Rige desde el 2018

Dos comunas del PJ no adhieren a la ley que obliga a dar información pública y otra no la cumple

La ley de Acceso a la Información Pública que obliga a difundir información de los tres poderes del Estado rige desde hace 4 años, pero aún las comunas de La Paz y Lavalle no han adherido. San Rafael sí se sumó, pero todavía no nombra oficialmente al funcionario que debe garantizar que esa información se brinde

En Mendoza el Acceso a la Información Pública rige por ley desde el 2018 y viene a garantizar que cualquier persona que pretenda obtener datos de temas referentes a los tres poderes del Estado, como gastos públicos o ingresos de los funcionarios, pueda tenerlos de forma ágil en un plazo de 15 días, con chances de que el organismo aludido pueda pedir una sola prórroga, sin depender de la "buena voluntad" de un funcionario que quiera brindarla o no, según le convenga o no.

Sin embargo, y pese a que la ley rige desde hace ya 4 años, y desde que se promulgó invitó a las comunas a adherir, aún no se plegaron las comunas de La Paz y Lavalle. El resto de las 16 intendencias no sólo adhirieron, la gran mayoría cuenta con uno o dos funcionarios dedicados a garantizar que se cumpla.

"La Paz no sólo no ha adherido, sino que tampoco creó un sistema propio. Lavalle, sí tiene su propio procedimiento para brindar esa información. Al no adherir a la ley provincial, la Oficina de Ética Pública que es garante de que la ley se cumpla no tiene autoridad plena sobre lo que informan esas comunas. Sin embargo, si una persona pidiera una información que se le negara o no se le respondiera, nos puede elevar un recurso a nosotros y desde acá se hace el reclamo. De persistir podemos aplicar sanciones y multas" confirmó el Subdirector de Acceso a la Información Pública, Diego Seoane, que depende de la Oficina de Ética Pública.

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Desde La Paz, el mismo intendente Fernando Ubieta, dijo desconocer porqué el Concejo Deliberante no había adherido a la ley provincial, pero acotó que "toda la información de los movimientos de la intendencia se suben a la página y ahí está disponible para todo el que quiera conseguirlo".

Por su lado, el director de Innovación Pública de Lavalle, David Fiore, confirmó que en esa comuna "estamos en proceso de generar nuestro propio sistema y que no nos agarre en frío cuando lleguen los pedidos de informes. El Concejo Deliberante decidió adherir hace como un año y nos puso el plazo límite para tener nuestro sistema en noviembre próximo".

Según el funcionario de la comuna que lidera Roberto Righi, argumentó que decidieron elaborar su propio sistema porque así lo sugirió el Concejo Deliberante, y "nos pareció atinado hacerlo nosotros mismos porque tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Además por ahí hay falta de coordinación con algunas oficinas provinciales y nos pareció más rápido hacerlo nosotros".

Pese a la rapidez a la que aspira el funcionario lavallino, hay que decir que la ley está vigente desde el 2018, pero Lavalle recién adhirió el año pasado y desde ahí les tomará un año para tener su propio sistema.

Un requisito formal con el que San Rafael no ha cumplido

Esa ley, la 9070, establece que las comunas que se adhieren deben designar al menos un funcionario garante, que es el responsable de asegurar que la información se brinde y responda a los requerimientos de quien la pide.

A nivel provincial, quien garantiza que se cumpla con esos pedidos es justamente la Oficina de Ética Pública, que dispone de un sistema de ticket on line para que cualquier persona ingrese por allí sus pedidos y se le respondan por la misma vía, sin que tenga que ir en persona a ningún organismo puntual.

En el listado de comunas que adhieren a la ley, resalta que San Rafael, no ha informado de la designación de ese funcionario. Eso fue lo que denunció también Leonardo Yapur, concejal de Cambia Mendoza de aquella comuna, quien cuestionó el retraso y añadió un cuadro con los datos oficiales que corroboran su denuncia.

Es más, sumó que él mismo ha hecho pedidos puntuales de información pública que no le fueron respondidos.

Twit de Leonardo Yapur.JPG

"Pese a que la comuna adhirió, la ley no se cumple completamente porque no han nombrado a ese funcionario garante de que se brinde la información. La Oficina de Ética Pública tiene un sistema on line para hacer esos pedidos, pero San Rafael está afuera de ese sistema y la consecuencia es que esos pedidos pueden dilatarse meses. Yo como concejal pedí información sobre el uso del combustible en vehículos oficiales, y me derivaron a hablar con otras áreas, por eso lo gestioné con el Tribunal de Cuentas", ejemplificó Yapur.

Para corroborar la denuncia que hizo el concejal Yapur, Diario UNO consultó los registros actuales de los organismos e intendencias que han adherido a la ley de Acceso a la Información Pública que se publica en la página de Ética Pública. Allí, en un cuadro actualizado en junio pasado sigue figurando que San Rafael no ha nombrado, o al menos no ha informado el nombramiento de ese funcionario garante.

Funcionarios_Garantes_de la Ley de Acceso a la Información Pública actualizados a junio_2022.pdf

"Pese a haberlo emplazado en reiteradas oportunidades para que nombren a ese funcionario, que debería hacer de nexo entre esta oficina y la comuna, y que tiene una responsabilidad importante a la hora de garantizar este derecho de acceso a la información, hasta el momento siguen sin informarnos oficialmente quien cumplirá con esa función en esa intendencia", ratificó Seoane.

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"Cada consulta que se recibe es respondida por el funcionario encargado"

Desde la comuna que comanda Emir Félix negaron que eludan brindar información pública, y aseguraron que Daniel González es el funcionario encargado de cumplir ese rol, que ya está nombrado "pero falta el detalle de que se cargue en la página".

"El hecho de que no haya sido designado con anterioridad, no fue un obstáculo para que el municipio respondiera a cada planteo surgido desde Ética Pública. Siempre que ingresó un pedido de informes, cada consulta que hubo fue respondida por el funcionario del área", aseguraron los voceros oficiales.

Para reforzar esa aseveración indicaron que aquel pedido de informes sobre los gastos de combustible "se respondió el 12 de agosto pasado y lo hizo el Secretario de Gobierno (Nahuel Arscone) en tiempo y forma".

También recordaron que el pasado 8 de abril "los tres secretarios, el de Gobierno, el de Obras Públicas y el de Hacienda, acudieron al Concejo Deliberante y allí respondieron todos los requerimientos y cuestionamientos de los ediles", marcaron y lo consideraron una muestra de la buena voluntad que tienen a la hora de brindar la información oficial.

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