Dalmiro Garay (51) acaba de ser reelecto presidente de la Suprema Corte de Justicia con mandato hasta noviembre de 2025. Fue por unanimidad, con acuerdo del ala peronista, tras negociaciones previas y un cónclave que duró apenas tres horas, a diferencia de 2021, cuando debieron pasar más de 24 horas -cuarto intermedio incluido- para que fuera electo.
Dalmiro Garay arrancó una segunda y agitada presidencia de la Suprema Corte
El comienzo del segundo mandato no ha sido sencillo, por más que haya un plan de trabajo y objetivos para la gestión; por más que un equipo de obreros esté dedicado a la recuperación de la fachada del edificio de Tribunales que da a calle Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen de Cuyo.
Es que mientras Garay habla con Diario UNO en su despacho del cuarto piso, afuera, más precisamente en el hall de ese mismo cuarto piso -donde están los despachos de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y en el resto de los pisos y entrepisos- funcionarios del Poder Judicial exigen que el máximo tribunal tome una decisión favorable a ellos acerca de la cláusula C, que el gobierno de Julio Cobos dejó sin efecto y provocó el desenganche de los sueldos de ese personal a todos y cada uno de los aumentos salariales que reciben los magistrados. Ergo, la diferencia es abismal.
En el edificio, con la actividad prácticamente paralizada, igual que en el Polo Judicial, retumban las altavoces y los agremiados portan carteles y velas encendidas y se quejan de que este viernes "los ministros de la Corte se tomaron licencia para no votar", es decir para emitir un fallo para el reclamo judicializado. En su oficina, Garay dice a Diario UNO que tiene la expectativa de que haya una definición "antes de fin de año".
- ¿Habrá sentencia antes de la feria de verano?
- Espero que sí. Tenemos una limitación en materia presupuestaria y es que no paritamos salarios y no tenemos autarquía pero siempre estamos ocupados a lo que pasa con los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Los funcionarios ya cerraron la paritaria y por la cláusula C hay un juicio del que no puedo hablar mucho porque soy parte de la decisión. Está para sentencia del pleno. Iba a salir el jueves o viernes pero las licencias de algunos ministros corrieron los vencimientos. Algunos ya votaron, como yo, pero faltan los votos de otros ministros.
El tema de la cláusula C para los funcionarios judiciales y el aumento salarial para los empleados también le fue reclamado formalmente por el Colegio de Abogados el día después de la reelección "porque las medidas de fuerza afectan el desarrollo de los procesos judiciales", dijeron desde el directorio.
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El tablero de comando de Dalmiro Garay: la productividad judicial en tiempo real
La conversación avanza entre un goteado y agua. Entonces, Garay, que se ha colocado corbata para las fotos, abre su computadora personal y activa un tablero de comando que le permite medir al instante y en tiempo real la productividad de los juzgados y el rendimiento individual de los magistrados. Y hasta visualizar el estado de cada causa.
La herramienta, explica y muestra, ayuda a detectar falencias y demoras y a buscar las causas y las posibles soluciones. En definitiva, la agilidad del sistema, que en los últimos años se vio impulsada por reformas procesales, como la oralidad de las audiencias y la despapelización de los expedientes en favor de la digitalización.
El año que se viene para el Poder Judicial
- ¿Cómo se perfilan los tiempos que vienen para el Poder Judicial con nuevos mandatarios en Mendoza y el país? -pregunta Diario UNO.
- Depende -advierte Garay- de cómo uno los quiera llevar: si uno quiere hacer modificaciones y cambiar cosas te diría que es un año complicado. El resto estará siempre: las tensiones, la coyuntura, como lo que está pasando hoy con los empleados y funcionarios, pero también avances en varios frentes.
- El Colegio de Abogados también reclamó por el funcionamiento del sistema operativo Iurix, que les dificulta las cargas de documentación, lo que ralentiza los procesos ¿qué tiene para decir?
- Desde el Poder Judicial mudamos la atención de los tribunales a un régimen 24/7 (todo el día todos los días) para los abogados y justiciables, que pueden ingresar al sistema no sólo para ver expedientes: antes los sábados y domingos nadie podía ver los expedientes.
