El doctor Germán Villano, director general de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE), advirtió este martes a Diario UNO que se envió una carta documento a la Provincia en la que se solicita se dé marcha atrás con la asignación de tierras a El Azufre S.A.
Rechazo al decreto de Suarez
Para la agencia nacional que pretende frenar la asignación a El Azufre "se tiene que llamar a licitación"
La discusión entre el organismo nacional y el Gobierno provincial es de interpretación del texto del convenio firmado en 1990. La AABE se apoya en el principio rector de contratación pública y reclama que se le cobre un canon al privado
El Azufre S.A. inició un expediente en Mendoza. El primer paso fue la asignación de tierras. Resta presentar el proyecto y la valoración ambiental.
El abogado justificó esta decisión, entre otras razones, en que la actuación de la agencia es necesaria previo a la realización de cualquier acto que se celebre en virtud de estos bienes.
Es así, según explicó, desde la creación de la Agencia a través del decreto 1382/2012. Entienden que técnicamente el Gobierno de Mendoza debió dar participación a la AABE antes de resolver la asignación de más de 12.000 hectáreas de posesión de la Provincia y propiedad de la Nación a la empresa El Azufre S.A., que tiene intenciones de desarrollar un importante centro de esquí en la zona Potreros de Cordillera, en Malargüe.
La principal objeción de la AABE respecto del acto del gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, radica en que la asignación se dio en forma directa y no a través de una licitación pública.
El canon que no pagará El Azufre
Otro punto importante que señala Villano es que "para todo acto que tenga destino económico se realiza una tasación por parte del Tribunal de tasaciones, se fija un canon y los diferentes oferentes (que puede ser uno solo) pujan a partir del mismo". En este caso en particular la asignación se dio de manera gratuita argumentada en las inversiones que los socios de El Azufre ya habían realizado en la zona en cuestión, según la información social.
"La licitación pública es uno de los principios rectores internacionales de contratación. Rigen excepciones pero creemos que el caso puntual de El Azufre S.A. no encuadra en ninguna. La postura de la Agencia es que se tiene que llamar a licitación", reiteró el abogado del ente decentralizado que es regido por la Jefatura de Gabinete y que tiene como presidente a Martín Cosentino Moreto.
"El decreto 1023/2001 que establece el régimen general de contrataciones públicas electrónicas y la contratación de bienes y servicios; y el decreto 1030/2016 que establece el régimen de contrataciones de la administración nacional establecen expresamente que para el procedimiento de venta o concesión debe ser la licitación", argumenta Villano.
Pero éste es uno de los principales puntos de conflicto con el Gobierno provincial que interpreta, con el aval de la Fiscalía de Estado, que como poseedor de las tierras y en virtud de la letra del convenio de 1990 celebrado entre el entonces gobernador de Mendoza José Octavio Bordón y la Superintendencia nacional de Fronteras, la Provincia está legitimada para realizar una asignación directa (no la venta ni la concesión en este caso), es decir para otorgar un permiso precario de uso a privados que cumplan con determinados requisitos como se resolvió en el caso de El Azufre.
Para el ministerio de Gobierno no sería necesario en este punto del proceso avanzar con una licitación pública, aunque el diputado Andrés Lombardi (UCR) reconoció que más adelante la propia Agencia de administración de Bienes del Estado podría llamar a una.
Por qué el Gobierno defiende la asignación
El decreto 2138/2022 resalta en sus argumentos que el plan que debía desarrollar la Provincia respecto de las tierras cedidas en posesión por la Nación debía contemplar: “la cesión de 400 hectáreas a Gendarmería Nacional entre el Paso del Planchón y las Termas del Azufre; la asignación de unidades económicas a pobladores argentinos que estén radicados en la zona, especialmente si han realizado inversiones; y el mantenimiento de emprendimientos turísticos de ciudadanos argentinos que hayan invertidoen la zona…".
Y que es en virtud de ese artículo que "no resulta necesario ni posible realizar una licitación pública, por cuanto la mención a la facultad de asignar, ceder o mantener se vincula con situaciones preexistentes como la presencia de ocupantes que ya invirtieron en la zona".
Sin embargo, desde la agencia resaltan, además de lo expuesto previamente, que en el inciso 3 del artículo 4 del convenio se establece que "la entrega ulterior de títulos propiedad quedará supeditada a la condición resolutoria que en el plazo y forma que se establezcan en los pliegos de licitación se efectúen las obras...".
Y que en el inciso siguiente reza que "la Provincia en los pliegos de licitaciones establecerá ... los mecanismos de preadjudicación, valorando con mejores puntajes a los ... actuales ocupantes", por lo que interpreta que se da a entender la necesidad de una licitación pública, al menos en algún momento del proceso.
Y en esta parte convergen Gobierno y Nación, aunque no lo dicen abiertamente. En alguna instancia, previa a la adjudicación de la propiedad de las tierras la licitación sería necesaria. El punto es que la AABE la pretende ahora y la Provincia más adelante.
Qué alcance legal tiene la nota enviada
Tal y como aseguraron desde el Gobierno de Mendoza, la nota no es vinculante. "Es una manifestación de voluntad del Gobierno nacional que se envió a través de una carta documento a la Casa de Gobierno en Mendoza y a la Casa de la Provincia en Buenos Aires", ratificó de hecho el abogado Villano.
Sin embargo, desde la AABE advirtieron que se están evaluando qué medidas judiciales podrían adoptarse en caso de que el Gobierno de Mendoza decida hacer caso omiso a la sugerencia de dejar sin efecto la asignación.
Lo que el organismo nacional entiende es que el gobernador Suarez debió haber advertido a la Nación sobre sus intenciones respecto de las tierras previamente al acto de asignación que firmó en diciembre de 2021.
Esa comunicación, según dijo Lombardi a Diario UNO, se de manera oficial con la respuesta a la carta documento enviada por la Agencia. En ella, anticiparon desde Gobierno, se darán las explicaciones técnicas del caso y se advertirá que una vez que la empresa presente el proyecto se notificará a Nación para que intervenga.
El diputado Lombardi insistió en que como no propietario de las tierras, el Estado provincial no está en condiciones de proceder a una licitación y que es por ello, y porque así lo dispone el convenio firmado con Nación, que se realizó una asignación de uso precario.