El Gobierno volvió a entrar en un posible conflicto con el SUTE, esta vez por una resolución que fue publicada este viernes. Ahí explica que los veedores de sindicatos verán limitado su ingreso a los establecimientos si no acuden con un acompañante de la Subsecretaría de Trabajo y tampoco podrían entrar sin una orden previa que habilite esa tarea. La responsabilidad de que se cumpla caerá sobre los directores. Si éstos quieren, igual pueden permitirles entrar.
Modificó una resolución de 2022
El Gobierno limitó inspecciones sindicales en escuelas si no hay acompañantes de la Subsecretaría de Trabajo
Se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Los directores de los colegios podrán permitir ingresos, pero serán personalmente responsables de las irregularidades que pudiesen ocurrir
Los directivos tendrán la última palabra para permitir el ingreso, según la resolución firmada por Thomas
“Los delegados gremiales solamente podrán exigir el ingreso a un establecimiento dependiente de la Dirección General de Escuelas en el marco de una inspección ordenada por la autoridad de aplicación. Siempre que los mismos se encuentren acompañados de un inspector designado especialmente por dicha autoridad”, es el texto que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
La autoridad a la que hacen referencia –sin explicitarlo nunca en toda la resolución y dejándola abierta a interpretaciones confusas- es la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza. “Excepcionalmente también puede serlo el Ministerio de Trabajo de la Nación, aunque no es común que esto ocurra”, agregaron a Diario UNO desde el órgano que controla a las escuelas.
La resolución es la modificatoria a un reglamento que ya estaba vigente y que fue resistido por los gremios: la prohibición de asambleas escolares en horarios de clases. Aquello fue decidido y comunicado en julio de 2022 a través de la resolución 2.712, donde se expresó que ese tipo de encuentros deberán finalizar al menos quince minutos antes del comienzo del día de clases, o bien comenzar quince minutos después.
La entidad que conduce José Thomas –que es quien firma además el nuevo escrito- asegura tener todas las prerrogativas para avanzar con su idea: de hecho recalcaron ser el órgano competente para dictar cualquier tipo de reglamentación vinculada a instituciones y la gestión pública educativa, algo que le habilita tanto a tomar esta decisión como la que la antecede.
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La responsabilidad cae sobre los directivos
La verificación que efectúen esos delegados debe limitarse a observar si se cumple la legislación laboral y previsional. Deben elevar primero un pedido a la Subsecretaría y, una vez aprobado y definido cuándo y cómo puede acompañarlos un veedor oficial, avanzar hacia los colegios. Eso es lo que plantea el Ejecutivo a partir de ahora.
Para ello se basó en el decreto 467/1988 y particularmente en su artículo 26. Y aclara: “mientras no se cumpla con esta obligación (la de ir acompañados y con una orden emitida en calle Rondeau), los Directores y/o funcionarios serán personalmente responsables de las irregularidades que se pudieran producir como consecuencia del ingreso de estas personas sin el acompañamiento de los inspectores de la autoridad de aplicación”.
Una vez más, se remarca que tanto los directores de escuelas como funcionarios públicos podrán permitir el ingreso de delegados sindicales, pero en ningún caso estarán obligados a hacerlo.
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