El Gobierno de Mendoza criticó con dureza la nota de la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado (AABE) por la que su presidente, Martín Cosentino, le pide al gobernador Rodolfo Suarez que deje sin efecto la asignación de tierras de Campo Potreros de Cordillera efectuada a favor de la firma El Azufre S.A., que pretende instalar un imponente centro de esquí con desarrollo inmobiliario en la zona. El diputado provincial Andrés Lombardi consideró que técnicamente se trata de un "acto irregular" y acusó a La Cámpora de "estar detrás de esta chicana política".
Rechazo a la asignación
El Gobierno de Mendoza tildó de "chicana política" el pedido de Nación para dar marcha atrás con El Azufre
El diputado Andrés Lombardi, que ofició de vocero de Casa de Gobierno, ve la mano de La Cámpora en el rechazo de la Agencia Nacional de Bienes del Estado a la asignación de 12.000 hectáreas para el centro de esquí El Azufre
La Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado solicitó mediante una nota al gobernador Suarez que deje sin efecto la asignación de tierras a El Azufre S.A.
En Casa de Gobierno ven una especie de "mano negra" en la intervención de Nación y aseguran, por lo bajo, que se trata de una mera cuestión política propiciada por La Cámpora, sector al que pertenece el presidente de esta entidad autárquica que reporta a la Jefatura de Gabinete. Lombardi abogó por esta teoría oficialmente y dijo a Diario UNO que "se trata de un movimiento más de La Cámpora para entorpecer el proceso y perjudicar a Mendoza, como ya pasó con Portezuelo del Viento".
En la nota del viernes 18 de febrero, de la que el Gobierno de Mendoza se enteró gracias a la publicación en redes del senador Lucas Ilardo (FdT), la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado consigna que la "la asignación efectuada a la firma EL AZUFRE S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio (firmado con la Superintendencia Nacional de Fronteras en 1990) ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa provincia (Mendoza) su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida- y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras".
Desconoce además la AABE, también por nota, la mensura que se realizara sobre el predio de más de 12.000 hectáreas en la zona aludida en Malargüe.
En relación a estos puntos expedidos por la Agencia, Lombardi señaló que "este tipo actos son procesos de muchos años que en este caso recién comienzan con la asignación porque la Provincia no puede llamar a licitación pública dado que no tiene la propiedad de las tierras".
"En su momento, cuando esté presentado el proyecto, se le dará intervención a la Nación que si quiere puede llamar a licitación", advirtió el diputado.
Según agregaron desde el Gobierno de Mendoza, será en definitiva el "presidente el que decida si puede hacerse efectivo o no el emprendimiento turístico para que la empresa pueda disponer de las tierras".
Para el Gobierno la nota del presidente de la AABE "es un acto irregular y no influye sobre la posibilidad de que la empresa El Azufre continúe con el proceso".
Lo que explicaron jurídicamente es que la nota no es vinculante, sino que es una "expresión de deseo" por la que el titular de la Agencia expone su interpretación de las normas y manifiesta su rechazo al decreto del gobernador Suarez.
"La Provincia de Mendoza, en su carácter de poseedor del Campo Potreros de Cordillera Norte por más de 50 años, y en virtud de convenio oportunamente celebrado con el Gobierno Nacional, actuó en pleno y legítimo ejercicio de sus facultades, asignando una de las fracciones del inmueble en cuestión conforme la función que le fuera encomendada para dar destino final al campo", indicaron a Diario UNO.
E insistieron con que el "decreto 2138/2021 implica un paso previo necesario para que la empresa pueda avanzar con los distintos estudios preliminares para llevar adelante el desarrollo del proyecto turístico y poder iniciar el acto administrativo correspondiente del Estado Nacional para efectivamente adquirir las tierras".
"En definitiva - dicen desde Casa de Gobierno- es el Presidente de la Nación quien debe decidir si acepta el proyecto de inversión y desarrollo propuesto, beneficiando de este modo el crecimiento que esto implicaría para todos los mendocinos y mendocinas".
"Si lo quieren frenar, deben esperar", concluyeron en off desde el entorno del gobernador Suarez respecto del proyecto que tiene como objeto que la sociedad formada por Alejandro Spinello, Daniel Nofal y José Beccar Varela instale un centro de esquí y desarrollos inmobiliarios en las 12.000 hectáreas asignadas.
Quien se sumó a las críticas contra el Gobierno nacional fue la presidenta del bloque de la UCR en la cámara de Diputados, Cecilia Rodríguez. La legisladora advirtió también que "la nota de la AABE que ayer (por el lunes) publicó Ilardo llegó recién hoy al Gobierno de Mendoza", lo que analizó como una "muestra del uso de los medios nacionales de La Cámpora contra los intereses de Mendoza y nuestras instituciones. Mete palos en la rueda a las posibilidades de empleo y bienestar".
Sobre esa nota que dio a conocer públicamente Ilardo, su departamento de prensa dijo en un comunicado que el rechazo de la Agencia nacional viene a aclarar que "el paso de la licitación pública es condición para avanzar con el trámite que se llevó adelante en forma exprés".
Mientras que el propio Ilardo tildó de "desprolijos" a los miembros del Gobierno mendocino. "Este accionar oscuro sobre tierras de nuestra cordillera nos ha dejado al borde de ser demandados judicialmente y a todos los mendocinos en alerta por el manejo turbio de los bienes del Estado".