cantidad de actores que -en algún caso- ha quedado encorsetado en el conflicto. De algunos laberintos se sale por arriba. Pero en este caso no hay arriba ni abajo.

No sería justo, ya que estamos, analizar los sueldos de la Justicia en un contexto de país en el que los empleados, funcionarios y magistrados judiciales suelen ser emparentados con “la casta” por una serie de beneficios que hacia adentro del Poder Judicial se ven como “derechos adquiridos”, pero que para el resto de la sociedad son privilegios inaceptables: Un mes de feria en verano y otro medio mes en invierno, 15 días de licencia por “razones particulares” (como en otros sectores del Estado), faltazos por cursos, conferencias y hasta por prácticas deportivas, y para muchos, sábados y domingos. Claro que hay que sumar en la balanza a empleados y ayudantes fiscales que han llegado a trabajar en condiciones tóxicas. Como las mujeres que se desempeñan en una fiscalía de Rodeo de la Cruz y se cruzan a un baño de la estación de servicio de YPF que está a 280 metros, exactamente cuatro minutos a pie desde la oficina fiscal.

Los sindicatos

Veamos los actores y en qué andan en este conflicto. El gremio que agrupa a los empleados judiciales de Mendoza es la Asociación Gremial de Empleados Judiciales y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza. Pero sin funcionarios que años atrás hicieron rancho aparte. Son la Asociación de Funcionarios Judiciales, que reúne a secretarios, prosecretarios, ayudantes fiscales, funcionarios del Ministerio Público, la Defensoría y los tribunales; y otros cargos jerárquicos. Desde hace un tiempo se sientan a la mesa paritaria. Los conducen Marcelo Fekonja y Jorge Lucas.

La división de los empleados fue la mayor pérdida del sindicato judicial “original” que condujo durante 22 años y hasta el año pasado Carlos Ordóñez. La nueva conducción que desplazó al peronismo está encabezada por Ricardo Hipólito Babillón. Lo de “Hipólito” no es casualidad. Tiene pasado y ADN radical, incluso eso fue usado como argumento en su contra el año pasado en las elecciones del sindicato. Alguna vez fue autoridad de la mesa de conducción provincial de la UCR. En el Gobierno creen que se ha corrido a la izquierda y que aparece hasta en fotos con sectores radicalizados de los gremios estatales e inclusive del Polo Obrero, en búsqueda de anclaje político. Aún así hay ministros del Poder Ejecutivo pensando caminos posibles para que los sindicatos no queden entrampados en un conflicto que si no se desactiva pronto, podría escalar.

Desde el Gobierno miran la foto del problema en 360 grados. Por un lado el paro judicial, pero por el otro, van relojeando el monitoreo exhaustivo que hacen los otros gremios estatales, que sí arreglaron unas paritarias que aparecen abiertas buena parte del año producto de la sangría inflacionaria que ha venido viviendo el país desde el cambio de gobierno, con el sinceramiento de precios relativos y de tarifas.

Qué piden

Desde que los sueldos de empleados y funcionarios fueron desenganchados de los salarios de los jueces en 2004 por el entonces gobernador Julio Cobos -lo hizo en la ley de presupuesto de ese año, lo que luego fue ratificado en diversos fallos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación- los sueldos de la “base de la pirámide” judicial -empleados- se fueron “achatando”. Y los funcionarios eran arrastrados hacia abajo por la succión y por eso se abrieron en otro gremio.

Antes, también en el gobierno de Cobos, hubo un largo conflicto con los jueces a causa de la indexación por inflación de sus sueldos que entonces se eliminó. Aquello se zanjó con una enmienda del artículo 151 de la Constitución Provincial. Los sueldos de los jueces son intangibles, pero nada de aumentos inflacionarios tipo cláusula gatillo.

Ahora, para entender lo que pasa, hay que desglosar qué están pidiendo empleados y funcionarios. Como se sabe, el aumento propuesto por el gobierno provincial similar a lo acordado con todos los gremios no fue aceptado por los empleados judiciales, ni por los funcionarios. Los paros comenzaron a resentir la atención. La Suprema Corte suspendió audiencias penales que no tuvieran personas detenidas, y la protesta empezó a levar como la masa madre. El gremio dice que tuvieron días de acatamiento superiores al 90 %, y otros menores, de un 60 %. En la Corte reconocen un “parate” de actividades del 50 al 60 %. Lo que están discutiendo los gremios es un aumento mayor, una base de cálculo “mes a mes” o al menos más actualizada que la de diciembre de 2023, el regreso de la “Cláusula C” de 2013 que les permitía achicar la brecha con los magistrados, un convenio colectivo de trabajo, y de máxima, que no les descuenten los días del paro que se extenderá hasta el viernes 31.

