Senadores transformaron en ley este martes tres proyectos clave para el oficialismo. Uno de ellos permite que los particulares que tengan cámaras de seguridad que apunten a espacios públicos puedan suscribir un convenio con la Provincia para que los videos de las mismas puedan ser monitoreados por la Policía si sucede un hecho relevante que así lo requiera.
Control de la seguridad
El Senado aprobó por ley que particulares puedan sumar sus cámaras al sistema público de vigilancia
Cualquier persona podrá convenir de antemano que la Policía pueda acceder a los videos de las cámaras que apunten a la vía pública cuando un hecho lo requiera
Privados podrán sumar sus cámaras de seguridad al sistema de vigilancia.
Los proyectos regulan también la ampliación del sistema de videocámaras públicas con inteligencia artificial, la expansión de medidas judiciales preventivas para eventos y controles biométricos, y la modernización del régimen policial para integrar tecnología en ciberseguridad.
La titular del Ministerio de Seguridad, Mercedes Rus, se mostró satisfecha con los avances y destacó que "las cámaras públicas son esenciales para la prevención, el abordaje efectivo de situaciones delictivas y como prueba en procesos judiciales, facilitando la obtención de condenas".
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Una de las normas legaliza la inclusión de cámaras privadas en el sistema de videovigilancia, permitiendo la visualización de las mismas por parte de la Policía, ante emergencias.
"Toda persona humana o jurídica podrá realizar convenio con la Autoridad de Aplicación para incorporar sus videocámaras al sistema de videovigilancia en los términos del acuerdo", reza la ley.
"En dicho caso, estarán obligadas en lo pertinente, a guardar los registros conforme las directrices de esta ley y del convenio"; esto es al menos por 30 días, o incluso por 90 días más si es que es requerido.
Esas cámaras quedarán incluidas en un registro que cree el Ministerio de Seguridad y pasarán a formar parte del sistema de vigilancia.
En la práctica, una persona que tenga una cámara que apunte a la vía pública podrá suscribir el convenio con el Estado y registrarla. Desde ese momento, si la Policía necesitase monitorear la zona por un hecho puntual (un robo, por ejemplo) o una investigación que lo amerite, desde el CEO van a poder posicionarse en esa cámara y acceder al video.
Otras normas aprobadas
Además, ese mismo proyecto legitima el uso de inteligencia artificial en el reconocimiento facial y de patentes, mejorando el control en la vía pública sobre personas buscadas y vehículos robados.
Según dijeron desde Seguridad, el sistema de videovigilancia, que actualmente cuenta con aproximadamente 2.170 cámaras, será modernizado para integrar nuevas tecnologías, fortaleciendo su integración con la justicia y optimizando la colaboración interjurisdiccional.
En paralelo, se aprobó una reforma clave a la Ley Nº 9.019, expandiendo notablemente los eventos incluidos en la orden del día local. En ese sentido, Rus expresó que además de las solicitudes de captura y medidas sobre vehículos, “ahora se incorporan restricciones como paraderos, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones para ingresar a eventos deportivos e inhabilitaciones para conducir”.
“Esta reforma permitirá alertas policiales en perfiles verificados biométricamente en controles, mejorando así el control preventivo y disuasorio, y colaborando con la seguridad pública y vial”, destacó la ministra.
Asimismo, la reforma impulsa el programa "Tribuna Segura", centrado en el control de acceso a estadios deportivos para garantizar entornos seguros durante eventos masivos. Mediante la integración de bases de datos como RENAPER, SISEF y SIFCOP, se asegura que personas con restricciones judiciales no puedan ingresar, fortaleciendo la seguridad en estos espacios.
Finalmente, la Legislatura aprobó por unanimidad una normativa propuesta por el diputado Enrique Thomas del PRO, que modifica el régimen de la Policía de Mendoza.
"Las nuevas modalidades delictivas, impulsadas por la tecnología y utilizadas por estafadores y hackers, requieren equipos especializados en ciberpatrullaje y ciberseguridad dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia", destacó Rus. Esta modificación, en la ley 6.722, facilitará el ingreso directo de expertos en tecnología para fortalecer la respuesta ante los desafíos actuales en seguridad.
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