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El Congreso se prepara para la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.
Pero al mandatario –como a todos nosotros, tristemente- se le está terminando el verano. Y cuando en una semana se vaya febrero y La Libertad se acerque a los cien días de gobierno, no sólo estará muy claro que no logró sancionar ni una sola ley en el período de sesiones extraordinarias –donde sólo juegan las propuestas del oficialismo-, sino que tendrá además otros problemas:
En principio, resistir a la agenda parlamentaria de la oposición. Y es un freno de mano que no conoce hasta acá. Sí vio patinar los intentos (o los no intentos, nunca sabremos) de generar consensos por parte de su equipo en el Congreso; pero no padeció tener que resistir a una agenda legislativa que venga desde los otros espacios. A once días del 1 de marzo, esa agenda viene cargada y –esto le interesa a la política provincial- con algo de participación mendocina.
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Una jugada que se viene en el Congreso
En lo que están trabajando los técnicos legales de Mendoza, o al menos una parte de ellos, es en desentrañar cómo nacieron esos fideicomisos que el Presidente barrió de un plumazo. Es decir, qué los creó: en qué están sustentados legalmente todos esos instrumentos. A eso se dedicaron al menos en las últimas dos semanas, antes de que se hiciera público -Mema lo dijo a radio Nihuil este sábado-. La Provincia avanzará con una demanda a la Nación por ese asunto.
Entre los recursos que hay que dejar de contar, el FONID (Fondo para el Incentivo Docente), que esta semana se confirmó que no se va a cobrar, sirve para ejemplificar cómo viene el panorama que tiene enfrentadas a la Provincia con la Nación.
En principio, el reclamo que hicieron Julio Cobos y Anabel Fernández Sagasti (cada uno por su lado), para que se restituya ese capital, ya marcó una característica central en la agenda que se le viene al oficialismo desde marzo: no fueron sólo la UCR por un lado y el justicialismo por el otro los que impulsaron esos proyectos, sino que a ellos se sumaron iniciativas de la izquierda y también de Margarita Stolbitzer junto a Natalia De La Sota, de Hacemos Coalición Federal. Si se hacen números, asoma otro golpe parlamentario ineludible: son todos los bloques grandes pidiendo lo mismo, menos la coalición de hecho que ya conforman LLA y el PRO.
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Cobos fue sumando apoyo radical en su crítica al oficialismo. Esta semana denunció en la Justicia a Milei.
Dato: a propósito de De La Sota, es otra de las que esta semana fueron señaladas por Milei en Twitter como “los que fingieron ser el cambio y terminaron votando con el kircherismo”; ahí metió también a los mendocinos Álvaro Martínez y Pamela Verasay, pero éstos sin comerla ni beberla, porque le venían votando todo a favor al Presidente. Aun así y con ese error incluido, el libertario los compartió en esa lista de enemigos -una más- y enfatizó: “RT hasta el infinito.
En el caso de Martínez, Diario UNO supo que Milei ya sabe de la “equivocación”. Es más, antes de eso, el economista había retuiteado el discurso en comisiones del mendocino.
Pasando en limpio, es abrumador como nunca en la era libertaria el apoyo legislativo que tiene la vuelta del FONID a las provincias. El tema es si podrán lograrlo jurídicamente, porque el Presidente no incumplió ninguna ley al dejar de pagarlo. “Se venció el 31 de diciembre y no existe más. En eso, es inapelable”, dice una fuente que trabaja desde Mendoza en la batalla judicial por los desembolsos.
La mira de lo que enviará Mendoza a la Justicia estará en los fondos fiduciarios y en que se cumpla el Pacto Fiscal de 2017. Algo que, si se mantienen los privilegios al AMBA en detrimento del interior, no se estará haciendo.
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La motosierra ya tajea a Mendoza
A todo lo anterior deben sumarse las denuncias de “porteñocentrismo” de Cornejo y Hebe Casado por los subsidios selectivos al transporte, y el hecho de que la UCR ya pasó a conminar por escrito a Martín Menem para que Diputados defina sus miembros para la Bicameral del DNU. Ahí, aunque firmaron sólo los presidentes de bloque, están embarcados varios radicales mendocinos. Incluso azuzaron la novedad en estos días, mostrando ya cierto hartazgo con la situación.
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Fayad, uno de los que tendrá que surfear la ola de quitas a la provincia.
“Sí. Igual, no nos comamos la doble vara peronista, porque la última vez que trataron un DNU de Alberto fue el 18 de noviembre de 2021 (buscaron la fecha concreta ante la consulta de este diario). Así que que tampoco sean caraduras y se rasguen las vestiduras ahora; por más que este decreto es más amplio, lógicamente”, matizaron. Es difícil saber si la fecha que dieron es correcta o si no admite otras lecturas; pero si lo es, algo de razón tienen.
El asunto es cuánto daño está haciendo a las arcas mendocinas todo este recorte a las provincias. En Casa de Gobierno manejan un número: sin contar transporte, que llega a través de fideicomisos, calculan 33 mil millones de pesos en 2023. Anualizado para este año, a través de una inflación que podría o no frenar, creen que los mendocinos perderemos 100 mil millones de pesos en todo el concepto de esta quita.
En cuanto al FONID, analizan que son unos 700 millones de pesos mensuales –a datos de diciembre-, pero además hay otros programas para escuelas que en el ministerio de Tadeo García Zalazar redondean en $2.300 millones. En transferencias discrecionales –donde Mendoza estaba en el fondo de la tabla- estaba prevista la caída de recursos y se puede ver en el Presupuesto 2024.
