El peronismo se plantó en el medio de una sesión legislativa de esta semana: “No vamos a participar más en las votaciones para nombrar magistrados; ustedes se quieren quedar con la Justicia”, acusaron a viva voz, casi apuntándolos con el dedo.
El grietazo legislativo por la designación de jueces generó autocrítica y un cambio en el PJ
Se estaba tratando el pliego, nada más y nada menos que de la sobrina de María Teresa Day, la jueza que eligió Suarez para la Suprema Corte y que tanto enojo motivó en la oposición. Con ese contexto de fondo, se vienen cambios en el Consejo de la Magistratura y ya trascendió un nombre que puede desembarcar. En Cambia Mendoza sabían de antemano la jugada, pero no atajaron el conflicto. ¿Por qué?
“Nos cansamos de poner el ‘no’ al pedo”, dicen los justicialistas. “Hace rato que veníamos masticando esto y ahora simplemente nos decidimos a dar el paso. Si quieren llevarse todos los cargos del Poder Judicial y no dejarnos ninguno, perfecto. No es lo que pasaba cuando gobernábamos nosotros. No participamos más y listo”, contestaron a Diario UNO minutos después de que se conociera la noticia. El oficialismo quedó atónito. Al menos algunos, no todos.
Es que la amenaza comenzó a cumplirse este mismo martes. Se definía el traspaso a la Fiscalía de Instrucción de María Labayru – familiar de la mencionada ministra de la Corte- y fue ahí cuando estalló la grieta legislativa. Alejandro Abraham se levantó de su banca y los senadores pejotitstas, con gestos que decían “basta”, pegaron un portazo simbólico. Minutos después, apareció un comunicado en el que explicaban los argumentos de su decisión.
“Burdo. Me pareció burdo”, calificaron en el bloque radical. “Eso de levantarse e irse lo hacen para la tribuna. Este Gobierno lleva dos años. Pregunten cuándo pusieron alguna objeción en el Consejo de la Magistratura para los nombramientos de los que ahora se quejan. Nunca. Jamás”, apuntaron.
“Yo me enteré ahí mismo, no entendía nada. Miré a mis compañeros de bloque porque pensé que sólo se iban de esa sesión especial. Después hicieron circular el mensaje de Whatsapp y, bueno, ahí quedó todo un poco más claro. Pero tenían la audiencia pública del miércoles 16, en la que tratamos ese pliego. Podrían haber ido y se quejaban ahí, ¿no? Parece que no se les ocurrió o no les servía”, dijo otra fuente de la coalición gobernante.
Cómo se gestó patear el tablero
Tomó forma en una reunión privada que hizo el peronismo antes del encuentro con Suarez del 18 de febrero en el que consensuaron una estrategia común para poder hacer Portezuelo del Viento. Sagasti, intendentes y legisladores del partido –cuentan- definieron un temario de los aspectos que había que abordar. Ahí se empezó a hablar de este planteo, de la falta de “reparto” en las magistraturas (es decir, jueces, fiscales y defensores oficiales) y de hacer algo para marcar la cancha. En definitiva, lo que terminó ocurriendo esta semana.
El lunes a la siesta, en el encuentro de Labor Parlamentaria que se hace todas las semanas en el nuevo edificio de Senadores, casi se estaban palmeando las espaldas para irse cuando Lucas Ilardo avisó que iban a lanzar ese anuncio apenas horas después; que la situación era límite y por eso iban a dejar de estar en las sesiones de acuerdo hasta que no se les prestara atención a sus pedidos. Por el oficialismo estaban presentes Mario Abed y Juan Carlos Jaliff, además de los otros presidentes de bloque.
“O sea, piden una mesa de discusión para designar jueces, compuesta exclusivamente por radicales y peronistas. Eso es lo que quieren, y lo gracioso es que lo dicen así, libremente”, apuntó uno de los dirigentes estaban allí. “Nos quedamos callados un momento, la verdad no hubo una respuesta inmediata, supongo que porque nadie se lo esperaba. No pasó mucho más, sólo recuerdo que (Lautaro) Jiménez, del FIT, se excusó para irse. Dijo que bancaba formalmente el planteo, pero no lo que pretendían hacer en la práctica”, relató otro de los que estuvo ese mediodía.
