Ahora se meten con Portezuelo del Viento, la mayor obra hidroeléctrica anhelada por la Provincia. Por generación de energía limpia, regulación del suministro del río más caudaloso de Mendoza, ampliación de la actividad productiva en el sur y promoción del empleo, Portezuelo es una obra impostergable.
Con el proceso licitatorio avanzado, chicanear con nuevas reuniones para revisar el proyecto y poner en duda el financiamiento, como lo hizo Alberto Fernández en La Pampa, es un mazazo a la megaobra a punto de arrancar y una zancadilla a la mayor esperanza de la Provincia por estos tiempos.
Nada es casual, aunque parezcan livianas las palabras presidenciales al referirse con frases de ocasión a cuestiones de derechos de los ríos, a supuestos consensos necesarios, o al confundir el asunto del proyecto multipropósito del río Grande, con el pleito promovido por nuestros vecinos pampeanos por el río Atuel.
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La ignorancia sobre ambas cuestiones de Alberto Fernández demuestra que la negación al financiamiento no obedece a objeciones técnicas que justificarían detener el proyecto en marcha, sino a conseguir otro propósito mediante excusas que siempre se encuentran a mano. El propio Fernández nos da una pista: "tiene sentido si todos participan de la administración de la obra y entre todos pueden resolver cuándo puede pasar más agua y cuándo no".
La frase del Presidente deja a trasluz una idea bien pergeñada que le llevaron terminada para que hiciera mella en los objetivos del gobierno de Mendoza. Si cuaja esa intención, implicaría desandar largos y trabajosos años para lograr el proyecto, y desataría una serie de vericuetos que conllevarían incluso a una reforma de la Constitución Provincial, por cuanto la movida supone una cesión de la jurisdicción en la administración del recurso hídrico.
"No voy a financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias"
De la expresión presidencial se desprenden distintos tópicos: los cuestionamientos son circunstanciales, porque las provincias cambiaron de color político hace unos meses, algo que puede volver a suceder con el tiempo. El oportunismo político no puede tirar por la borda todos los antecedentes jurídicos, técnicos, y de evaluación ambiental, económica y social que avalan a Portezuelo del Viento. El proyecto pasó por todas las instancias posibles, hasta por la Corte Suprema. Ya es rigurosamente inobjetable en esos aspectos.
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El permanente hostigamiento -una cruzada con tintes demagógicos- de La Pampa hoy es la palanca para la pretensión de desarchivar el laudo presidencial de Mauricio Macri, y este nombre, junto al del exgobernador Alfredo Cornejo, les sirve de otra excusa más para echar un manto de sospecha y embarrar la cancha.
Y en medio de la confusión de Alberto Fernández, quedó flotando lo del Atuel, litigio que todavía no termina de zanjarse con nuestros vecinos. La Corte aún no se ha expedido y hay comisiones que integran ambas provincias que vienen trabajando. Los grupos técnicos se han reunido infinidad de veces y ahora Mendoza está invitando a que la otra parte acepte dos obras (aforadores que permiten medir y regular caudales), con vocación de acordar y actitud propositiva, que todavía no encuentra eco en los pampeanos.
Cuando Fernández habla de "financiar", desconoce lo que él mismo ha firmado en el decreto 687 de 2007, como jefe de gabinete. Muchos sectores se han apurado en aclarar que la Nación no está financiando nada, sino pagando lo que por derecho le pertenece a Mendoza, en compensación a la demanda que se hizo por el tremendo perjuicio de los años de la promoción industrial. El acuerdo extrajudicial de Kirchner y Cobos recién ahora empezaba a concretarse luego de años de trabajo, consultorías, acuerdos y precisiones técnico-jurídicas.
Las tres cuotas que pagó el gobierno nacional son parte de un proceso que la gestión de Suarez no va frenar, -pese a la reunión del 26 de junio con los gobernadores que forman parte del Consejo del Río Colorado presidido por el ministro del Interior- y se encamina hacia el 3 de julio, día en que vence la presentación de ofertas por Portezuelo.
Los compromisos cuotificados en letras hasta llegar a 1.023 millones de dólares que aún debe cumplimentar la Nación no pueden ser desoídos, y tienen como destino Portezuelo, o en todo caso "otras obras hidráulicas" de la Provincia. En el peor de los escenarios, el asunto9 sería judicializado por alguna de las partes.
El juego del falso consenso
Dijo Alberto Fernández: "es un problema que debemos resolver entre todos, y no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos". La expresión presidencial es como invitar a una asamblea donde Mendoza, se sabe, hoy se encuentra en franca minoría por su color político y, lo más importante, es desconocer todo el proceso hacia atrás, en el que sólo La Pampa hizo planteos de manera consuetudinaria, que fueron desechados en todos los ámbitos correspondientes. El "resolver entre todos" de Fernández implicaría básicamente congelar la megaobra.
