Planean un trabajo junto con la Uncuyo

El Gobierno prepara un nuevo debate contra el PJ por el roll over, con apoyo de universidades

La nueva estrategia de Rodolfo Suarez busca involucrar al ámbito académico de Mendoza. Se está gestando un estudio sobre la sostenibilidad de la deuda y acerca de cuándo conviene la refinanciación. Explicaron que ya hay acuerdo con Ciencias Económicas

La gestión de Rodolfo Suarez, con el Ministerio de Hacienda a la cabeza, encara una nueva etapa de cruces por la refinanciación de la deuda en dólares. Sólo que esta vez habrá un actor nuevo: la Universidad Nacional de Cuyo. Según el Gobierno, en días se oficializará un acuerdo para que la Facultad de Ciencias Económicas analice el perfil de los vencimientos y estudie la operatoria que pretende hacer el Ejecutivo sin pasar por la Legislatura (o sin “volver” a pasar, de acuerdo a la concepción que tiene el oficialismo). Esta semana puede haber una nueva denuncia en la Justicia y ya hay una decisión tomada si la Corte no favorece a la iniciativa de Víctor Fayad. Pueden sumarse más universidades.

El vínculo está aceitado, entre otros motivos, porque la FCE y la cartera de finanzas han desarrollado programas en conjunto. En el último tiempo destacan investigaciones y presentaciones como, por ejemplo, “Precios Sociales”, que determinó diversos elementos de la vida económica mendocina y fue presentado en agosto de 2022. Allí trabajaron docentes de la casa de estudios –Claudia Botteon, que enseña Análisis Económico, fue un- y también funcionarios, como el titular del Sistema de Inversión Pública, Rodolfo Correa. El propio ministro cerró las exposiciones cuando se publicaron aquellos resultados.

Ahora la tarea asoma hacia el mes de febrero. La intención es preparar observaciones que puedan sumarse a la discusión política ya instalada y que permitan comprender mejor cuáles serían los beneficios del polémico roll over impulsado por el Gobierno. En concreto, será una labor que constará de dos partes: un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda, por un lado; más otro estudio, también técnico, que defina cuándo un procedimiento de refinanciación es conveniente para el Estado. Dos de los ejes que tensionan a oficialismo y oposición desde hace meses.

Las consecuencias pueden ser diversas. En primer lugar, porque una parte del gabinete cuestiona ciertas "ambigüedades" en la Ley de Administración Financiera, el elemento central en el que se basan Suarez y Fayad para empujar su maniobra. Según esas voces, y esto es compartido por colaboradores de Hacienda, es nocivo el formato en que la norma expresa los supuestos que deben darse para avanzar: es decir, lo que debe ocurrir para que la ley 8.706 habilite cambios en la estructura adeudada.

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Fayad es uno de los grandes impulsores del decreto. El Gobierno pretende rollear parte de la deuda en dólares sin un tratamiento específico en la Legislatura.

Fayad es uno de los grandes impulsores del decreto. El Gobierno pretende rollear parte de la deuda en dólares sin un tratamiento específico en la Legislatura.

Concretamente se refieren al artículo 68, que habla de una vía libre toda vez que se "mejoran los montos, o los plazos, o los intereses, o se permite cambiar garantías, o modificar el perfil, o el costo de los servicios". Sobre el final, directamente la normativa dice que "cualquier otro objeto que resulte conveniente para la Provincia" también habilita. Según el propio oficialismo, el texto es demasiado laxo en ese aspecto -a pesar de que, en este caso, los beneficia a ellos, ya que permitiría dar un paso al frente con el sólo hecho de que se cumpliese una de las tantas posibilidades que ofrece el amplio abanico descripto-.

La idea es que ese apoyo técnico y académico al que están yendo a buscar-que podría no sólo ser de la UNCuyo, sino sumar también a otras entidades- permita elevar el nivel del debate y definir con rigor cuándo hay un mejoramiento del perfil de pagos. Eso permitiría interpretar mejor la tan mentada norma y, por qué no, abrir las puertas a sus modificaciones. Con ese nuevo panorama, sea con cambios al texto o al menos con nuevas perspectivas sobre cómo aplicarlo, este Gobierno podría cumplir uno de sus grandes objetivos: dejarle a futuras gestiones la chance de rollear sin tener que acudir a la Legislatura. Al menos en casos como el que se discute actualmente.

En otras palabras, sería dejar la herramienta validada y consensuada para otros, más allá de que Suarez pueda o no aplicarla en los dos vencimientos de 2023. En el Barrio Cívico, de hecho, se habló en algún momento de acercarse al PJ y definir que el roll over por esta vía no sea aplicado ahora, pero que por lo menos se permita a partir de, por ejemplo, 2025. Fue sólo una idea y no implica que vaya a ser un camino hacia la concordia. Por ahora, sólo la Suprema Corte asoma como una entidad que pueda ordenar el conflicto, cuando falle sobre la constitucionalidad del decreto. Esta semana podría recibir la tercera denuncia en torno a esto, esta vez de la Fiscalía de Estado.

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Gobierno desmiente que el superávit sea de $70 mil millones, como dice el PJ

Según el peronismo local, el superávit de Mendoza es de entre 60 y 70 mil millones de pesos. El dato no está aislado de la coyuntura, sino que es, precisamente, uno de los argumentos opositores por los que no debería refinanciarse el bono PMM29 -el de los vencimientos en discusión-, sino que directamente debería pagarse con dicho remanente. Sin embargo, desde el oficialismo afirman que en la vereda de enfrente están sacando mal las cuentas, y que hacen proyecciones erróneas porque -entre otras causas, según ellos- toman números del último septiembre, sin contemplar que en diciembre el gasto aumenta, licuando parte de ese haber.

