Es martes 27 de mayo y son las 4.00. Plena madrugada mendocina cinco días atrás. Un delincuente de gorrita, mochila y buzo está metido en la casa de una familia en uno de los barrios de clase media laburante de Godoy Cruz -lejos de los jueces- y va juntando los bienes que piensa llevarse en esa noche de recolección.
Captura de video del asalto, y luego, el delincuente detenido. Se trata de Carlos Estrada (38) ¿Qué harán los jueces?
La luz que ingresa desde la calle a través de una de las ventanas le permite moverse con seguridad en esa estancia desconocida.
Todos los integrantes de la familia duermen, pero alguien escucha ruidos poco habituales aún bajo la tormenta que caía a baldazos sobre el Gran Mendoza esa noche. Uno de los varones de la casa se asomó a verificar, vio al ladrón y pegó el grito. Las puertas de la sala estallaron como bombas, entre el delincuente que gritaba e intentaba escapar y el dueño de casa que trataba de retenerlo.
En menos de un minuto la escena se transformó en un pandemónium de gente corriendo y vociferando entre el patio donde lograron detener al delincuente, el comedor y la salida. Todos gritaban “¡Llamá a la policía!” La mujer dueña de casa bramaba alaridos de miedo, presa del pánico, mientras uno de los hijos atinó a llamar al 911, a las 4.14.
Los hombres que tenían retenido al ladrón le gritaban “¡no mirés!” y le sostenían la cabeza, mientras el delincuente suplicaba “¡Eeeeeehhhhhhhhhhhh… Soltame… Eeeehhhhhhhhhhhhh..!”. En un momento les advierte a sus captores que va a volver, y por lo que se escucha en los audios, le aplicaron un correctivo simbólico. Como para que entienda.
Todo duró unos pocos minutos. La policía se llevó al detenido a la Comisaría 6ta en el barrio Cano, de Ciudad, y nadie pudo volver a dormir. La paz alterada hizo que el Ministerio de Seguridad deba acompañar a la familia con el área de asistencia a las víctimas.
El caso es real. El fallido ladrón es un joven de 23 años -cumple 24 este mes- y carga con un largo historial desde cuando era menor. Robo agravado en alguna de sus modalidades a los 16 años… Luego a los 17 quiso llevarse un auto desde una propiedad a la que ingresó escalando por las paredes. Lo devolvieron a sus padres. No hay más detalles, porque los menores no pueden tener antecedentes penales computables. No publicamos su identidad, iniciales o señas particulares porque la familia víctima de este delincuente nacido en 2001 tiene temor. Sobre todo, porque el joven vive en una de las zonas pesadas del oeste de Godoy Cruz y tiene varios hermanos. Cuando alguien es víctima y el delincuente va preso, el primer miedo es el de la venganza.
Los últimos meses de este delincuente de 23 años -al que llamaremos Brayan sólo por la simplicidad de esta crónica- fueron de mucha actividad. Después de haber sido objeto de una veintena de aprehensiones y detenciones que no llegaron a constituir un expediente, el 6 de noviembre del año pasado le otorgaron una suspensión de juicio a prueba, una “probation”, luego de que robó una computadora, monitor, cables, teclado y mouse en una delegación municipal de Luján de Cuyo. Esta modalidad de condena es para delitos menores, con penas excarcelables y se resuelve con reglas de conducta, resarcimientos, trabajo social, multas.
Pero Brayan desobedeció las consignas y fue detenido más tarde, en diciembre del año pasado y otra vez en enero de este año, por supuestos delitos contra la propiedad; aunque ello no prosperó en causas judiciales. En abril del 2025 fue aprehendido y liberado tres veces. Hasta que el martes a la madrugada lo detuvieron por meterse en una vivienda particular, con la gente durmiendo adentro. Un rastreo rápido indica que hay un informe contra él por “incumplimiento” de las reglas de conducta que le impusieron en la probation del año pasado. Ahora está detenido en la Estación Transitoria de Admisión del Polo Judicial, imputado de robo agravado por escalamiento y en las próximas horas será trasladado a un penal, hasta que tenga su primera audiencia.