No fueron los únicos sorprendidos. Varias veces se ha dicho que el PJ del Senado se mueve de una manera, y el de Diputados, de otra. Y que, en distintas oportunidades, unos no saben bien en qué andan los otros y viceversa. Fue lo que ocurrió este martes: en la Cámara Baja, un buen número de peronistas no estaba ni enterado del cachetazo a la mesa que se venía. A algunos, incluso, les cayó mal. “Todo bien, pero podrían haber avisado. Aparte esto siempre fue así. Nosotros nos tenemos que ocupar de otras cosas, me parece”, respondieron ante nuestra consulta.
Cambios en el Consejo de la Magistratura y el mea culpa peronista
Lo que propuso la oposición esta semana es una “democratización judicial”. No llegan al punto de pedir que se vote popularmente a los magistrados, como pasa en otras partes del mundo, pero sí exigen que haya cambios en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que define a los postulantes. Esos que luego serán seleccionados por el gobernador y refrendados por el Senado (ahora sin el PJ, según parece).
Es en ese cuerpo que se vienen las novedades. Además de los cinco miembros colegiados que hay (entre los que están el ministro de la Corte José Valerio y el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino), las dos fuerzas políticas predominantes tienen un miembro cada una y ambos deben salir de la Cámara de Diputados. Por el oficialismo, quien ocupa ese lugar es el sanrafaelino Adrián Reche, mientras que para los peronistas era la legisladora Silvia Stocco.
Al malestar que hubo por estos días, se le sumó que el 15 de febrero vencieron los plazos para que esos dos referentes estén en el Consejo. Con lo cual, esta semana que comienza debe votarse a sus reemplazantes y el PJ tiene un nombre casi definido: el también sureño Gustavo Perret, que acaba de aterrizar en la Cámara en reemplazo de Liliana Paponet, que se fue al Congreso de la Nación.
“Sí, está casi decidido eso y ya lo estuvimos hablando con Lucas (Ilardo) en los últimos días”, apuntaron desde el Frente de Todos. “Tiene un perfil serio y es abogado, lo que no es condición absolutamente necesaria, pero siempre es bueno, porque algunas discusiones que pueden darse sí son bastante técnicas”, acotaron.
"Lo que más hace falta es sentido común", replicaron ante nuestra pregunta específica sobre los dones necesarios. Pero agregaron que es normal designar a personas con conocimiento del derecho en ese puesto, que tiene dos años de duración y que evalúa a cada uno de los postulantes. Antes había estado la lavallina Carina Segovia (también abogada) en la silla que le corresponde al justicialismo.
Pero el cambio no sólo llega en un momento álgido en torno a la selección de los magistrados, sino que además pone el dedo en una de las llagas que tiene la oposición. Entre sus miembros hubo enojos en las últimas semanas “por la falta de resistencia a algunos nombramientos” y también dirigentes que cuestionaron a quien es suplente de Stocco en el organismo: el diputado Marcelo Aparicio.
“Si queremos plantarnos, hay que dar el ejemplo. El mismo miércoles en que el tema estaba recontra caliente por lo que habíamos hecho en Senadores, Aparicio tendría que haber ido a la reunión del Consejo. No fue”, se quejó otro diputado peronista. “Por un lado hacemos una alharaca terrible, y por el otro no vamos a poner el cuerpito cuando lo tenemos que poner”, agregaron.
Se refieren al último encuentro que realizó el cuerpo de la Magistratura Ahí se discutieron los pliegos para dos cargos de jueces. Uno en la Primera y otro en la Segunda Circunscripción Judicial. Como contó Diario UNO esta semana, en el oficialismo no sólo desestimaron el reclamo, sino que planean nombrar a veinte magistrados más sólo en los próximos meses, aunque dependerá de que se concreten todas esas vacantes, que por ahora no están firmes.
Según afirman, Stocco –en cambio- no se ausentó nunca a su tarea allí. Y de hecho es de las que mejor asistencia tienen en la Cámara, con sólo 3 faltas en todas las sesiones del 2021. Por su parte, en Cambia Mendoza no tienen intenciones de quitar a Reche de su lugar en el Consejo, por lo que seguiría donde está.
¡Que vuelva el toma y daca! (bis)
En un estudio que publicó diario Los Andes, observaron que, en realidad, los últimos dos gobiernos peronistas nombraron a muchos más magistrados que las gestiones de Cornejo y Suarez sumadas. Celso Jaque ungió a 114 funcionarios judiciales, y Paco Pérez, a 107. La suma da 221: casi duplica el número por el cual el PJ reclamó a Cambia Mendoza esta semana: en su comunicado criticaron que los dos mandatarios radicales habían designado a 113 personas en esos cargos. Casi la mitad.
