Diputados ya debate el Presupuesto con la presión de la oposición por discapacidad y Universidades

El bloque de La Libertad Avanza busca ratificar el sendero de equilibrio fiscal estricto. Sin embargo, el margen de maniobra técnico resulta reducido: cerca del 70% de las erogaciones totales corresponde a gastos rígidos comprometidos en prestaciones previsionales, programas sociales y compromisos de deuda. A su vez, el proyecto destina 102 billones de pesos a la seguridad social, partida en la que se contempla la prórroga del bono extraordinario de $70.000 para jubilados sin actualizaciones nominales.

Para obtener la aprobación parlamentaria antes del fin del período ordinario en noviembre, el oficialismo requiere articular acuerdos políticos con bloques dialoguistas como la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, dado que sus 95 bancadas resultan insuficientes para alcanzar el quórum de 129 legisladores y la mayoría simple requerida.

La oposición exige cambios en el presupuesto universitario

El eje central de los cuestionamientos hacia la iniciativa oficial se concentró en los fondos destinados a las casas de altos estudios. La Ley de Financiamiento Universitario se transformó en el punto ineludible de las demandas elevadas tanto por Unión por la Patria como por las bancadas colaborativas.

Desde Unión por la Patria, el diputado Guillermo Michel remitió una presentación formal a las autoridades de la comisión para exigir el cumplimiento de la norma y el acatamiento de recientes fallos judiciales sobre la materia. La propuesta del espacio opositor plantea reasignar partidas de las Obligaciones a cargo del Tesoro hacia las universidades nacionales, buscando cubrir la brecha existente entre los 7,3 billones de pesos asignados en el proyecto y los 11 billones de pesos reclamados por el Consejo Interuniversitario para sostener el funcionamiento institucional.

Las bancadas opositoras coinciden en que la readecuación presupuestaria debe contemplar el financiamiento universitario de forma prioritaria, sin alterar el resultado primario proyectado por la administración central para el periodo fiscal.

Modificaciones en discapacidad y reclamos de la Provincia y los gobernadores

Junto con el reclamo educativo, la vigencia del marco normativo en discapacidad generó fuertes discusiones entre los integrantes de las bancadas opositoras. El proyecto original planteaba la derogación de artículos clave de la ley de emergencia del sector, modificando la estructura de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y la homogeneidad del arancelamiento único para prestadores. Ante el rechazo generalizado, el oficialismo analiza retirar esas modificaciones y avalar una propuesta consensuada cuyo costo fiscal ronda los 600.000 millones de pesos.

En paralelo, las negociaciones conducidas por la Jefatura de Gabinete de Ministros incorporan la presión territorial ejercida por los estados provinciales. Los mandatarios demandan precisiones sobre los recursos para obras públicas, la reactivación de las transferencias a las cajas jubilatorias no transferidas y el reparto del gasto federal que impacta directamente en cada provincia.

El cronograma prevé reuniones informativas semanales durante octubre con funcionarios del Ministerio de Economía para lograr dictamen de mayoría durante los primeros días de noviembre.