La condena que le correspondería a Brayan por este último robo debería ser de cinco a quince años de prisión. Vamos a ver cuánto le dan, si es que llega a juicio, y si además el proceso es abreviado para salir con una pena menor y resolverlo rápido. Porque la discusión es esa: la “mano blanda” que otorga siempre la pena menor casi ante cualquier delito. Y la lluvia de culpas y señalamientos que viaja desde el Poder Judicial al Ministerio Público y al Gobierno, de ida y vuelta.
Es muy complejo llegar a una conclusión. Tampoco es el objetivo de esta nota. Pero es obvio que hay algún tipo de problema sistémico.
El robo del kiosco, la violencia, el caso judicial
La potencia de Radio Nihuil y la tarea de uno de nuestros periodistas, Matías Pascualetti, transformaron el robo violento a un drugstore en la calle Hipólito Yrigoyen, de Godoy Cruz, en un leading case de la “manito de manteca” a la hora de mantener preso a un delincuente.
El público mendocino vio en el curso de la mañana del lunes y los días subsiguientes el video compartido por Pascualetti. Allí se ve al delincuente darle una paliza feroz a Antonella A. (24 años), la chica que atendía el kiosco:
Las redes y mensajerías estallaron, y hasta el propio gobernador Alfredo Cornejo fue muy crítico de la imputación livianita por robo simple que el fiscal Juan Manuel Bancalari le asignó al delincuente, un tal Carlos Javier Estrada, de prontuario abundante y 38 años recién cumplidos, el día 11 del mes pasado. Sólo si le hubieran aplicado las penas máximas en cada caso en que fue juzgado, habría estado preso hasta 2037.
Por supuesto, en el Ministerio Público dieron todo tipo de explicaciones técnicas por la imputación de “robo simple” pese a la golpiza homicida que Estrada le dio a Antonella. Luego, tanto los fiscales como los jueces hicieron “gulp” y se tragaron las quejas de Cornejo y de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que en Nihuil llegó a hablar de un “Hot Sale” de condenas livianas en la Justicia mendocina.
Bastó con escuchar a la chica del kiosco en nuestro programa No Tenés Cara, el miércoles, para comprender el drama absoluto que vive una víctima. Lloró durante toda la nota, contó del miedo que siente, de su imposibilidad de trabajar, de las lesiones, del dolor en todo el cuerpo, de la locura feroz del ataque.
Es casi imposible ponerse en la piel de una joven que recibió una paliza como la que vimos, fue arrastrada de ida y vuelta por un pasillo, pateada, molida a trompadas, tironeada, amenazada, por un tipo que robaba en el negocio que ella atendía en la calle Yrigoyen a pocos metros de San Martín, el lunes 26 a las siete y media de la mañana. Casi enfrente del edificio anexo del Instituto de Juegos y Casinos, a cuyos empleados la chica les pidió socorro en cuanto el delincuente huyó. Estrada robó, finalmente, cuatro mil pesos.
Antonella tuvo miedo de morir, fiscales. Recibió en tres minutos interminables 27 trompadas, 4 patadas, tironeos del cuello y del cabello, la arrastraron, y finalmente se ve en el video un intento de asfixia. Robo simple ¿En serio? A veces hay que imputar más allá de la letra fría del Código Penal o del Procesal. La justicia no es aritmética. Es sentido común y criterio.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué siempre los delincuentes se llevan la pena menor? En una provincia donde hubo desde 2015 una treintena de reformas que agilizaron la Justicia y les dieron más poder a los fiscales para retener a los delincuentes presos, es raro que vuelva la puerta giratoria. Reiterancia, prisión preventiva, tribunales colegiados, oralidad, reformas en la Suprema Corte -entre muchas otras leyes- fueron transformando la Justicia blanda, zaffaroniana y garantista de décadas pasadas en un Poder Judicial de mano firme.
