Para poder hacerlo, esas cooperativas deberían transformarse en Sociedades Anónimas, junto a otras imposiciones que "reglamentan en exceso" la actividad.
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El diputado Germán Gómez, del Partido Justicialista, criticó duramente al Gobierno por su trato hacia las cooperativas de trabajo: "Pareciera que cuando el Ejecutivo habla de las cooperativas, cree que son una manga de delincuentes, sin órganos de contralor, fiscalización, consejo directivo ni asamblea. Eso es todo mentira, cumplen todos los requisitos de la Ley".
La Legislatura aprobó prohibir a las cooperativas de vigilancia privada
En Mendoza hay tres cooperativas: Sarpol, Akon-Ahuac y Sistema Información Generales (SIG). Si los senadores dan su voto positivo, las tres podrían dejar de funcionar, explicó el Gerente Administrativo de Sarpol, Oscar Boglioli, quien afirmó que de Sarpol dependen directamente 210 familias, "que podrían quedar en la calle con esta norma".
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El Gerente Administrativo de Sarpol, Oscar Boglioli.
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"El artículo 16 está destinado a que no tengamos la posibilidad de crecer y nos acotan exclusivamente a trabajar en los lugares donde ya prestamos el servicio", deslizó ante la consulta de Diario UNO.
"Si esto no se modifica en el Senado no podremos crecer, ni tener más asociados que presten el servicio de vigilancia, no podríamos comenzar tener un nuevo cliente. Y también corremos el peligro de que si llegamos a perder algún cliente por cualquier motivo, porque la empresa quiebra, porque cambia de empresa de vigilancia, esa gente no la podemos reubicar porque no podríamos tomar un nuevo cliente", continuó.
El oficialismo redactó de "manera caprichosa" la reforma
Gómez explicó cómo fueron las conversaciones con el Ejecutivo para definir una posible modificación del articulado del proyecto: "Hay un nivel de capricho del radicalismo. Entonces, no sirve. Nos van a votar una ley que no estamos de acuerdo, que no nos han tenido en cuenta. Ni siquiera hemos tenido devolución de los planteos formales y materiales que hemos hecho".
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German Gómez calificó de "caprichosa" la redacción de la reforma a la ley de seguridad y vigilancia privada.
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Y agregó que así como está la norma "atenta groseramente a cuestiones que ya están previstas en nuestra Constitución Nacional, como son las de asociarse, las de ejercer toda industria lícita. Resulta que a las cooperativas le dicen 'no, ustedes están organizados como cooperativas, pero no pueden emprender nuevos negocios'".
Gómez le pidió a la UCR explicar los fundamentos que tienen para coartar la actividad. Lo hizo durante la sesión y también en la comisión de Hacienda y Presupuesto, que lidera el diputado oficialista Franco Ambrosini.
El Ejecutivo podrá acceder a información de los residentes de barrios privados
Otro de los artículos que generan bastante malestar es el que indica que las empresas privadas deberán entregar las filmaciones de las cámaras a pedido del Ejecutivo. Así lo explicita el artículo 9, que le da al Poder Ejecutivo la potestad de solicitar acceso a imágenes y sonidos de cámaras de videovigilancia sin necesidad de una orden judicial.
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El Ejecutivo podrá acceder a información confidencial de los residentes de barrios privados
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El artículo 9 reza: "La Dirección tendrá a su cargo: ........ inciso P) Requerir en cualquier momento la información contenida en todos los registros físicos e informáticos".
Al respecto, Gómez aseguró: "La forma de manejar de la información que tiene el proyecto, viola abiertamente normas que ya regulan las situaciones. Actualmente, para poder acceder a ese tipo de información, tenés que tener una orden de la Justicia. Ahora, lo que quiere el Ejecutivo es que caprichosamente pueda pedir, sin aclarar de qué forma y bajo qué situaciones, las cámaras de videovigilancia.
En qué consiste el proyecto
El Gobierno está buscando modificar la Ley 6.441, que regula la actividad de la seguridad y vigilancia privadas. Para ello envió a la Legislatura un proyecto de reforma que se tratará este miércoles en Diputados pero que ya generó polémica y malestar. Es que algunos de sus artículos violan garantías constitucionales, como el que prohíbe que las cooperativas de trabajo ya creadas puedan seguir sumando clientes en el futuro.
La iniciativa es impulsada por la ministra del área, Mercedes Rus, que incluso presentó la semana pasada la redacción ante los representantes de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, en Buenos Aires. La normativa apunta a fortalecer la integración de sistemas público-privado y mejorar el control sobre quienes ofrecen seguridad privada.
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Diputados dio media sanción un proyecto de ley de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que viola expresamente garantías constitucionales.
“Entre los puntos más importantes, se busca evitar la dispersión de datos personales y sensibles de personas que contratan servicios a empresas con rotación de personal en negro, aumentando riesgos en materia de seguridad, entre otros fines relacionados con garantizar una mayor calidad en los servicios de seguridad, tanto tradicionales como tecnológicos”, explicó Rus durante su exposición en La Rural.
Sin embargo, varios artículos del proyecto serán severamente cuestionados por miembros de la oposición, como es el caso del diputado del PJ Germán Gómez, quien se mostró alarmado por “errores groseros” en la redacción del proyecto.
