Javier Milei adelantó que buscará reformar la Ley de Glaciares y pretende darle potestad a las provincias para que definan qué áreas son periglaciares y en dónde se puede hacer minería.
El presidente Javier Milei adelantó, a la vez que anunciaba el acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, que buscará reformar la Ley de Glaciares y el mensaje político que subyace es que esa reforma se transformó en una de sus prioridades.
Tanto es así que hasta adelantó que buscará devolverle "federalismo a las provincias y que sean ellas quienes determinen qué zonas son periglaciares", lo que le daría a cada jurisdicción la potestad de definir por ejemplo si un proyecto minero afecta la zona aledaña a sus glaciares, o no.
Pero justo ahí el presidente, tal vez por una mala interpretación o un asesoramiento fallido, cometió el error de atribuirle a Alfredo Cornejo la autoridad del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Ante la cita expresa desde la Casa de Gobierno de Mendoza empezaron a salir y entrar llamados telefónicos en el que todos los dirigentes, -incluido el mismo gobernador- descartaron que en Mendoza se haya craneado la idea. Es más: marcaron que no conocían ningún borrador del tema.
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Javier Milei adelantó que buscará reformar la Ley de Glaciares para darle potestad a las provincias de definir en qué áreas se puede hacer minería y dónde no.
La Ley de Glaciares lleva 15 años sin reglamentación
Es claro que a Milei lo desvela delimitar con precisión qué puede hacerse en las áreas periglaciares (que son las que rodean al glaciar y tienen crioformas con procesos de congelación y deshielo estacional) y ordenar competencias.
Milei sabe que la Ley de Glaciares vigente, la 26.639 data de 2010, lleva 15 años sin reglamentarse "y se redactó con un criterio que no era desarrollista de la minería", según le aportaron algunos asesores. De hecho incluyó esa reforma en el paquete de la Ley Bases, pero luego en medio de la negociación y en pos de despejar discusiones que la frenaran, esa iniciativa se sacó.
Tiene claro que las autoridades de aplicación son el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), la autoridad minera ambiental de cada provincia y la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero la ley le da a ese instituto la potestad de hacer el inventario de glaciares, algo que ahora se comenzó a discutir.
Lo que plantea el presidente, con el aval de varios gobernadores, es por qué sólo ese instituto nacional tiene el poder de delimitar las zonas periglaciares, cuando en esa definición deberían actuar las provincias con la asistencia técnica de las universidades.
Disparó el debate de la Ley de Glaciares y sorprendió a todos
Pero como nadie esperaba que disparara este debate ahora, sus declaraciones sorprendieron a propios y extraños. Es que hasta ese momento sólo se sabía que en el período de sesiones extraordinarias del Congreso el gobierno libertario priorizaría la reforma laboral, la impositiva y los cambios en el Código Penal.
De hecho, antes de sus anuncios y luego de que circularan rumores en los pasillos de la Cámara de Diputados de la Nación sobre una posible reforma de la Ley de Glaciares que contaría con el respaldo de los gobernadores de provincias mineras, Diario UNO consultó a gran parte de los legisladores nacionales por Mendoza y ninguno tenía conocimiento de que existiera proyecto alguno.
Mendoza avaló en su momento la sanción de la Ley de Glaciares y no se sumará al reclamo de sus vecinas.
El parque Aconcagua cuenta con una zona de glaciares.
Es más, algunas fuentes de Casa de Gobierno indicaban que esa potencial reforma estaba en el temario del Consejo de Mayo, pero que aún se encontraba en etapa embrionaria, en medio de un debate que aún no despuntaba.
Pero el presidente no sólo spoileó que trabaja en esa reforma sino que también dejó abierta la chance de que si ese debate no prosperaba en el Congreso, podría avanzar mediante un DNU que habilite a las provincias a regularla "como quieran".
De igual manera se prevé que esa discusión pasará para febrero de 2026, con la nueva conformación de ambas cámaras en las que La Libertad Avanza crecerá notoriamente en cantidad de diputados y senadores.
Milei y su entorno tienen claro que como la Ley de Glaciares no está reglamentada, hoy termina siendo una traba para que avancen decenas de proyectos mineros, por citar algunos de exploración de cobre, que se terminan frenando por distintas interpretaciones de aquella norma.
De hecho intentó modificarla en el paquete que incluía la Ley Bases, pero más tarde ese capítulo se sacó en pos de la negociación para que avanzara esa ley ómnibus.
