“Nos molesta que el gobernador diga que es un tema cerrado. Nosotros tenemos la posición tomada hace tiempo de cumplir con la 7.722, pero no hay seguridad jurídica para que vengan las inversiones porque tienen miedo a la población, a las reacciones”, se quejaron desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet).
Otra fuente de la misma entidad aportó que aun obrando dentro del marco jurídico de la legislación mendocina, cualquier declaración de impacto ambiental tiene que pasar por una legislatura “temerosa de que la sociedad se revele ante una eventual aprobación”, y que actos de violencia y de “total ausencia democrática, porque no respetan lo votado por representantes”, son la causa de que se ahuyente a inversores por falta de seguridad.
“Simplemente no puede haber minería en Mendoza. Que lo digan y listo, que no habrá nunca chances de llevarla a cabo. Está vedado por desinformaciones de una minoría. Mientras tanto, en el norte explotan el litio, Catamarca y San Juan crecen... Acá apostamos al petróleo que viene en caída libre, y eso que las dos fuerzas políticas más grandes estaban de acuerdo. Los votan, pero después no respetan el lugar que se les dio”, se quejaron, en plena referencia a la campaña hacia la gobernación de 2019.
Marchas sindicales a favor de la minería
Fuentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en Mendoza, dejaron trascender que preparaban una movilización para exigirle al Gobierno discutir nuevamente la situación minera en territorio provincial. En principio se había pensado para el miércoles 22 o jueves 23, aunque no confirmaron si la derogación decidida por Arcioni en Chubut y posterior llamado a plebiscito altera esos planes.
La movilización replica lo que ya se hizo en otras ciudades como Puerto Madryn para apoyar la decisión de la Legislatura chubutense, pero contrasta con dos antecedentes de fuerte respaldo al gobierno de Suarez que el sindicato expresó en el pasado.
Uno de ellos fue a principios de 2020 (días después del fallido intento de instaurar la ley 9.209 que reemplazaba a la normativa anterior), cuando se manifestaron para pedirle a la oposición local que votara el presupuesto y así garantizara la ejecución de la obra pública.
El segundo fue a mediados de este año. Un puñado de representantes del gremio llegaron con bombos y banderas a Casa de Gobierno para expresar “apoyo total a la construcción de Portezuelo del Viento”, según las palabras de su secretario general Miguel Ponce. Era una respuesta a algunos empresarios que pedían frenar la adjudicación de la presa. Aquel día fueron recibidos por los ministros Enrique Vaquié y Mario Isgro , de Economía e Infraestructura.
A todos estos reclamos se suma la postura del jefe comunal de Malargüe Juan Manuel Ojeda, quien ya ha requerido en varias ocasiones la habilitación minera en su departamento, además de haber apoyado la zonificación que se hizo en Chubut a través de su cuenta de Twitter. Además, no pierde oportunidad para pedir que se vote una nueva legislación en esta materia, al menos para las zonas donde, consideran ellos, hay “licencia social, permiso de la ciudadanía”.
https://twitter.com/Juanojeda84/status/1471592025795411969
En apenas un puñado de días, las voces de un intendente, Asinmet, Uocra, el nuevo titular de la UIM, Matías Díaz Telli, y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros se plegaron al reclamo. Mientras Chubut empieza a apagar el fuego, en Mendoza se sigue viendo el humo.