Hoy, sí, desde las computadoras y donde estén todos pueden ingresar escritos pero tengamos en cuenta algo que no es menor y ha generado un conflicto: los empleados judiciales han pedido por nota que los sábados y domingos cerremos el sistema porque los lunes, cuando inician la semana, se encuentran con un montón de escritos para proveer, lo que antes no ocurría.
El otro reclamo del Colegio de Abogados: los honorarios
Garay encadena el reclamo por el sistema operativo con otro tanto o más sensible: los honorarios de los abogados, que requieren una decisión del plenario y una reforma en la Legislatura, una acción de fondo.
La JUS tiene un valor en dinero -orilla los $90.000- y es la unidad de medida para calcular los honorarios de los abogados. Ese importe fue actualizado por última vez el 1 de enero de este año y, según los letrados, requiere actualización urgente como consecuencia de la altísima inflación, ya que minimiza sus ingresos frente a la suba de precios.
Según el Código Procesal Civil, explica Garay, la JUS se compone de la variación del sueldo de un juez de Paz. La misma norma establece que se actualiza una sola vez al año. Pero cuando se modificó la Ley de Aranceles y Honorarios Profesionales ataron al JUS y se estableció cuántos JUS correspoden para cada juicio según la competencia.
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La reelección y la convivencia con los supremos peronistas
- Su reelección fue rápida y sin necesidad de acudir a las tres rondas de votación fijadas en la ley de 2022 para designar presidente de la Suprema Corte...
- Hubo acuerdos previos y se llegó a la reunión de ministros con todo listo para seguir con el proceso de cambio. Se logró la unanimidad y eso fue muy bueno porque cada ministro tuvo espacios en los esquemas disponibles. En tres horas, lo que era mayoría pasó a ser unanimidad.
- La eliminación de las Salas I y II por la ley de 2022 dejó en pie sólo la Sala Administrativa, que usted presidirá hasta 2025. Lo acompañarán los peronistas Mario Adaro y Omar Palermo, ¿qué puede pasar en esa convivencia para la toma de decisiones sobre los recursos del Poder Judicial teniendo en cuenta la alta politización de esta Corte?
- Son los consensos que se pueden lograr, de hecho yo estaba gobernando la Corte, en mi gestión anterior, con dos ministros, como vos decís, de supuesta extracción peronista, como Julio Gómez y Omar Palermo.
- ¿Usted duda de que sean peronistas?
- Bueno, yo no lo puedo decir. Vos, sí.
La Sala Administrativa en pleno y no el presidente en soledad, explica Garay, tiene la competencia de disponer de los recursos financieros, técnicos y humanos del Poder Judicial, como las designaciones y la fijación de horarios.
- Yo tengo a cargo la superintendencia de todos los edificios -hoy sólo alquilamos uno-; puedo hacer traslados de personal, convocar a las reuniones de la Sala y a los plenos y represento a la Corte.
La ley está, pero...
- ¿El sistema de sorteo de causas funcionará a pleno desde febrero de 2024?
- Según la ley de reforma de funcionamiento de la Corte, que está vigente, sí.
- ¿Pero en la práctica?
- No sé, ahí lo estamos discutiendo. Hay una ley que está vigente. Creo que estamos en condiciones pero tenemos que discutirlo porque algunos ministros entienden que no estamos en condiciones técnicas. Y ésa es una de las discusiones que nos debemos.
- ¿Hay mucho que invertir?
- No, ya está hecho.
- ¿Y entonces, qué falta?
- Hay que ver las cantidades de causas que tenemos por resolver. Pasa, además, por una reorganización de recursos humanos que debemos hacer. El cuadro de situación lo arman los funcionarios en lo jurisdiccional y administrativo. Cuando se planteó la ley coincidimos en que con el mismo personal que tenemos se podía avanzar. De hecho, en lo Contencioso Administrativo, que ya funciona, no agregamos ningún empleado. Trabaja el sistema de sorteos y en 2024 estarán las primeras sentencias.
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