Los hermanos Félix tiraron toda la carne al asador para pelearle a la Nación la preservación y continuidad de la obra del gasoducto Gas Andes que beneficiaría a unos 26.000 usuarios de San Rafael y de General Alvear... Y ganaron la primera pulseada.
Guiño de la Justicia
El camino que llevó a los Félix y al radical Sanz a unirse por el gasoducto ante el Gobierno de Milei
Ya se dictó la cautelar para que la Nación conserve la obra del gasoducto y mande los fondos. El enojo en San Rafael y los acuerdos para llegar a ese fallo
Los ex y actual intendentes de San Rafael, Emir y Omar Félix en el gasoducto Gas Andes.
Los abogados Alfredo Juri Sticca y Francisco Perdigués, asesores durante la intendencia de Emir y ahora durante la de Omar, trabajaron durante meses con el histórico político radical Ernesto Sanz, líder del estudio jurídico más antiguo de San Rafael, para reclamar el envío de los fondos y, ante el silencio de la Secretaría de Energía, a mediados de abril concretaron la primera acción judicial contra el Estado nacional: el pedido de una medida cautelar para que la obra, hoy paralizada con un 89% de avance, no quede en la nada.
¿Cómo se gestó ese acuerdo entre peronistas y radicales sanrafaelinos ante la falta de respuesta del secretario Eduardo Rodríguez Chirillo? ¿Cómo fue la pelea de San Rafael, primero con Alberto Fernández y ahora con Javier Milei? ¿Cuánto puso realmente la Municipalidad de su caja y cómo seguirá la batalla judicial para que la obra se termine?
TE PUEDE INTERESAR: Omar Félix apuntó a Milei y pidió finalizar un gasoducto en el Sur: recibió apoyo radical
Intentaremos responder éstas y otras dudas según lo que Diario UNO pudo recabar del expediente judicial y fuentes del municipio.
Punto a favor de San Rafael en la pelea por fondos nacionales
Son más de una decena las demandas que lleva la Justicia Federal contra el Gobierno de Javier Milei por el freno al envío de fondos a las provincias pero hasta ahora ninguna ha tenido resolución. La que sí obtuvo respuesta fue la Municipalidad de San Rafael, que optó primero por presentar una cautelar rápida y concreta y así asegurarse -conforme a las pruebas presentadas- arrancar la pelea con una victoria.
Después, claro, en tiempo oportuno (los próximos 10 días), se presentará la demanda formal por un monto que podría superar los 10 millones de dólares por el fondo de la cuestión. Es decir, el cumplimiento de contrato administrativo y la falta de libramientos de fondos comprometidos para la construcción de un gasoducto, por el que se prestará el servicio público de gas natural.
Esta estrategia fue pergeñada en conjunto por los abogados de la Municipalidad y los del estudio jurídico Sanz.
Según contaron desde San Rafael, desde un primer momento (allá por 2022) se fue informando a todos los bloques del Concejo Deliberante de la Municipalidad sobre el andar de las negociaciones con la Nación, de los retrasos en los pagos y de los adelantos que hacía el municipio a la contratista para que la obra avanzara. También estaban en conocimiento de ello los legisladores sanrafaelinos, de la fuerza política que fuera.
A través de la comunicación de representantes radicales, el que siempre estuvo al tanto de la situación fue Ernesto Sanz.
Después de varias readecuaciones de montos y un parate de siete meses de envío de fondos del gobierno de Fernández, finalmente se acordó con el entonces ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa la celebración de una nueva addenda con cálculos actualizados.
La misma fue por más de $4.400 millones, se anunció en plena campaña para el balotaje y se firmó el 24 de noviembre del año pasado. El convenio contenía un cronograma de pago de tres desembolsos, el primero por $1.765 millones y los dos restantes por $1.319 millones cada uno.
Los primeros días de diciembre finalizaron los trámites administrativos para el pago del primer monto (para el que según dicen desde San Rafael la plata estaba) pero faltaba la firma. Y con el cambio de gobierno, ese gancho nunca llegó, y por tanto, los fondos tampoco.
"Tocamos todas las puertas posibles, con todos los primera línea a los que tuvimos acceso y nada", cuentan desde San Rafael.
"Después de esos meses de negativa de diálogo, los abogados entendieron que debíamos presentar una cautelar en la Justicia federal porque la contratista ya había paralizado la obra y el perjuicio podía resultar irreparable. Nos asesoramos hasta con estudios jurídicos de Buenos Aires. Y así, analizando punto por punto para asegurar que no quedara nada sin justificar, Ernesto y los abogados del municipio trabajaron en conjunto para meter la acción", dijeron.
