El exgobernador de Mendoza José Octavio Bordón pidió "bajar el nivel de conflicto" entre los actores públicos vinculados al proyecto El Azufre, cuyo proceso de asignación por parte del gobernador Rodolfo Suarez de más de 12.000 hectáreas para la construcción de un centro de esquí con desarrollo inmobiliario en zona de Cordillera ha sido cuestionado esta semana por la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado.
El Azufre
José Bordón, sobre la grieta política que generó la asignación a El Azufre: "Bajemos un cambio"
El exgobernador de Mendoza fue quien firmó el convenio con la Nación que, 31 años después, resultó como argumento de un acto polémico de Suarez cuestionado por la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado
Pilo Bordón explicó, sobre el espíritu del convenio que hoy da sustento al decreto de asignación a El Azufre, que se buscó que la Provincia tuviera "más autonomía sobre esas tierras" propiedad de la Nación.
"Me pido a mí y a todos los actores públicos que bajemos el nivel de conflicto y se dejen de lado los intereses partidarios", dijo el exgobernador, que fue quien en 1990 firmó el convenio entre la Provincia y la Nación en el que, 31 años después, Suarez basó la asignación de tierras de Campo Potreros de Cordillera (Malargüe) a favor de El Azufre S.A. sin recurrir a una licitación pública previa.
Con aquellas palabras, Bordón hizo alusión a los dichos del senador Lucas Ilardo (PJ) que se refiere al proceso de asignación a privados sin licitación ni canon como "oscuro", y a las respuestas del ministro de Gobierno Víctor Ibañez, quien lo tilda de "ignorante", o la intervención del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien en un extenso hilo de Twitter trató su "comportamiento como agresivo y destructivo".
"Esto no significa que no se pueda plantear un debate o analizar si en el intento de desarrollo se cometió un error en algún momento del proceso. Pero bajemos un cambio porque así solo generamos desconfianza y ya tenemos demasiado estancamiento" en Mendoza, expresó al ser consultado por Diario UNO.
Cuál era el fin del convenio del '90 en el que Suarez basó la asignación a El Azufre
Con el cuestionamiento de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado sobre la asignación directa de más de 12.000 hectáreas del Gobierno de Mendoza a El Azufre S.A. la discusión se centró, en parte, en si el acto jurídico es válido o si era necesario proceder mediante una licitación pública.
Para el Gobierno de Mendoza y el fiscal de Estado, Fernando Simón, la asignación directa es suficiente en esta instancia del proceso en virtud de un convenio que la Provincia firmó con la Nación en 1990 y que luego fuera ratificado a través del decreto 2868/91.
Ese acuerdo fue firmado por quien era entonces gobernador de Mendoza, José Octavio Bordón. Respecto del espíritu del mismo, el ahora presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) señaló que, teniendo el federalismo de concertación como bandera, se buscó que la Provincia pudiera tener mayor capacidad de autonomía respecto de las tierras de frontera en las que, por ejemplo, está situado el proyecto El Azufre.
"Coordinar las medidas jurídicas y operativas necesarias para dar destino final al Campo Potreros de Cordillera", dice el punto tercero del acuerdo respecto del objeto del mismo. Esas tierras a las que refiere son las que la Nación expropió en 1967 y de las cuales entregó la posesión a Mendoza entre 1968 y 1969.
"Si bien no tenemos nosotros (por Mendoza) la autoridad absoluta sobre esas tierras que son de frontera, el convenio nos habilitó a poder tomar decisiones sobre el territorio. Tenía como fin que la Provincia pudiera tener capacidad de decisión respecto de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer", explicó Bordón, que acordó con Juan José Álvarez, quien era el titular de la Superintendencia Nacional de Fronteras, el plan a seguir hace 31 años.
"Aquel convenio fue una visión que tuvo mi gobierno", resaltó el Pilo Bordón, quien coloca al acuerdo por estas tierras dentro de un plan de federalismo de concertación con el que se lograron también otros tantos avances para Mendoza, como en políticas vitivinícolas o en materia de producción energética.
"Hay temas- como en el manejo de esta porción de tierra en zona de frontera- en los que la Provincia puede tener mayor capacidad de autonomía".
"Con esa filosofía firmamos aquel convenio", dice. "No tengo dudas de que tenemos que tener el máximo protagonismo posible dentro de los límites de la Provincia, siempre y cuando no haya un freno jurídico o ambiental", resalta.
Y aquí volvemos al punto en cuestión: ¿es válida la asignación directa o es necesario realizarla mediante licitación pública?
"Para cada decisión que se toma en el Gobierno uno (como gobernador) lo que hace es una consulta al asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado, según la complejidad del caso para conceder una asignación o abrir una licitación, por ejemplo. Suarez lo habrá hecho para decidir", opinó aunque sin ponerse en la posición de "árbitro" que no le corresponde.
Mientras que, si bien aseguró que no ha tenido intervención en esta ocasión y que no ha sido consultado ni por el Gobierno de Rodolfo Suarez ni por ningún ente nacional, se puso a disposición de cualquiera de las partes.
"Tenemos que abogar por la superación del conflicto. Un conflicto que hay que tratar con mucho cuidado porque no hay que frenar el desarrollo sin convicción pero tampoco avanzar sin el debido cumplimiento de la protección del ambiente y de las leyes", dijo el exgobernador sobre los contrapuntos.
Y en cuanto al impacto ambiental en sí, aseguró: "Es importante el cuidado pero, dentro de lo que la ley permite, no debe ser limitante" para el progreso. "Tenemos que generar desarrollo sustentable pero decisiones abstractas de sustentabilidad no pueden impedir el desarrollo", dijo no solo respecto de este caso en particular sino ya generalizando.