Pero al final del día, la inercia elefantiásica de las “orgas” es la que gana.
Señores jueces y fiscales
El primer debate que apareció después del caso del kiosco fue el de los juicios abreviados. Por qué tantos. Por qué las penas siempre son las más livianas, salvo los asuntos de prisión perpetua ineludible.
Carlos Estrada Marfiliú tenía un largo historial delictivo. Lo consignó Diario UNO en un informe preciso: su primer delito “de adulto” fue el 4 de julio de 2005 por un robo con armas. En marzo y mayo de 2006 repitió la aventura. Robó una vez en 2007, tres en 2008, dos en 2009 y una en 2010. En 2011 fue otra vez y lo encontraron armado en un robo, en 2012 fue con armas de guerra y en 2013 evadió un control policial. Estuvo preso y condenado desde 2013 a 2018, y luego desde de 2018 hasta el año pasado. Siguió de “gira” y estaba en el “orden del día” para ser detenido, por otros dos robos. Tenía pedidos de captura del 4 y del 30 de abril últimos. Logró mantenerse libre hasta el lunes 26 de mayo. Pero cuando apareció el video, lo detuvieron en seis horas.
El primero en dar la cara por los cómputos judiciales fue el procurador Alejandro Gullé. Pidió mano más firme a los jueces y contó, en el programa Primeras Voces de Radio Nihuil, que a veces los fiscales van a los juicios abreviados con los acuerdos cocinados con los abogados defensores, y los jueces terminan bajando las penas ya acordadas, o haciendo advertencias en ese sentido. Un juicio abreviado es un procedimiento rápido en el que se acuerda una pena a cumplir, y todos contentos.
Tal parece que aliviar las penas en juicios abreviados sería doctrina entre muchos de los jueces penales. Lo advirtió el juez de la Suprema Corte Omar Palermo, reconocido por su solvencia técnica y profesional, como por su adhesión a doctrinas garantistas.
¿Pueden los jueces oponerse o cambiar el acuerdo de partes en un juicio abreviado? El 19 de mayo, la Suprema Corte resolvió una casación en un caso de robo agravado, porque la jueza del Tribunal Penal Colegiado bajó la condena acordada entre la fiscalía y la defensa, cambiando la calificación. El fiscal apeló, y la Corte debió resolver. Escribió el juez Palermo en ese voto, luego de una abundante argumentación: “(...) Los jueces y las juezas pueden colocar una calificación menos grave e incluso absolver” en los juicios abreviados, pero aclaró que la judicatura está “imposibilitada de imponer una pena más gravosa que la acordada por las partes”. Palermo aludió al pensamiento de la “ex sala penal” de la Corte. Pero cómo…. ¿y si en el acuerdo la calificación fue menor que lo que en verdad ocurrió? ¿El juez no hace nada? En ese juicio, con el voto de Palermo y Mario Adaro la Suprema Corte rechazó la apelación del fiscal.
Palermo fue uno de los que también habló en Nihuil la semana pasada y ventiló un dato poco conocido. En 2024, el 80 % de las causas penales en las que se emitieron sentencia se resolvieron en juicios abreviados. Por eso la mayoría de las causas cargan condenas mínimas. ¿Quién va a aceptar su culpabilidad sin debate, ir a la cárcel con una condena alta, si en un juicio oral puede jugarse la lotería de salir en libertad?
Los fiscales suelen esgrimir una excusa cuando les preguntan por la “mano blanda” en los juicios abreviados. Dicen que cuando les tocan jueces garantistas, juegan condenas bajas para por lo menos mandar a los delincuentes a la cárcel un tiempo, porque en un juicio podrían perder el caso y arriesgar una absolución. ¿Es una opción limitar los juicios abreviados, como ocurre en la Justicia Federal? Habría consenso entre jueces, fiscales y Gobierno en que ello volvería a estirar los debates mucho tiempo, volviendo a épocas del “dos por uno” por las cárceles pobladas de presos sin procesos ni condenas.