Se trató de una cautelar innominada de excepción con tres fines: resguardar y preservar los materiales comprados y obras realizadas con dinero público del Estado Nacional y adelantos a cuenta de la Municipalidad de San Rafael; que la Nación no toque los fondos destinados al gasoducto; y que se ordene la transferencia de los desembolsos adeudados.
La resolución del juez Eduardo Puidéngolas fue notificada este jueves y fue celebrada en San Rafael, por peronistas y radicales. "En buena hora", dijo un opositor, confiado que en, si bien ahora el Gobierno nacional puede apelar la medida, entiende que "no hay margen técnico" para darla vuelta y queda un precedente sentado para la disputa posterior por el fondo de la cuestión que iniciará en breve.
De los puntos planteados por la Municipalidad, el juez hizo lugar a los dos primeros y respecto del envío de los fondos le dio un plazo de 30 días hábiles a la Nación para que se ordene y haga los trámites que faltan para concretar el primer desembolso.
La desidia del Gobierno de Javier Milei
En San Rafael no hay factibilidad de gas, de ahí la desesperación por la concreción de la obra. Una desesperación que en el Sur creen que no inmuta a nadie del gobierno nacional actual. Acusan un total desinterés y en ello se apoyan porque a la falta de respuesta a los reclamos administrativos, se sumó la falla en la audiencia conciliación convocada por el juez federal.
►TE PUEDE INTERESAR: Pasaron 14 años sin invertir en un gasoducto y a eso se deben la falta de gas y los cortes de GNC en el Sur
La abogada de la Nación aseguró no tener poder para conciliar por lo que la audiencia se cayó.
En el medio, ya con la cautelar encaminada en la Justicia, hubo un llamado de la Nación para una reunión con el secretario de Energía. Hasta Buenos Aires fue el intendente Omar Félix pero al llegar, se encontró con una sorpresa: Rodríguez Chirillo no lo recibió y mandó a un abogado.
El diálogo efectivamente estaba roto. "No nos dejaron otra salida", dijeron a Diario UNO. "Hay muchísima desidia en resguardar bienes del Estado", agregaron hasta con asombro.
El temor en San Rafael es porque el 100% de los caños -comprados con transferencias que ya hizo la Nación en su momento- ya están bajo tierra y si el tiempo pasa, no servirán más y eso terminará en daño ambiental. Lo mismo pasará con la medición de potenciales, que se vence cada seis meses.
Esas acciones de preservación, más otras tantas enumeradas en la cautelar, tienen un valor presupuestado de unos 175.000 dólares a pagar por única vez; más otros $30 millones mensuales.
El reclamo de San Rafael
Desde un primer momento, allá por 2021, hubo fallas en el cumplimiento de la Nación. Los desembolsos se iban realizando pero a cuenta gotas lo que generaba la necesidad de que la Municipalidad cubriera con fondos propios los faltantes de financiamiento para el pago de las certificaciones de obra y sus redeterminaciones de precios para evitar la suspensión o paralización de la obra.
Adelantaron pagos por más de $4.500 millones, dicen a Diario UNO. "Eso, actualizados son como $9.000 millones". Lo resaltan en San Rafael porque todas esas demoras y el tener que sacar el dinero de la caja del municipio hizo que no se pudieran destinar esos fondos para otro tipo de obras.
La diferencia que plantean entre la rabieta con el gobierno anterior y el actual, es que antes había "buena fe"; y mal que mal se iban transfiriendo fondos y celebrando nuevos acuerdos para ir actualizando montos por la escalada inflacionaria.
La obra está a 10% de finalizar y eso llevó a que 8.296 usuarios invirtieran de su dinero para hacer las obras necesarias para que el gas llegue a sus casas.
La calentura es muy grande porque a la paralización de la obra del gasoducto se le suma también la del aeropuerto y la del Acceso Norte, un tramo que está destruido y para el que ya hay una licitación y fondos aprobados del BID.
Puntualmente la cautelar actual versa sobre el cumplimiento de la última addenda por el gasoducto, la de noviembre del año pasado, la de los más de $4.400 millones que entraron para la firma del secretario de Energía de Milei el 9 de febrero.
De esos, para que la obra no se parara, San Rafael acreditó haber puesto otra vez de "su bolsillo" otros más de $575 millones.
Lo que sigue en materia judicial es la batalla de fondo, por el cumplimiento total del contrato firmado.
"Solo queremos que se le pague lo que se le debe a la UTE, que recuperemos lo que se le adeuda al Municipio y que la obra se haga. Tener que ir a la Justicia no nos alegra. Pero no nos dejaron opción", ratificaron desde el Sur.