Embed - Claudio Javier Poggi, Gobernador de la Provincia de San Luis
Según publicó un diario nacional, la historia se remonta a una ley provincial de 2008, que estableció el Registro de Comunidades Originarias en San Luis.
Un año después, la "Comunidad Rankul" (ranquel) fue inscripta oficialmente frente a la Dirección de Personas Jurídicas, con una extensión de tierras: 66 mil hectáreas, más del triple del tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2017, Freixes ejerció como interventor de la comunidad ranquel, pero durante la pandemia de COVID-19, según la denuncia, comenzó una presunta estafa. Se le otorgó un poder especial para realizar operaciones administrativas y bancarias, lo que le permitió manejar enormes sumas de dinero y tomar decisiones sobre la propiedad de la tierra sin contratos adecuados.
La situación alcanzó su punto máximo cuando, días antes del cambio de mandato, se transfirieron $50 millones desde el gobierno saliente a las cuentas administradas por Freixes y su hijo. Esta acción generó indignación y llevó a la presentación de la denuncia por falsedad ideológica.
La comunidad ranquel también denunció la desaparición de vehículos y maquinaria agrícola, registrados a nombre de Freixes pero no inventariados.
Se estima que hay al menos 168 caballos y más de 8000 vacas en la propiedad, así como 130 búfalos que nunca fueron declarados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
