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Los datos oficiales sobre la demanda que ingresó el 4 de octubre. La captura se hizo a las 19.45 del miércoles.
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El Azufre y los terrenos en discusión
El centro de esquí que se planea instalar en Malargüe generó polémica desde que el 7 de enero se pudo leer en el Boletín Oficial de Mendoza que, a través de un decreto del gobernador Rodolfo Suarez, se le asignaron 12.000 hectáreas fiscales a El Azufre S.A. para concretar su proyecto turístico.
Mientras desde el oficialismo provincial y la comuna malargüina salieron a defender el emprendimiento argumentando que representaba la oportunidad de instalar en la provincia el mejor centro de esquí de Sudamérica, trayendo divisas y empleos para cientos de personas, desde la oposición denunciaron la "entrega de tierras públicas" y criticaron que se viniera avanzando en diversas tareas "sin que existan estudios de impacto ambiental".
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El Azufre durante el invierno 2022.
En aquella oportunidad, el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez, retrucó que se trata de "tierras del Estado Nacional que en 1969 fueron cedidas a Mendoza en posesión", y añadió que, como se trata de una zona de frontera, se rige por un régimen legal especial.
Es en ese contrapunto que se incorpora la reciente demanda de la AABE contra la firma que integran José Beccar Varela, Alejandro Spinello y Daniel Nofal.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación del establecimiento que este invierno recibió a sus primeros turistas y entusiasmó a muchos malargüinos que lamentaron el "parate" de otras iniciativas, como el despegue de la minería y la megaobra Portezuelo del Viento.
Por lo pronto, varios referentes del peronismo provincial -entre ellos la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el senador provincial Lucas Ilardo- difundieron la presentación contra El Azufre que se hizo ante la Justicia.
La AABE depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación a cargo el tucumano Juan Manzur y está presidida desde agosto por el arquitecto Eduardo Alfonso Albanese, ex gerente general de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. Sería ingenuo, pues, no ver en la puja jurídica una clara dimensión política.
De hecho, hubo un detalle que llamó la atención al promediar la tarde del miércoles: si se rastreaba la causa, había dejado de aparecer en el sistema de búsquedas del Poder Judicial. En su lugar figuraba un mensaje que decía: "Expediente inexistente o no disponible para su consulta pública".
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