El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, oficializó este martes la creación y reglamentación del Registro de Proyectos Mineros, un instrumento clave previsto en el Código de Procedimiento Minero (Ley 9.529) que entró en vigencia en junio de 2024. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 462 que se publica este martes en el Boletín Oficial de Mendoza.
Mendoza creó un registro de Proyectos Mineros para mayor control en pleno debate legislativo. Imagen ilustrativa.
El nuevo registro será administrado por Escribanía de Minas, que deberá llevar el libro donde se inscribirán todos los peticionantes, titulares y operadores de proyectos mineros que funcionen en la provincia. Su objetivo es ordenar, transparentar y agilizar el seguimiento técnico, ambiental y administrativo de las iniciativas mineras, en línea con lo establecido por la normativa nacional y provincial.
La novedad se da a conocer en pleno debate legislativo para la ratificación o no de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto en Las Heras, PSJ Cobre Mendocino y las iniciativas en el Distrito Minero Occidental en Malargüe para la exploración de cobre.
El intendente de Malargüe, Celso Jaque, junto a la ministra Jimena Latorre y el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Un paso clave para ordenar la información minera
En la resolución, la Dirección de Minería recordó que la actividad minera está amparada por el artículo 14 de la Constitución Nacional y reconocida como de utilidad pública por el Código de Minería. En ese marco, el Estado provincial tiene la obligación de promover su desarrollo y, a la vez, de fiscalizar su cumplimiento.
La creación del registro apunta a dotar a la provincia de una herramienta que permita un control riguroso y actualizado de los proyectos, garantizando que las minas sean exploradas y explotadas bajo criterios técnicos y ambientales adecuados.
La autoridad minera destacó que la implementación es necesaria para modernizar los procesos administrativos, según establece el Código de Procedimiento Minero y las resoluciones previas del Ministerio de Energía y Ambiente (164/24 y 253/24).
La vicegobernadora Hebe Casado junto a la ministra Jimena Latorre abrieron el tratamiento de los proyectos del Distrito Minero en Malargüe en comisiones.
Obligaciones de quienes se inscriban
A partir de ahora, la inscripción deberá realizarse mediante el formulario digital disponible en el sistema Tickets de la Dirección de Minería. En su primera presentación, los operadores deberán presentar:
- Declaración Jurada de Buenas Prácticas, según la Resolución 192/24.
- Declaración Jurada Técnica, en los términos del artículo 45 de la Ley 9.529.
En caso de permisos de explotación, el programa mínimo de exploración, conforme el artículo 46 del mismo código.
Además, la Autoridad Ambiental Minera podrá exigir información técnica actualizada sobre el avance de las tareas en plazos de 15 días, especialmente en casos de cambios de etapa, discontinuidad de operaciones, cierre de campañas o modificaciones en la titularidad.
Los proyectos en etapas de prefactibilidad y factibilidad deberán reportar cálculos de reserva con fundamentos técnicos, económicos, ambientales y sociales.
Cementeras, hormigoneras y ladrilleras presentarán DIA
Con la nueva tipificación, estas industrias deberán presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Dirección de Minería, cumpliendo la normativa ambiental vigente, incluido el Decreto 820/2006, que regula los procedimientos para este tipo de evaluaciones en la provincia.
La presentación del IIA será obligatoria para cualquier actividad que se encuentre alcanzada por los procesos de tratamiento definidos —como trituración, calcinación o mezcla— ya que estos pueden generar impactos sobre el aire, el suelo y el entorno, lo que exige evaluaciones previas y controles periódicos.
La resolución instruye además a las áreas técnicas y administrativas de la Dirección de Minería a adoptar esta tipificación como criterio técnico-jurídico para evaluar y fiscalizar a las industrias involucradas. El objetivo es unificar procedimientos, mejorar la transparencia y garantizar una fiscalización ambiental adecuada en línea con las exigencias normativas.