El presidente de la Suprema Corte de Justicia será el primero de los siete supremos en resolver tres planteos contra el decreto de Rodolfo Suarez para refinanciar vencimientos de la deuda pública.
Polémico decreto
Deuda pública: Dalmiro Garay fue elegido para emitir el voto preopinante del fallo de la Corte
La Suprema Corte sorteó el orden en que los 7 supremos resolverán las cautelares contra el roll over que presentaron el PJ, el Partido Verde y la Fiscalía de Estado. Dos vencimientos de deuda pública apremian al Gobierno de Rodolfo Suarez, que espera la definición
Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, debe resolver sobre la deuda pública.
Se decidió por sorteo, tal como establece la reforma judicial de 2022. La decisión de Dalmiro Garay será puesta a consideración, de manera individual, de los otros seis magistrados, quienes podrán adherir o disentir total o parcialmente.
El máximo tribunal de justicia de Mendoza tiene pendiente de resolución en fallo plenario tres acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2022 por el PJ, el Partido Verde y la Fiscalía de Estado.
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A la Justicia por la deuda pública
Todos fueron a la Justicia contra el decreto emitido por el Gobierno para refinanciar dos vencimientos de la deuda pública fechados el 19 de marzo y en septiembre.
La definición jurídica sucederá a dos tiempos: a mediano plazo, con el pronunciamiento sobre una medida cautelar y a largo plazo, con la resolución de la cuestión de fondo.
Después de Garay será el turno de resolver para sus pares Julio Gómez, Omar Palermo, Pedro Llorente, José Valerio, Teresa Day y Mario Daniel Adaro, según el orden establecido en el sorteo.
La oposición insistió repetidamente con que Suarez debería pagar la deuda pública con el superávit de la gestión y no con nuevo endeudamiento.
Acaso la postura opositora se imponga el 19 de marzo, cuando vence la primera cuota, ya que hasta entonces no habrá definición jurídica.
El Gobierno sí apuesta a que una resolución judicial de fondo le permita acceder al roll over antes del vencimiento de septiembre.
En Mendoza, el nuevo mecanismo de resolución de las acciones judiciales contra el Estado prevé la realización de fallos plenarios, donde intervienen todos los jueces de la Suprema Corte.
Quién será el preopinante y el orden en que votarán los demás jueces se define por sorteo.
La reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia permite, además, que el presidente del máximo tribunal -Garay en este caso- sea partícipe de la decisión jurídica, algo que antes no estaba permitido por ley.
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