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Mercedes Derrache, una de las voces críticas desde la oposición.

Mercedes Derrache, una de las voces críticas desde la oposición.

Diario UNO consultó a la senadora Mercedes Derrache, quien no sólo es una de las voceras del PJ cuando se habla del tema, sino que además enarbola esas banderas: la de que el tesoro tiene guardadas casi cuatro masas salariales, y aquella que exige pagar a los acreedores con esos fondos -y no con la triangulación pretendida por Rodolfo Suarez, que implica emisión de bonos en pesos, cambio a dólar oficial en el BCRA y, ahí sí, desembolso en concepto de los vencimientos de marzo y septiembre. Respondió que el que está dando datos equivocados es el Ejecutivo, y que el superávit 2021-2022 efectivamente estará cerca de 70 mil millones de pesos. Se fundamenta, dijo, en datos de la recaudación ofrecidos por Contaduría General.

¿Quién tiene razón? Podría saberse en cuestión de días. En febrero está planificado -aunque podría modificarse- que Tesorería cierre los números del 2022. Sería casi en simultáneo a este aporte académico que está gestándose, y sobre todo, a muy poco tiempo de que haya que pagar el primer vencimiento de la deuda. Una deuda que, a propósito, no es de 120 millones de dólares para este año -como suele decirse-, sino de U$105.400.000. Incluso, aquel número difundido está mucho más cerca de todo lo que tendrá que abonar Mendoza a sus acreedores en estos doce meses (U$130 millones), pero que incluyen también a organismos multilaterales de crédito como el BID.

Igualmente el peronismo no se queda sólo en aquel pedido, acompañado también por su denuncia de inconstitucionalidad ya presentada. Además de afirmar que están dispuestos a ir a la Corte Suprema de la Nación si el fallo en el tribunal local no los satisficiera, cuestionan, justamente, aquello de que los números que miran son de septiembre. "Sí, claro. Son de ese mes porque ellos están incumpliendo la ley. Están obligados a actualizarlo cada 30 días. Estamos a 15 de enero y todavía no cambian los datos", respondieron desde el justicialismo.

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Pagar "con lo que hay" y argumentos del oficialismo

El asunto está en manos de la Suprema Corte, y según el Gobierno, si el fallo les fuese adverso o llegara después del momento en que hay que abonar, directamente harían los desembolsos con los montos que están guardados. Son entre una y dos masas salariales de acuerdo a la versión oficial, lo que equivaldría a casi 40 mil millones de pesos. Esto quiere decir que, salvo que el fallo en pleno de los siete jueces supremos lo avale, el oficialismo no avanzará con el polémico decreto 2.502 de Suarez, sino que pagaría sin rodeos ni reperfilamientos. Al menos por ahora.

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Para el Gobierno, el PJ está

Para el Gobierno, el PJ está "errando los números" cuando dice que el superávit 2021-2022 se acerca a los 70 mil millones de pesos.

Los que aguardan del otro lado son los distintos tenedores de bonos. Los acreedores de al menos el 80% de esta deuda -que se tomó en 2016- son veinte fondos de inversión distribuidos entre los Estados Unidos y algunos países europeos. Si se sentara a renegociar con ellos mismos, en lugar de saliendo a emitir nuevos bonos en pesos, sí podrían rollear bajo el paraguas de las ley 8.706. Así lo expresa el fiscal de Estado, Fernando Simón. Lo hace en medio de férreos cuestionamientos a los motivos que lo mueven, ya que en el Barrio Cívico no tienen pruritos en expresar que, para ellos, su decisión fue política y buscó favorecer al PJ.

De cualquier modo, no todo es hostilidad hacia aquel organismo, que por ahora está frenando las intenciones de Hacienda. En esos pasillos sí se pone en valor el trabajo de otras figuras más afines, como la de Pablo Frigolé, quien fuera parte de la estructura de finanzas en los gobiernos de Jaque y Pérez, y desde hace seis años secunda a Simón. "Entiende. Ha ejercido un rol que le permite comprender estos procedimientos. Hay buen diálogo, de todos modos, con la Fiscalía de Estado", aclaran en Casa de Gobierno.

Pero hay cuestionamientos, y si bien hoy se ciñen a lo discursivo, en una hipotética puja legal, una vez que la Corte empiece a juzgar el tema, pueden transformarse en las herramientas de uno y otro lado. Por ejemplo: Hacienda aduce constantemente que el dictamen de noviembre -en contra, como es sabido- no cuestiona cuán favorable sería ejecutar ese roll over, sino que sólo se ciñe a lo técnico. Además, el documento refiere a que la operatoria no produce "variación alguna en la estructura original de la deuda", cuando -señalan en calle Peltier- lo que se discute es otra cosa: si cambiar el perfil mejoraría o no las condiciones para la Provincia.

Son días decisivos, pero no sólo por los próximos vencimientos, sino también por los que vendrán después. La última palabra que diga la Justicia dispondrá mucho de cómo maneje Mendoza -política y financieramente- toda la deuda en dólares que asoma en su horizonte. Sólo con estos bonistas, los cuatro años del próximo gobernador estarán marcados por una suma superior a los 370 millones de dólares.

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