“El planteo que ha hecho el peronismo es ridículo”, retrucó el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino ante el reclamo del PJ para que se cambie el sistema de elección de jueces. En medio de ese conflicto y con una oposición denunciando que el Gobierno está cooptando al Poder Judicial, se evalúa sumar a al menos a veinte magistrados más en los próximos meses, algo que promete ser conflictivo, dados los anuncios que hizo el Frente de Todos este martes.
Grieta en la Legislatura
El Gobierno respondió al PJ por el conflicto con los Jueces y planea aprobar a 20 magistrados más
La oposición asegura que Cambia Mendoza quiere controlar al Poder Judicial y pide cambios en la selección de jueces. El subsecretario de Justicia dijo que sólo es una jugada política y que quieren discriminar a una fiscal por ser sobrina de María Teresa Day. Asoman veinte nombramientos más para llenar vacantes.
El PJ pide cambios en el mecanismo para seleccionar jueces y fiscales. La última aprobación del Gobernador "colmó el vaso", aseguraron.
Es que el frente opositor estalló ante el intento de llevar a María Labayru –sobrina de la jueza suprema colocada por Suarez, María Teresa Day- a la Fiscalía de Instrucción. Diciendo que no hay calidad institucional en Mendoza y enrostrando cuántos nombramientos han hecho las dos gestiones radicales, anunciaron que se ausentarán de las sesiones de acuerdo del Senado y se fueron de la Legislatura casi dando un portazo. Piden que cambie la forma en que se selecciona a los funcionarios de la Justicia.
Sin embargo, esto no altera en absoluto los planes que hay en ese ámbito. Hay más de veinte postulantes en proceso de ocupar el lugar de magistrados (incluye jueces, fiscales y defensores oficiales) que ya están en período de selección. Muchos de ellos están relacionados con renuncias que ya fueron aceptadas por el Gobernador pero que aún no producen vacantes por no haber cobrado la primera jubilación, tramo necesario en ese mecanismo. Es más, este mismo martes hubo entrevistas para llenar tres cargos de jueces penales.
“Primero, es un desconocimiento absoluto de lo que dice la Constitución. Hay un procedimiento para designar magistrados y el Frente de Todos dice que están en contra de lo que se pide institucionalmente para hacerlo”, se quejó la senadora oficialista Mercedes Rus. “Bueno, estuvimos un año debatiendo una reforma, tuvimos encuentros con universidades, con gente idónea en este aspecto; y ellos ni siquiera asistieron a esas reuniones. Aun así, ahora dicen que quieren modificar un punto que está en nuestra Constitución”, apuntó.
D’Agostino habló en consonancia con esos dichos: “No hay ninguna posibilidad de cambiar el sistema, están haciendo política barata y nada más”, dijo ante nuestra consulta . “El mecanismo está establecido en la Constitución mendocina y se usa en todas las provincias del país. Aún con sus distintas aristas, con mínimos cambios, no hay una sola jurisdicción que no emplee la misma fórmula que nosotros”, cerró el subsecretario.
Justamente, en las últimas horas se reunió el Foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Argentina (Fofecma), un espacio de debate que reúne a referentes de los 24 espacios judiciales de las provincias y que se define como “un laboratorio viviente para pensar y modificar aspectos del ámbito jurídico”. Todos los estados provinciales, además de la Justicia nacional, comparten las mismas formas de selección.
Un problema con el apellido de la jueza
En el Justicialismo ya sabía que el pliego de Labayru había trazado todo el recorrido hasta llegar a la sesión conflictiva de este martes. Entre otras cosas, porque cada frente mayoritario de la Cámara Baja tiene un diputado en el Consejo de la Magistratura y en el caso del FdT es Silvia Stocco, a cuyo trabajo ponderan como “prolijo y muy responsable” desde el Poder Judicial.
La sobrina de la suprema María Teresa Day viene de hacer carrera en el Ministerio Público y estaba cumpliendo funciones como fiscal sustituta en la Primera Circunscripción desde hacía meses (mientras se cubre un cargo, el Procurador puede elegir, de entre todos los que pasaron las instancias examinadoras, a alguien que trabaje momentáneamente en ese cargo). Si el Consejo no optaba por ella, debía abandonarlo de inmediato, pero finalmente fue aprobado y ratificado en la última sesión del Senado.
La abogada aprobó los dos exámenes previos (uno oral y otro escrito) y no sólo quedó en la terna final para que Suarez decidiera si su pliego avanzaba, sino que fue la primera entre los tres postulantes por mayor cantidad de puntajes y votos, sacando una amplia diferencia. Hasta la peronista Stocco le dio su aval en la penúltima instancia. De esos argumentos se toma el oficialismo para desconocer los planteos del PJ.
“Es sólo una discriminación por el apellido lo que están haciendo”, dijo D’Agostino. En el comunicado de prensa que emitió el peronismo mendocino, afirmaron que haber elegido a una familiar de María Teresa Day fue lo que colmó los ánimos de la oposición, a pesar de que el senador Alejandro Abraham aclaró que no se trataba de algo puntual contra ella.
Cómo es el proceso que quiere cambiar el PJ
El mecanismo para transformarse en magistrado dura aproximadamente tres meses, desde que se llama al primer examen hasta que se termina de aprobar por un sistema de bolillas en la Legislatura. Hay que cumplir con requisitos mínimos (por ejemplo, una cantidad determinada de tiempo ejerciendo la abogacía que puede solicitar desde los cinco a los diez años) y someterse a dos exámenes bajo la mirada de los consejeros y también referentes académicos de distintas universidades.
Haber aprobado esas instancias otorga una validez técnica de dos años, y cada vez que se produce una vacante, esas personas pueden postularse para completarla. Sorteado esto, se hacen testeos psicológicos y finalmente se los somete a una entrevista con los siete miembros del Consejo de la Magistratura. Cada uno de ellos emite un puntaje y queda elaborada la terna final que llega a manos del Gobernador. Labayru quedó primera.
Estas son las instancias que el PJ critica y de las cuales, asegura, se está nutriendo el oficialismo para cooptar al Poder Judicial. Según el planteo opositor de este martes, no volverán a participar de una sesión de acuerdos hasta que no haya modificaciones en torno a dos premisas: “más representatividad popular y una democratización de la Justicia”.