“Claro, por supuesto. Pero antes nosotros aplicábamos un criterio de diálogo, de mantener cierto equilibrio, que es lo que ellos no hacen”, contestó un legislador peronista al ser confrontado por aquel dato. “Por cada tantos nombres que impulsábamos nosotros, les permitíamos a ellos (UCR; Cambia Mendoza aún no existía) poner algunos. Eso se perdió cuando llegaron al poder, y es lo que estamos marcando”, cerró.
Esto fue confirmado desde las dos veredas, en absoluta reserva, por supuesto. ¿Con qué receta se repartían? “Bueno, si había cuatro puestos a llenar, era 3 x 1; si había tres, era 2 x 1. No es que era matemático esto, te imaginarás”, contestó un exreferente de los cuatro años paquitas.
“Es mentira que se terminó cuando llegó el radicalismo. Eso nunca fue tan así y dependía de cómo estuviesen los ánimos entre las dos fuerzas”, replicó un diputado de Cambia. “Ya con Pérez, se fueron generando rupturas y cada uno llevó adelante su designio, tal como lo marca la Constitución. No hay nada raro en lo que hacemos, respetamos los procedimientos y tratamos, siempre, de que sea gente idónea”, argumentó.
La autocrítica peronista siguió. Afirman que la sequía de esas negociaciones, más allá de tener o no que ver con la polarización de fuerzas, también está relacionada con que no se hace la suficiente presión en ese ámbito. “Perdimos presencia”, dicen. “Si tenés objeciones, los tenés que cagar a pedos, como hacía la Fadel, por ejemplo. Ella se iba a las audiencias públicas con un cuestionario y les tiraba dardos en los puntos en los que los veía flojos a los postulantes. Eso después no era vinculante, obvio. Pero era un mensaje de ‘estamos atentos, estamos acá’. Lo fuimos perdiendo a eso”.
La reforma
Hubo una respuesta casi unívoca de Cambia Mendoza. “Si piden modificaciones en torno a la selección de funcionarios, que participen de la discusión por la reforma constitucional, entonces”. Según contaron algunos presentes, esa misma respuesta les dio el padre del proyecto, Víctor Ibáñez, a algunos planteos que arreciaron en el famoso encuentro por Portezuelo de hace días.
“No vinieron nunca a las reuniones de debate para los cambios constitucionales. No les interesó”, apuntaron en la bancada radical. No es cierto. Al menos no del todo: al principio la cúpula legislativa del PJ se hizo presente, aunque es verdad que sus participaciones después se fueron haciendo cada vez más chicas en número, algo probablemente motivado – en parte- por la característica electoral del 2021.
Pero es verdad que, sólo entre febrero y agosto del año pasado, hubo siete reuniones distintas en las que se discutieron los cambios a la Carta Magna que aún pretende el oficialismo. Se trataron desde generalidades hasta puntos específicos en torno, por ejemplo, a la autonomía municipal. Y convocaron a juristas, como el doctor Carlos Egües (acudió a Asuntos Constitucionales a principios del año pasado); especialistas en género (la extitular de esa cartera Silvina Anfuso asistió el 11 de marzo); y también concejales y representantes de universidades públicas y privadas.
La postura de los legisladores afines al Gobierno es que la oposición no promovió sus intenciones de cambio por esas vías institucionales. En la Sección V, Capítulo Segundo, es donde están las normas que el PJ pide modificar, sobre todo el primero de ellos –el ya mencionado artículo 150-, que es el que dispone las potestades y la conformación que tiene el Consejo de la Magistratura.
“No les interesa ningún equilibrio”, rebotaron en la bancada de la UCR. “Lo que quieren es la reforma judicial cristinista (en referencia al proyecto que el ejecutivo nacional propulsó a mediados de 2020 y que terminó paralizado). Les interesa partidizar a los postulantes para después poder exigirles resultados orgánicos, o sea, serviles a su fuerza política.
Eso es lo mismo de lo que se quejan en la vereda de enfrente. Y lo que determinó que, por ahora, el PJ no participe más de las sesiones de acuerdo. Al menos hasta no ver reflejados los cambios que le piden a la coalición gobernante.
Esto, que posiblemente sea un nuevo fracaso del diálogo político en Mendoza, comenzó con un lento hastío peronista y terminó explotando en la sesión de este martes. Aunque, en realidad, se motorizó mucho más cuando el pliego de la nueva fiscal de instrucción llegó a las manos de ciertos dirigentes opositores.
“Acá dice Labayru Day. ¿Es algo de María Teresa Day?”, preguntaron aquel día.


