La denuncia de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, al gobernador Alfredo Cornejo por una batería de "delitos" con obras públicas generó varias respuestas del Ejecutivo y de legisladores radicales que apuntaron, sobre todo, a bajarle el precio. "Es lamentable. No pasa por ningún filtro jurídico", dijo el ministro de Gobierno, Natalio Mema.
La kirchnerista, considerada una de las políticas más cercanas a Cristina Kirchner, presentó ante la Justicia Federal una denuncia por supuesta “malversación de fondos públicos” a raíz de la decisión del oficialismo de realizar obras nacionales con fondos provinciales. La acusación fue realizada junto a su equipo jurídico liderado por el abogado camporista Carlos Blanco.
La respuesta de Mema a la denuncia de Sagasti
El ministro Mema planteó varios cuestionamientos técnicos a la denuncia. En primer lugar, advirtió que es un error recurrir al fuero federal cuando, según la propia Sagasti, se habrían incumplido leyes provinciales.
En segundo término cuestionó el núcleo de la acusación: "Hablan de malversación de caudales, que hemos gastado plata. No se ha gastado un solo peso todavía. Estamos terminando los proyectos para poder determinar cuál va a ser el costo de las obras. Por lo tanto, no se puede malversar un fondo que no se ha gastado".
"En ella se entiende porque el haber estado tan alejada de la gestión te lleva a cometer este tipo de errores. Porque no se entiende de otra forma. Yo no creo que ninguna persona que haya gestionado por lo menos dos meses en la administración pública pueda cometer este tipo de errores", aseguró en el programa "No Tenés Cara", que conducen Ricardo Montacuto y Rosana Villegas en Radio Nihuil.
Además, rebatió otro punto de la denuncia donde Sagasti afirmó que estas obras no están previstas en la partida presupuestaria: "Hay una partida presupuestaria específica para hacer rutas, para arreglar y refaccionar rutas, o sea, que está en el presupuesto. Las partidas presupuestarias se pueden ampliar o disminuir. Además, es probable que en la instancia en la que estamos, tampoco este año vaya a haber un primer desembolso de pagos".
Legisladores radicales defendieron a Cornejo
Como era de esperarse, los legisladores radicales salieron a cuestionar la denuncia de Sagasti. La primera en pronunciarse fue la senadora provincial Fernanda Sabadin: "Después de años de mirar para otro lado, Anabel Fernández Sagasti denuncia a quien sí logró obras concretas para Mendoza. Llama la atención que lo haga justo en Vialidad, un área donde su espacio dejó condenas en lugar de caminos. Los mendocinos saben quién trajo hechos y quién relatos".
A Sabadin se sumó la presidenta del interbloque Frente Cambia Mendoza en el Senado: "Desopilante, increíble. Muy difícil encontrar una lógica en la posición de quienes se autoproclaman defensores del Estado presente y de los trabajadores. ¿A quiénes perjudica el deterioro de las rutas nacionales?".
"A los trabajadores, a las ambulancias, al comercio, a los turistas y a los miles de mendocinos que las padecen día a día. Gobernadores de todos los partidos políticos, incluido el peronismo, han tomado para sí obras nacionales. Porque corresponde, porque para eso gobiernan", continuó la legisladora.
Y concluyó: "En Mendoza, Alfredo Cornejo decidió continuar reclamando lo que corresponde y al mismo tiempo realizar las obras necesarias en las rutas 40, 7 y 143, pero el kirchnerismo lo denuncia. Tal vez por eso hace más de una década que no ganan una elección, porque la gente no les importa".
El presidente de la UCR local lanzó: "Primero, asesorate bien. Después, hablá"
Andrés Lombardi, presidente de la UCR local y de la Cámara de Diputados, dijo: "Denunciás ante la justicia federal al gobernador de Mendoza por supuesto incumplimiento de leyes provinciales. Error. Pones como argumento un convenio que fue ratificado por la Legislatura".
"Denunciás por la decisión política de gestionar obras que beneficiarán a todos los que circulen por esas rutas. Hasta los municipios pueden hacer obras en espacios de jurisdicción nacional con la debida autorización. La provincia cumplió con esos pasos. Firmó un convenio y lo puede ejecutar. Otros gobernadores siguieron el mismo camino y no se cuestiona la legalidad. El Presupuesto 2025, si contempla recursos para obras en rutas. Primero, asesorate bien. Después, hablá", concluyó.
Un intendente y un ex jefe comunal salieron al cruce
En la mañana marcada por un vaivén entre denuncias del kirchnerismo y críticas del radicalismo a los peronistas apareció el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez: "Llama la atención la preocupación de la senadora Anabel Fernández Sagasti por el estado de las rutas nacionales justo en este momento. Lamentablemente durante 16 años de gobiernos K, y en los 14 que lleva sentada en el Congreso, poco interés demostró porque Vialidad Nacional realizara el mantenimiento y la ampliación de la red vial nacional en Mendoza".
"En vez de ir a la Justicia Federal a denunciar al gobernador Alfredo Cornejo por tratar de facilitarle la vida a los mendocinos, debería pasar por San José 1111 (localización de la prisión domiciliaria) y pedirle a CFK los 500 millones que le faltan a los argentinos", sentenció.
El senador provincial, y ex jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias, comentó con una chicana: "¡Cómo les tira Vialidad Nacional a Anabel Fernández Sagasti y a los K!. La única causa denunciada, investigada y juzgada es la que condenó a su jefa Cristina Kirchner y cómplices por corrupción".
"Primero, que devuelvan lo que se robaron -500 millones de dólares - y después, si les queda pudor, que hagan denuncias conspirativas ¡Vamos con la tobillera todavía!", cerró.
Lo más importante de la denuncia de Sagasti a Cornejo
La denuncia presentada en el fuero federal es al gobernador por “y/o a quienes resulten responsables” por la firma, aprobación y ejecución del convenio para la realización de obras viales en rutas nacionales.
Las conductas denunciadas por Anabel Fernández Sagasti, son cuatro:
- Afectación de recursos públicos provinciales para obras de competencia federal.
- Realización del convenio sin autorización legislativa previa.
- Violación del principio de legalidad presupuestaria.
- Eventual renuncia tácita a fondos nacionales con asignación específica.