¿Cómo afecta? “Ya está decidido”, dice un funcionario de Cornejo. “Es borrar casi todo estímulo a la actividad privada. Fondo para la Transformación y Mendoza Activa, por ejemplo, lo más probable es que funcionen al mínimo”, apuntó. Se suma a voces que, desde la misma Casa de Gobierno, admitieron que ya hay un recorte de frecuencias a los colectivos por la merma de recursos. “Quizás no se nota porque la app reduce mucho la espera y, con ello, también el malestar de cualquier usuario”, deslizaron.
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Guerra de intendentes
La serie de reclamos cruzados por la coparticipación fue otro de los hitos de la semana. Diego Costarelli y Francisco Lo Presti, intendentes de Godoy Cruz y Las Heras, presentaron un recurso administrativo para que se dé marcha atrás a una resolución del Ministerio de Hacienda. Es decir, de Víctor Fayad. Lo que piden es que no se tomen los datos del censo hecho en 2021 porque según ellos es muy claro que estuvo mal hecho.
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Mema anunció que Mendoza va contra la Nación por vía judicial.
Los perjudica porque les marca menos población de la que ellos aseguran que en verdad tienen. Eso les significa menos coparticipación; ya que el 65% de toda esa masa se otorga por cantidad de habitantes.
En el caso de Godoy Cruz, señalan que, en 10 años según INDEC, sólo se sumaron al departamento 3.256 personas. Pero que, a la hora de votar, viendo los padrones electorales, tienen 42.113 individuos más. A eso le suma otro concepto Costarelli: “La población volátil”. Los que tienen casa en Luján, por ejemplo, pero sólo van a dormir ahí y su vida –colegio, trabajo, esparcimiento- la hacen en Godoy Cruz.
Esto activó a Esteban Allasino, el intendente de Luján de Cuyo. En primer lugar, la novedad es que el demarchista ya tiene pensado ir a la Suprema Corte y ya se lo comunicó a los suyos. En este caso, es por aquellos viejos litigios limítrofes con Las Heras que finalmente ganaron. Como no les contestaron su último recurso presentado –dicen- esto deviene directamente en una presentación al máximo tribunal mendocino.
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Los mendocinos van al INDEC
En cuanto a la coparticipación, Allasino se movió por dos vías: primero, fuentes aseguran que apuntó al INDEC y ya habló del tema con el propio Marco Lavagna. Ahí la respuesta habría sido que, como hubo una presentación provisoria antes de estos datos definitivos (en 2022), la DEIE y los intendentes tuvieron tiempo de impugnar errores. Por ese lado, la respuesta al lujanino es que se quede tranquilo.
Y el otro wing por el que encaró es el del propio Cornejo. En la intendencia aseguran tener la palabra de Cornejo de que no se hará “nada incorrecto” con respecto a esos reclamos. Es más: enero y febrero se coparticipó perfectamente.
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El tándem Costarelli - Lo Presti para reclamar por la coparticipación.
Y no sólo eso: en el Barrio Cívico convalidan que todo lo pedido por Lo Presti y Costarelli tiene un horizonte difícil: “¿La ley qué dice? Que tenemos que usar los números del INDEC. Y bueno, punto entonces. No nos vamos a mover de ahí, le pese a quien le pese. En estas cosas es cuando demostrás la institucionalidad, justamente. Se va a cumplir lo que dice la ley”, contaron desde adentro.
De todos modos, Hacienda ya había activado una maniobra algo preventiva: también dialogó con el INDEC y tiempo atrás le pidió un informe acerca de cómo fue la tarea de campo en Mendoza. Concretamente, le pidió datos desagregados de lo que están planeando los municipios. Una vez que llegue esa respuesta, las acciones pueden llegar a cambiar.
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El quiebre libertario
Los libertarios de Mendoza ya se sacaban los ojos cuando ni siquiera existían como partido y cuando todavía obtenían pocos votos en las elecciones (caso 2021 por ejemplo); con lo cual es lógico que ahora, que la estructura creció casi de forma exponencial, que tienen legisladores nacionales y hasta pusieron al mismísimo Presidente de la Nación, los conflictos también escalen de la misma manera.
Esta semana empezó a verse eso, pero con una novedad bastante llamativa: la diputada nacional Lourdes Arrieta directamente quiere armar su propio partido político y ya lanzó el trámite en la Justicia. Esto no cayó nada bien entre sus detractores y tampoco entre otros individuos, que además de detractores dicen ser también sus acreedores. Ella respondió a eso (en parte) en sus redes sociales.
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El pedido de Arrieta a la Justicia electoral en el que figura como, posiblemente, futura apoderada.
Para lograr su objetivo, Arrieta necesita 4 mil adherentes (que pueden ser afiliados a otros partidos) y 4 mil afiliados propios. Esto último para conseguir la personería jurídica, según explican fuentes judiciales.
Su trámite comenzó el 27 de diciembre y por ahora continúa. La suerte de carta que le tienen preparada algunos de sus rivales es bajarle el nombre: ella pretende que se llame La Libertad Avanza, como el frente nacional y como el partido de Martín Menem en La Rioja. “Para 2025 se lo podríamos objetar; porque, si la coalición participa con la misma nomenclatura, no podrá haber un partido que se llame igual. Y además, invocaríamos que las fuerzas que integran a esa coalición, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Libertario, son los que tienen prioridad para su uso.
Es un culebrón que nadie sabe cómo terminará y que tampoco tiene mayor trascendencia. Menos que menos, en un país que esta semana blanqueó su vergonzoso 260% de inflación, que pare un millón de pobres nuevos por mes (estudio de la Universidad Di Tella) y en cuyo Congreso, aún con ese escenario de terror ardiéndole alrededor, no logran ponerse de acuerdo, no ya para sancionar una ley (ojalá), sino ni siquiera para conformar una mísera comisión.
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