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En representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Sandra Zapatero, secretaria de Previsión Social y Seguridad Social, expresó preocupación por “la dilación en el tratamiento del proyecto”. También, instó a que esta reparación “justa, necesaria y urgente” sea acompañada por “la participación de la riqueza nacional”.
Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, destacó que “el 70% de las personas se pueden jubilar gracias a las moratorias”. “Es importante una moratoria previsional, pero es insuficiente, ya que hay un problema más grave que es el desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado”, señaló.
En la continuidad, Silvana Capece, titular de la comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA), relastó que “tenemos un bache jurídico fáctico en el cual hombres y mujeres que han llegado a la edad jubilatoria no van a poder acceder”. Es importante que este proyecto se debata y salga. Es obligación del Estado que esto suceda. Les pedimos que articulen las medidas necesarias para el debido contralor de las obligaciones previsionales.
Micaela Bracco, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), solicitó a los legisladores “se hagan cargo del derecho, deber y el privilegio de legislar y otorgar estos derechos que fueron conculcados por razones involuntarias de las personas que se fueron perjudicadas por ello”. Asimismo, Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente – UBA, se manifestó a favor de una aprobación en general del proyecto, pero aclarando que apoyan la iniciativa de Romina Del Plá, de moratoria sin compra de años.
Cabe recordar, que el proyecto cuenta con media sanción del Senado y, además, obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en noviembre del 2022. La norma tiene como objetivo regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.
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