Orrego reclamó reglamentar la Ley de Glaciares o que haya "una nueva"
El anuncio de Javier Milei se dio en la previa del Finance Day & TXS Roadshow que este viernes se realizó en la Bolsa de Comercio de Mendoza y que atrajo a los gobernadores de la Mesa del Cobre, con excepción del mandatario de Salta, Gustavo Sáez, que faltó por problemas de agenda.
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En la reunión que convocó a los gobernadores de la Mesa del Cobre en Mendoza, el sanjuanino Marcelo Orrego planteó la necesidad de avanzar con una reforma de la ley de Glaciares.
Foto: Nicolás Rios.
En esa cumbre, a la que acudieron unos 100 referentes entre inversores y proveedores, surgió el reclamo de varias leyes que beneficiarían el desarrollo minero y vendrían a darle seguridad jurídica a esas potenciales inversiones.
“Puede ser a través de ese camino de la reglamentación o puede ser a través de otras medidas como un acuerdo federal o una nueva ley, de la que cada provincia sea la autoridad de aplicación”, dijo Orrego ante sus colegas, empresarios e inversores.
“Si lo resolvemos, será un antes y un después”, enfatizó el sanjuanino.
Qué opciones de reforma de la Ley de Glaciares baraja Milei
Según pudo sondear Diario UNO, en la mesa del escritorio del presidente hay 3 opciones para reformar o aplicar la Ley de Glaciares:
Redactar una nueva ley que venga a completar los vacíos de la normativa vigente, que fue concebida en un momento en que el país no buscaba desarrollar la actividad minera y por tanto tiene un sesgo conservacionista.
Dictar un decreto reglamentario.
Avalar que sean las provincias las que definan convenios de aplicación, que más tarde deberían ser ratificados por las diferentes legislaturas y refrendados por el Congreso de la Nación. Esta opción contaría con el respaldo de algunos gobernadores, como es el caso del sanjuanino Marcelo Orrego, aunque hay otros que la ven endeble y creen que podría tener cuestionamientos legales.
Por qué una Ley de Glaciares sin reglamentar traba varios proyectos mineros
"No conocemos ningún proyecto de reforma de la Ley de Glaciares", así sin titubeos respondieron Cornejo y sus funcionarios cuando se los consultó por el borrador que tendría Milei en carpeta.
Sí reconocieron que el hecho de que la Ley de Glaciares lleve 15 años sin ser reglamentada genera un gris de interpretaciones y hace de cuello de botella para que puedan avanzar varios proyectos mineros.
"Acá nadie habla de que se tenga que flexibilizar la Ley de Glaciares, pero sí necesita de una reglamentación que brinde reglas claras y seguridad jurídica para todo aquel que pretende hacer una inversión minera", apuntan.
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De los 27 proyectos mineros del Malargüe Distrito Minero Occidental, el Ianigla cuestionó la viabilidad de 17 presuntamente por afectar zonas periglaciares. Ese cuestionamiento que no compartió la autoridad minera ambiental de la provincia, terminó dirimiento la Secretaría de Ambiente de la Nación, que avaló que tuvieran su declaración de Impacto Ambiental, que ahora se discute en la Legislatura.
De ejemplo citaron los 27 proyectos de exploración de cobre que conforman el Malargüe Distrito Minero Occidental II, cuya Declaración de Impacto Ambiental ya está en la Legislatura provincial.
"De los 27 proyectos, según el criterio del Ianigla había 17 que no debían continuar porque estaban en una zona periglaciar, basados sólo en la altura en que estaban previstos esos proyectos de cobre, porque estaban por encima de los 2.000 metros de altura", contaron y añadieron que ante ese criterio que la autoridad minera ambiental de Mendoza creyó cuestionable, esos proyectos se enviaron a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que dirimiera si eran viables o no.
Esa secretaría coincidió con la autoridad minera mendocina y por eso esos proyectos continuaron su curso y se les otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para que sea reafirmada por la Legislatura como exige la Ley 7.722.
En paralelo, la Secretaría de Ambiente de la Nación le propuso a la Provincia y al Ianigla elaborar una guía de referencia para buscar unificar criterios a la hora de evaluar la viabilidad de los proyectos.
"Si San Juan hubiese aplicado los criterios con los que el Ianigla cuestionó esos 17 proyectos mineros de Malargüe, hoy no estaría activo ninguno de los 6 proyectos de exploración que tiene y que son los más grandes del país", cuestionaron referentes mendocinos.
