Este acuerdo llega después de que conla demanda que interpuso en octubre, la AABE buscara desalojar en un trámite expedito a todos los "intrusos y/o ocupantes de las tierras pertenecientes al Campo Potreros de Cordillera Norte" donde El Azufre tiene sus instalaciones boutique y trabaja en post de la construcción de un centro de esquí de categoría.
Finalmente, tanto El Azufre SA como la Provincia de Mendoza que se anoticiaron por los medios, fueron admitidos como parte en el proceso, por lo que se terminó discutiendo la competencia del Juzgado Federal de San Rafael.
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El Azufre y la Nación, propietaria de las tierras fiscales asignadas por la Provincia, buscan un acuerdo extrajudicial.
El fiscal de Cámara Dante Vega dictaminó que corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque la Nación reclamó mediante un recurso revocatorio, no solo esto sino también la incorporación de las partes al proceso.
Mientras la Cámara de Apelaciones analizaba el recurso de alzada, la propia Agencia de Administración de Bienes del Estado y los representantes legales de El Azufre pidieron tiempo para negociar de manera privada la mejor vía jurídica para avanzar o no con el proyecto y las inversiones.
Impasse entre la Nación y El Azufre para negociar
La búsqueda de la Nación de recuperar la posesión de las tierras que el Gobierno provincial le asignó a El Azufre para el desarrollo de un centro turístico boutique entró en un proceso de "negociación" extrajudicial.
Así quedó sentado incluso ante la Justicia Federal que tuvo que dar el ok para la suspensión provisoria del proceso de lanzamiento o desalojo que comenzó en octubre y que, por entonces, la Agencia de Administración de Bienes del Estado pensaba que se resolvería rápidamente.
Si bien la AABE se manifestó en contra de la decisión de Mendoza de asignar las 12.000 hectáreas ubicadas en Malargüe y, por tanto, del avance de El Azufre en su proyecto turístico, la apertura de un centro de sky aventura boutique durante la temporada de invierno 2022 se transformó en un hecho.
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Ante la defensa de Mendoza del acto legal que legitimó la posesión de El Azufre y su inversión en la zona, la Nación fue más allá y en octubre inició una demanda por desalojo.
En la misma, la Justicia Federal de San Rafael admitió la participación como parte interesada tanto a la empresa como la Provincia de Mendoza, que se presentó el 14 de octubre en la causa después de haber tomado conocimiento de la misma por los medios de comunicación.
La defensa de Mendoza y el pedido de que intervenga la Corte
"No existe irregularidad ni incumplimiento alguno de la Provincia de Mendoza", se defendió el Gobierno basando sus actuaciones en el viejo convenio que en 1991 se firmó con la Nación para dar destino final al Campo Potreros de Cordillera.
"El Azufre acreditó la realización de inversiones en los terrenos asignados, correspondientes al desarrollo futuro de un centro turístico de esquí", explicó Mendoza y aclaró que "no se trata de una transferencia de dominio sino de una asignación" dado que "la convocatoria a una licitación se justifica solamente si es posible garantizar la concurrencia".
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El decreto de fines del año pasado, dice el Gobierno que "no implica disposición de las tierras, ni afectación del patrimonio público". Que no se han transferido tierras y que en el propio decreto se reconoce la titularidad de la Nación sobre las tierras y que se indica que la decisión final ante una eventual transferencia quedará en manos de ella.
Justifica su participación en el proceso porque la propia AABE le mandó una nota en febrero pidiendo dar marcha atrás con la asignación de tierras. entonces, dice Mendoza, "no puede ahora la AABE dirigir una acción de desalojo contra El Azufre SA sin haber cuestionado por las vías legales pertinentes la norma que dispuso la asignación".
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Si bien todos los caminos indicaban que sería la Corte la que resolvería el desalojo o no de El Azufre en la cordillera, la Nación y la empresa intentarán acordar de manera privada.
Diario UNO
Esos argumentos fueron bien valorados por Eduardo Puigdéngolas, el juez federal interviniente, que hizo parte del proceso a la Provincia de Mendoza.
En virtud de ello, se empezó a cuestionar la competencia de la Justicia Federal de San Rafael y el fiscal Ariel Sabás dictaminó que efectivamente debía intervenir de manera originaria la Corte Suprema de Justicia.
Tras la apelación de la AABE, a principios de noviembre el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Dante Vega, emitió su dictamen coincidiendo con el fiscal de primera instancia.
Para él, tanto el requisito de parte interesada (que es una provincia) como el de la materia federal que se intenta dirimir son requisitos que cumplen con la competencia originaria de la Corte.
La Nación insistió con la competencia de la Primera Instancia hasta que acordó con una de las partes
La AABE expresó agravios porque entre que se resolvió el traspaso de las actuaciones a la Corte, entiende que se desconoció su recurso de revocatoria con apelación a las presentaciones de El Azufre y de la Provincia de Mendoza, a quienes no consideraba como parte del proceso.
Entre otros puntos, planteó también que no se cumplió con el procedimiento expedito de devolución de tierras fiscales y se armó un "caso" con la arbitraria incorporación de las partes.
Pidió entonces la AABE que se le dé el recurso revocatorio, se desvincule del expediente a las otras partes y se revoque la decisión del 24 de octubre de 2022 que otorgó competencia a la CSJN.
Entre tanto la Cámara resolvía este planteo, llegó el sorpresivo pedido de suspensión de plazos del proceso por un acuerdo al que llegaron de manera particular la Nación y El Azufre.
El argumento del mismo es que iniciaron un proceso de negociación.
Así, la causa estará frenada por lo menos hasta mediados de enero.
