El fiscal de Estado presentará el lunes en la Suprema Corte de Justicia su dictamen sobre el planteo de 4 intendentes del PJ contra la reforma constitucional que les impide buscar nuevas reelecciones.
Hay fuertes indicios de que Fernando Simón se inclinará, como dijo en el dictamen que presentó en la Sala 2 sobre la cautelar, por "revisar el criterio anterior y eventualmente dictar un pronunciamiento distinto".
Así se refería al histórico fallo de los '80 que avala las reformas constitucionales con la mayoría simple de los votos empadronados y no de los emitidos, y que ha frustrado varias carreras políticas, como las reelecciones de gobernador en Mendoza.
"Más allá del debate respecto de la obligatoriedad de los fallos de la Corte, resulta indiscutible, cuando menos, su obligatoriedad moral. El Tribunal deberá hacerlo sin perjuicio de que al dictar sentencia pueda revisar el criterio del anterior fallo y eventualmente dictar un precedente distinto, el que deberá igualmente ser obedecido". "Más allá del debate respecto de la obligatoriedad de los fallos de la Corte, resulta indiscutible, cuando menos, su obligatoriedad moral. El Tribunal deberá hacerlo sin perjuicio de que al dictar sentencia pueda revisar el criterio del anterior fallo y eventualmente dictar un precedente distinto, el que deberá igualmente ser obedecido".
Fernando Simón, en su dictamen sobre cautelar
Cuando fue convocado para opinar sobre el planteo de rápida resolución que terminó favoreciendo a los peronistas, criticó que el Ejecutivo hubiera impulsado la enmienda de la Carta Magna tan al filo del inicio del calendario electoral.
Esto fue interpretado por el Gobierno como un pronunciamiento político partidario, aludiendo a la identificación de Simón con el peronismo ya que fue legislador provincial y llegó a ser fiscal de Estado a propuesta de Francisco Pérez en 2015.
Simón también había opinado que la Sala 2 de la Corte debía resolver la cautelar urgentemente, ya que una eventual demora -tomando en cuenta las fechas de presentación de precandidatos- "causaría la frustración no sólo del derecho de participación política de los actores, sino también el derecho de los electores a decidir si votarlos o no".
En diálogo con UNO consideraba que la decisión judicial sobre la reforma constitucional debía estar a cargo de los siete jueces de la Corte por tratarse de un asunto de alta importancia institucional para Mendoza. Y dejaba traslucir su postura de que había llegado la hora de modificar el criterio del fallo de Aída Kemelmajer, Fernando Romano y Pedro Llorente, único supremo en funciones de aquel tribunal.
