La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este martes el despacho de la denominada "ley macro" que envió el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa contempla la adhesión de la provincia al RIMI (Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones), la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos y la liquidación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.
Un plenario de tres comisiones -Hacienda, Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y Economía- dio el aval, por mayoría de votos, al ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo. La iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto con el respaldo de legisladores del oficialismo y aliados.
Según la fundamentación oficial, el proyecto busca "continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión", a través del saneamiento de activos históricos y la reconfiguración de organismos clave. Durante el debate en comisiones presidido por Elisabeth Crescitelli (UCR), Beatriz Martínez (UCR) y Fernanda Kaufman (LLA), se incorporaron modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.
Adhesión al RIMI con "plus" mendocino
Mendoza busca acoplarse al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) a nivel nacional enfocado en Mipymes, que ofrece amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA por dos años.
Sin embargo, la provincia sumará beneficios impositivos locales por un plazo de 10 años para volver más atractivo el territorio:
- Estabilidad impositiva: no se incrementará la carga tributaria provincial a las empresas adheridas.
- Financiamiento: acceso prioritario a subsidios de tasas.
- Otros incentivos: prioridad en capacitación técnica, programas de fomento del empleo y radicación preferente en parques industriales provinciales.
Reestructuración integral del Instituto de Juegos y Casinos
La ley otorga un plazo de un año para avanzar en una reorganización profunda del Instituto de Juegos y Casinos para asegurar su sostenibilidad financiera, aunque con un límite clave: se garantizó que no se verán afectados los fondos destinados a los programas de salud (según la Ley 8.701).
Para el personal de planta permanente se prevén salidas acordadas antes de avanzar con reestructuraciones directas:
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Retiro voluntario: con una indemnización de hasta 120% de lo determina ley (quienes adhieran no podrán volver al Estado por un tiempo).
Reubicación: traslado a otras áreas del Casino o a otros organismos del sector público, respetando antigüedad y nivel de ingresos (mediante adicionales compensatorios si la nueva función paga menos).
Despido: en caso de no prosperar las opciones anteriores, se procederá a la extinción del vínculo con indemnización.
Liquidación del Fondo para la Transformación
El histórico fondo creado en 1993 dejará atrás su esquema actual. Ante el desgaste de su patrimonio, el Estado redefinirá su rol: el FPTyC dejará de otorgar créditos directos y será eliminado. Lo reemplazará la Dirección de Financiamiento Productivo para enfocarse en subsidiar tasas de interés de bancos privados para pymes y asistir en emergencias coyunturales.
El Ministerio de Hacienda nombrará un liquidador para llevar adelante el proceso administrativo y laboral del organismo. Durante la liquidación, se suspende la obligación de publicar informes tradicionales y se establece la obligación de presentar un informe trimestral de avance ante Hacienda y la Legislatura.
Por otra parte, casi 30 años después de las privatizaciones de los '90, la provincia busca limpiar los activos remanentes de los ex bancos provinciales a través de la DAABO. La norma autoriza a dar de baja créditos incobrables por prescripción, quiebras o insolvencia, eliminándolos del sistema contable Sidico.
Un punto central para los ciudadanos es que se podrán cancelar las garantías reales e hipotecas asociadas a estos créditos viejos, lo que destrabará la situación legal de miles de bienes para que puedan volver al circuito económico.





