En las últimas horas fue noticia, además, que legisladores del Justicialismo junto a Protectora pidieron a la Justicia que anule el decreto, con cautelar incluida. Intentarán detener las gestiones de Gobierno para adquirir nueva deuda que sirva para pagar los pesados vencimientos de 2023.
"El Ejecutivo realiza una interpretación maliciosa del artículo 68 de la Ley 8076 de Administración Financiera, buscando saltarse la autorización legislativa prevista constitucionalmente", sostuvo Germán Gómez, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja.
legisladores contra el roll over.jpg
Legisladores justicialistas junto a José Luis Ramón (Protectora) poco después de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Otro tanto hizo el Partido Verde, también incluyendo una cautelar y la habilitación de feria, por "violación al artículo 41 de la Constitución Provincial y el 68 de la Ley de Administración financiera (Ley 8.706)".
►TE PUEDE INTERESAR: El PJ también está decidido a cuestionar en la Justicia el decreto de Rodolfo Suarez para refinanciar la deuda
Los argumentos del Fiscal de Estado
Simón, por su parte, irá al máximo tribunal sabiendo que las estadísticas no lo favorecen, ya que de los 7 magistrados, 4 suelen votar a favor del oficialismo.
La postura del fiscal de Estado irá en línea con el dictamen adverso que emitió el 14 de noviembre. Insistirá con la idea de que no se puede tomar nueva deuda sin pasar por las mayorías especiales de la Legislatura.
"Para que exista una operación de reestructuración de deuda, la deuda preexistente no puede resultar inalterada luego de realizada la operación, sino que debe ser extinguida y reemplazada por una nueva, o cuando menos modificados estructuralmente los términos en los que fue inicialmente acordada", analizan en la fiscalía de Estado.
La operación dispuesta por el Ejecutivo mediante el decreto 2502 consiste en emitir títulos públicos en pesos, para luego adquirir los dólares necesarios para pagar un vencimiento de capital del Bono PMM29.
"En definitiva, el único efecto la operación es que la adquisición de moneda extranjera para pagar los vencimientos no se realizaría con fondos de la Provincia sino con los provenientes de una nueva operación de crédito", destacan en las oficinas de Simón.
"Este Bono PMM29 que se pretende pagar, al igual que todos sus elementos (vencimientos presentes y futuros, tasa, moneda, perfil, etc.) se mantienen inalterados en su estructura, se cumple y se paga en las condiciones originales", critican.
Y cierran: "El perfil de la deuda pública considerada globalmente tampoco se modifica por la realización de esta operatoria. No se altera ningún elemento del pasivo de la Provincia manteniéndose globalmente inalterado, sólo se suman los vencimientos de la nueva deuda tomada".
Y para tomar nueva deuda, desde luego, habría que obtener la venia del Legislativo.
Rodolfo Suarez despacho.jpg
El gobernador Rodolfo Suarez asegura que el decreto es válido y cuenta con los avales necesarios.
"Reestructuración", la palabra clave
Otro eje pasa por la forma en que se interprete la palabra "reestructuración".
"En una acepción estricta y literal, 'reestructurar' implica renegociar una deuda en particular con el mismo acreedor, modificando sus condiciones en favor de la provincia, obteniendo una mejora en su monto, plazo, intereses o costo; eliminándose la deuda preexistente la que es reemplazada por una nueva (...) Es decir que se extingue la deuda anterior y nace una nueva con diferente estructura", escribió Simón en su reciente dictamen.
"En una acepción más amplia (...) existe 'reestructuración' cuando se toma un nuevo crédito público a fin de producir la modificación de la estructura de la deuda existente, considerando no una operatoria en particular sino toda la deuda en general, y pudiendo realizarse con el mismo acreedor o con otro, siendo condición esencial que se genere una modificación de la estructura de la deuda preexistente (en su monto, plazo, intereses, costos o perfil)", continuó el funcionario.
Simón recordó que anteriormente nunca se autorizó la toma de deudas para cubrir vencimientos sin pasar por las mayorías legislativas especiales que establece la ley a la hora de firmar empréstitos (2/3 de ambas cámaras).
En el caso del decreto de Suarez, la Fiscalía de Estado subrayó que "esta operatoria no produce modificación de los términos de la deuda original (...); sólo se hace frente a los pagos correspondientes al año 2023 como estaba originalmente previsto y sin producir variación alguna en la estructura original de la deuda".
Y agregó: "la conveniencia que dicha operatoria puede presentar para la Provincia (...) no constituye argumento suficiente para apartarse de la normativa constitucional y legal vigente". O sea que no debería saltarse el trámite legislativo.
Aquí, el dictamen de noviembre completo:
Dictamen-Toma-Deuda-Publica-Fiscalia-de-Estado.pdf
►TE PUEDE INTERESAR: El fiscal de Estado exigió respuestas de Ambiente ante una denuncia por irregularidades en el Aconcagua