El rosario de excusas y explicaciones es interminable de uno y otro lado. Y en los tribunales penales colegiados pasan cosas raras. Hay quienes vienen advirtiendo que el criterio de la ley que los creó, para que todos los casos siempre tengan un juez, se habría abandonado “de hecho” y que ya no hay control. Por esto, hay quienes en la propia Corte y en el Gobierno apuntan al coordinador de los jueces penales, José Valerio. ¿Por qué? Porque ya no serían las Oficinas de Gestión Administrativa Penal las que asignan la tarea, como dice la ley. Y se las arreglarían entre los propios jueces. Esta polémica surgió el año pasado, cuando se detectó que al juez Sebastián Sarmiento, del TP1, le tocaban la mitad de las causas de ejecución penal, mientras que en el TP2 (ambos de la primera circunscripción judicial), el reparto era equitativo.
La ley dice que tendría que haber un sistema informático o de sorteo de causas. Pero le tocaban a Sarmiento. “Las oficinas de gestión están pintadas… los jueces son los dueños de los turnos”, dice una fuente judicial que conoce bien el entramado. Sarmiento ha estado en la mira por haber dado beneficios de libertad a presos que volvieron a matar, como ocurrió con el policía asesinado Héctor Pelayez, en un robo en Guaymallén el año pasado.
El juez José Valerio está más allá del bien y del mal. Días atrás, declaró a Diario UNO que pedir penas más duras en este momento es “oportunismo político” y advirtió que en el inicio del Año Judicial, y en la Bicameral de Seguridad, no hubo quejas del Gobierno (donde lo miran de reojo) ni del MPF por las penas menores ni los juicios abreviados. Valerio sostiene una ruidosa pelea interna judicial con el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. Y la relación entre los jueces y el ministerio público no pasaría su mejor momento. Son algunos magistrados los que señalan que los fiscales están en misa y en procesión, tomando declaraciones en decenas de expedientes y a la vez en los juicios sosteniendo las acusaciones, lo que los tapa de trabajo y los vuelve presa fácil en los acuerdos de juicio abreviado beneficiosos para los delincuentes.
La estadística de Palermo respecto de la cantidad de causas que se resuelven en modo anticipado es bastante acertada. En realidad fue del 81 % del total de sentencias penales de primera instancia el año pasado. La pregunta es respecto del 19 % de casos restantes que llegaron a juicio: cuántos se resolvieron por penas menores, y cuántos por las máximas posibles en función de los antecedentes de cada caso. Pero ese análisis no está hecho. Trabajo para las oficinas judiciales.
Los antecedentes de los delincuentes condenados casi siempre son frondosos. Años atrás, un camarista de mucha experiencia y formación estudió los casos de la totalidad de la población carcelaria en uno de los pabellones de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Resultó que el 100 % de los internos de ese pabellón habían pasado por el régimen penal juvenil de entonces, con estadías en el ex COSE. También el asaltante del kiosco, Carlos Estrada, habría tenido causas cuando era menor. Por lo menos una, grave. Pero el antecedente no pudo ser rastreado. No hay digitalización de aquellos años, y hubo que recurrir a la memoria de los empleados antiguos.
La ministra de Seguridad Mercedes Rus está prendida fuego con la “mano blanda” judicial. Hay que hacer un reconocimiento. Rus trabaja y mucho por la seguridad profesional. El equipamiento y perfeccionamiento policial en su gestión es notable, una tendencia que empezó en el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Por supuesto, nunca alcanza. Siempre en algún lugar van a faltar policías y recursos. Ningún esfuerzo es suficiente, porque ante un caso violento y de repercusión pública, todo el trabajo previo se derrumba como un castillo de naipes. Rus no goza de la especial simpatía de jueces y fiscales, porque se toma el trabajo de conocer los casos, no sólo los que alcanzan repercusión. Por eso sabe y entiende lo que pasa.