Es paradójico. Una huelga es una situación de mucha tensión. No es cómoda para nadie. Ni para los huelguistas. Más, esta protesta que -dicen los judiciales- es de mayor magnitud a la que enfrentó el gobierno de Celso Jaque en 2010. Pero hubo dos hechos que reflotaron la revuelta que ya iba resintiendo los ánimos de los que estaban de paro. Uno fue el decreto 947 del gobernador Alfredo Cornejo, determinando aumentos del 10 % para abril, mayo y junio sobre la base de diciembre. Y el otro, fue la resolución del presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay, descontando un día de paro del mes pasado a 1.067 agentes del Poder Judicial. No lo decidió en soledad. De los otros seis jueces de la Corte, cinco estuvieron a favor y uno en contra.

La protesta actual ya lleva dos semanas de paro pero tres meses de conflictos, con antecedentes inmediatos: en diciembre, los judiciales fueron los últimos en recibir el aumento y por planilla complementaria, por las demoras en el acuerdo. Los descuentos a los huelguistas serán muy dolorosos en el bolsillo en el mes de junio, sueldo que cobrarán el viernes 31 de este mes. Algunos de esos descuentos mayores ya se aplicaron este mes en el Ministerio Público Fiscal, donde hubo más días de protesta en abril e incluso en marzo. No fue sorpresa. El procurador Alejandro Gullé ya había pasado la planilla de descuentos el 15 de este mes.

Las fuentes consultadas en el Gobierno aseguran que de ninguna manera se pagarán los días “no” trabajados. Aunque se sabe que en la Corte, el MPF y los dos sindicatos, están craneando fórmulas de compensación. Tanto Babillón como Fekonja y Jorge Lucas saben que los días de huelga están prácticamente perdidos. No ven mucho margen de negociación con Alejandro Gullé, pero creen que podrían filtrar algún mecanismo que haga menos doloroso los descuentos, a través de algunos de los ministros de la Corte con el corazón más blando.

Cónclaves

En los últimos días abundaron las reuniones. Algunas más o menos públicas como las de la Corte con el sindicato de empleados, el jueves. Allí hubo dos decisiones: Los supremos emitirían una acordada para volver a participar de las negociaciones paritarias, y el sindicato levantó el incómodo acampe que pasó por algún momento de tensión. Dalmiro Garay envió a un juez contravencional para levantar las actuaciones correspondientes por el bloqueo, aunque Ricardo Babillón aseguró en nuestro programa “No tenés cara” de Radio Nihuil, que no se había impedido el paso, la transitabilidad, la entrada o salida del edificio a ningún juez, funcionario, empleado o persona civil. Luego bajaron los decibeles. Ni Garay, ni el Gobierno, ni nadie quiere “la foto de Misiones”, provincia que está alborotada por una protesta donde participan estatales docentes, policías, yerbateros, y en la que comenzaron a aparecer gremios de izquierda y revoltosos varios del elenco estable, que llegaron a la tierra colorada desde otras provincias.

Entre las reuniones privadas hay que resaltar dos: una de los funcionarios con la Corte, el viernes. Y una más, de casi tres horas, que la misma asociación de los jerárquicos mantuvo con los ministros de Gobierno Natalio Mema y de Hacienda, Víctor Fayad.

El ministro que maneja los números va a esas citas con un informe de recaudación que mete miedo. Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial que registra la actividad económica, cayó 7 % interanual. La recaudación por recursos nacionales cayó 18 % respecto de abril del año pasado. Los recursos totales dan un -14 % en un año. El gobierno provincial no tiene margen de mejorar las condiciones a los judiciales que han rechazado el acuerdo y están en tren de protesta, sin aumentar las partidas a costa de otros gastos. Menos aún, con todos los otros gremios “al salto” en una provincia cuyos sueldos estatales suelen estar por debajo de la media nacional.

Hay una salida rápida. Todos los dilemas la tienen. Sería un dictado de conciliación obligatoria. Eso haría que el sindicato deba levantar el paro, y el Gobierno tenga que sentarse a negociar, con el objeto de estirarla todo lo posible hasta la próxima paritaria que debería ocurrir en junio.

Por supuesto que están los caminos de largo plazo. La administración de justicia cambió en los últimos ocho años y medio. Hubo reformas notables, nuevos procesos orales, soluciones tecnológicas a viejos problemas. Hay tareas que han cambiado. Ello indica que deben estudiarse nuevos escalafones y escalas, y hacer una reforma profunda que necesariamente debe implicar productividad, nuevas tareas y responsabilidades. Sólo mirar la planilla de días de licencia en cualquier tribunal es una invitación a ello. Para eso hay que montar comisiones técnicas que tardarían un par de años para llegar a un formato nuevo del Poder Judicial.

El camino de la autarquía judicial para que en la Justicia se arreglen entre ellos sería posible, sólo son unas seis mil personas. Pero no con esta Corte. Los ministros no querrían comprarse semejante lío. Lo que sí quieren -todos- es recomponer la carrera judicial, achicar la brecha, dar previsibilidad.

La coincidencia hoy es que todos los actores quieren encontrarle una solución a este problema. Gobierno, Corte, sindicatos, los abogados del foro local que están inquietos, el Ministerio Público… empleados, funcionarios, magistrados… Todos. Pero la verdad es que el agujero del mate no aparece por una razón sencilla: nos llegaron la motosierra, la licuadora, y la aplanadora. El peso, nuestra moneda, vale poco y nada.