La estrategia obstructiva sería buscar la forma de que se llegue al Congreso con audiencia pública de impacto ambiental, un estudio que realizaron tres universidades nacionales y que ya fue aprobado por el Coirco, que integran las provincias de la cuenca, en marzo del año pasado.
"No hablo en contra de nadie, pero a quien esté río arriba no le da derechos de disponer como le plazca", remató el Presidente con liviandad, pero dejando en claro su prejuicio contra Mendoza, como si el ejercicio de sus legitimos derechos no emanaran de bases jurídicas.
El empleo en el medio de la contienda
La obra comprende más de 800 millones de dólares en cinco o seis años de ejecución. Unos 160 millones, mínimo, tendría de impacto en el lugar de la ejecución por cada año. Para comparar: el presupuesto anual para infraestructura de la Provincia viene oscilando entre 30 y 150 millones de dólares anuales desde hace dos décadas. En materia de empleo, 2.000 empleados se necesitará para las obras, más quienes trabajen en la metalmecánica. Hay que sumar entre 6.000 y 8.000 personas que en forma indirecta estarán trabajando para Portezuelo en todo el período. Esto explica la temprana reacción de todas las cámaras que nuclean a pymes defendiendo los derechos que le corresponden a Mendoza.
Terminada la obra, la generación de energía hidroeléctrica abastecerá a 130 mil hogares a través del sistema interconectado, y las regalías que le correspondan a la Provincia podrían conformar un fondo para reinvertir en el sector energético.
El beneficio no quedará sólo en Mendoza, ya que la regulación de los caudales del río Grande permitirán ampliar las zonas productivas en miles de hectáreas a todas las provincias surcadas por el río Colorado.
El trasfondo
Todavía resuena la advertencia de Alberto Fernández a Alfredo Cornejo, uno de los críticos líderes de un sector de la oposición: "yo estaría preocupado por la deuda y la situación económica que tiene Mendoza, que le ha exigido al actual gobernador pedir tanta ayuda al gobierno nacional". Aquellas palabras se decodificaron como un tiro por elevación sobre lo que luego vendría para la Provincia.
El ministro Lisandro Nieri confirmó por Nihuil que se esperan fondos de la Nación de manera urgente para poder establecer un cronograma de pagos para el medio aguinaldo. Y precisó que ha ingresado por recaudación una tercera parte en términos nominales durante marzo y abril con respecto a enero y febrero. Mientras que en mayo la caída también ha sido muy importante.
La situación derivada de la pandemia da un panorama de la debilidad de las cuentas públicas y de la necesidad de reestructurar la deuda, lo que requiere del aval de la oposición que se mantiene esquiva.
Pero la mentada ayuda nacional está llegando en menor proporción y con menos celeridad que a otras provincias afines partidariamente a la Nación.
El rigor del color político ya se hizo sentir cuando le negaron a Suarez la posibilidad de financiar infraestructura con créditos blandos, mientras Fernández hacía acuerdos con el BID por seis mil millones de dólares, y Kicillof tramita créditos con el organismo y el Banco Mundial para obras de fomento.
En círculos cristinistas trascendió que fue la vicepresidenta, y no Alberto, quien en aquella oportunidad bajó la orden a través de Wado de Pedro, de no aprobar el endeudamiento en dólares.
La especulación política está a la orden del día, y ahora se apunta a supuestos aprietes y disciplinamientos para que salga la aprobación del juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, lo que está a un voto de lograrse, pese a la resistencia opositora.
Sea como fuere, se sabe que hay cuestiones sucias que se están disputando en el Congreso, en el Consejo de la Magistratura, en la Justicia, y en otros ámbitos, por intereses particulares, que arrastran todo a las ciénagas de lo peor de la política.
El panorama es poco auspicioso para una provincia que viene padeciendo años de estancamiento en un país que no levanta cabeza, azotada por la pandemia, y encima por el maltrato del gobierno nacional, según lo que está a la vista de todos.
El gobierno provincial cuenta con todos los argumentos técnicos-jurídicos y procedimentales para avanzar sin fisuras con Portezuelo del Viento, pero hay motivos para sentir incertidumbre sobre los pasos que piensa dar el gobierno de los Fernández respecto de Mendoza. Más en un país donde el atropello al federalismo está vigente como siempre.
El Gobernador y toda la dirigencia, sea política o no, deberían cerrar filas y levantar la guardia para que nuestra provincia no siga de mal en peor.