Parte de la pelea es que el Gobierno no quiere que los jueces den sentencias de ejecución condicional (prisión en suspenso, por ejemplo), a personas que ya han violado condiciones de una suspensión de juicio a prueba, es decir, de un juicio abreviado. Si se lo preguntan, Rus dirá que conoce a fondo lo que ocurre en la práctica, porque estudian los casos particulares y analizan la información, y no hacen aritmética de cuántos expedientes van a juicio abreviado y cuántos no. Tal vez por eso desde los otras partes del sistema miran con sospecha su oficina de atención a las víctimas, donde facilitan abogados querellantes a los que sufren algún delito, como hicieron con la designación de Susana Coletti para atender la querella particular de la chica víctima del asaltante violento del kiosco, Carlos Estrada. Lo primero que hará la abogada Coletti será pedir que se agrave la acusación.
Como se ve, el problema es profundo y cualquier reduccionismo no va a permitir que se encuentren soluciones mejores, que mantengan a los delincuentes tras las rejas todo el tiempo que sea posible. Claramente eso no ocurre. Una fuente precisó que casi el 70 % de los internos que habitan las cárceles de Mendoza cursan condenas cortas. De menos de tres años de cumplimiento efectivo.
El sistema exuda mensajes de impunidad por todos lados. Juicios abreviados y condenas cortas a mansalva, juicios por jurado que terminan en absoluciones, imputaciones livianas, detenciones policiales que por una razón u otra no llegan siquiera a convertirse en un caso, discusión de todos contra todos y la prevención que nunca alcanza. No se puede poner a un policía a cuidar a cada ciudadano, aunque para una víctima de violencia y de un delito, la inseguridad fue del 100 %.
La defensa también juega
Uno de los argumentos de jueces y fiscales a la hora de la “mano blanda” es “la defensa también juega”. Es cierto, así es el sistema republicano de derechos y garantías procesales. Hace años, Osvaldo “Oso” Quiroga presentó un proyecto para que los abogados defensores de delincuentes declaren el origen de los fondos con que sus clientes pagan por esos servicios. En verdad es un asunto que causa curiosidad. Al mirar la lista de abogados de casos especialmente resonantes, se advierte la presencia de abogados y estudios importantes de Mendoza, que suelen pasar presupuestos millonarios. ¿Con qué paga un delincuente? ¿Pide un crédito? Quiroga es papá del chico asesinado Matías Quiroga, un caso muy resonante de 2012.
Aquella idea no prosperó. Sí se consiguió sancionar una ley para seguir la trazabilidad de las fianzas. Fue en 2013 a iniciativa de Aldo Vinci, cuando era presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad. Pero no hay noticias de que se esté aplicando aunque figura en el Código Procesal Penal de Mendoza, artículo 304. El espíritu es el de evitar que se use dinero proveniente de los mismos delitos para la caución, o que la banda saliese a robar de nuevo para juntar el dinero.
Otro abogado de nombre en uno de los estudios de mayor prestigio de la provincia aportó una reflexión interesante. “Si la salud es prevención, entonces usted tiene centros de salud, luego el hospital y finalmente el cementerio. ¿En seguridad la cárcel es el cementerio, pero dónde están el centro de salud y el hospital?” La cárcel no es el único tratamiento para la inseguridad.
Como se ve, el dilema es muy profundo y aunque parezca una excusa de Fuenteovejuna, resulta multicausal. Como dice Mercedes Rus, hay que ver cada caso. Luego de la polémica por la imputación de “robo simple” a Carlos Estrada, el delincuente que pudo haber matado a golpes a la chica que atendía el kiosco, el Ministerio Público Fiscal se ocupó de aclarar que se le procesaría por tres causas y que arriesgaría hasta 22 años de cárcel.
Hay razones para dudar. Hasta ahora, siempre lo bendijeron con penas mínimas y unificaciones beneficiosas. Vamos a ver ahora cuántos años le dan, con qué calificación llega a juicio, y si se resuelve en un debate o en un juicio abreviado y “siga siga…” hasta la próxima vez.
Hasta que de verdad este delincuente violento logre matar a alguien.