Definir el salario de los funcionarios políticos en Mendoza, o tratar de ponerles un tope por ley, es como ponerle el cascabel al gato: hay quienes creen que es fácil, pero en lo concreto el que se atreve termina rasguñado.

La disparidad entre los sueldos de los funcionarios y algunos empleados estatales es tal, que hay quienes ganan más que el gobernador y esas tremendas diferencias se arrastran a las comunas.

Para graficarlo sólo sirva contar que en la provincia hay intendentes que ganan más del triple que sus pares, y entre un sueldo y otro hay más de $220.000. Eso ocurre porque algunos de ellos tienen sus salarios atados al del gobernador, y otros calculan sus sueldos en función de las categorías del escalafón comunal, al que le suman adicionales. Incluso, por los descuentos del Impuesto a las Ganancias, hay casos en que algunos concejales ganan más que su intendente.

Unos y otros coinciden en que es necesaria una ley de sueldos que ordene esa tremenda disparidad, pero lo cierto es que después de que se sancionó la ley que le pone tope a los salarios de los funcionarios provinciales, sólo 3 de los 18 jefes comunales decidieron adherirse y engancharse al salario del gobernador, y por tanto cobrar el 90% de esa cifra. El resto tomó la bandera de la autonomía municipal que les permite a los intendentes fijar sus propios sueldos, que salen del presupuesto comunal.

Cómo conforman sus sueldos los intendentes

En ese grupo de 15 jefes comunales la mayoría conforma su salario teniendo como punto de partida el monto de la categoría I, que es la más alta del escalafón municipal, a esa cifra le suman algunos adicionales como "compensación funcional" o "mayor dedicación" y así se engordan algunos bonos de sueldo, porque hay casos en los que esos ítems duplican aquella categoría inicial. Otros deciden multiplicar aquella categoría inicial tantas veces como crean que es meritorio tener en su salario, para lo cual necesitan de un decreto, que se ratifique con una ordenanza.

Igualmente los que deciden basar sus salarios en el escalafón municipal, en su mayoría tienen sueldos más bajos que los que están enganchados del salario gubernamental. Sencillamente porque la base de cálculo es menor y si bien sube con los aumentos que se fijan en la paritaria municipal, en general no crecen como los que tienen de referencia el sueldo de Suarez, que aumenta con la paritaria de los empleados de la administración central que este año acordaron un incremento del 40% en 7 tramos, por lo que ya percibieron el 16%.

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Una ley de topes, que "topeó" poco

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El ex gobernador Francisco Pérez logró sancionar en el 2014 la ley que ponía tope a los sueldos de los funcionarios de los tres poderes del Estado, para que nadie ganase más que él. Fue como corolario de un conflicto con profesionales de la salud.

El ex gobernador Francisco Pérez logró sancionar en el 2014 la ley que ponía tope a los sueldos de los funcionarios de los tres poderes del Estado, para que nadie ganase más que él. Fue como corolario de un conflicto con profesionales de la salud.

En el 2014 el ex gobernador Francisco Pérez enfrentó un conflicto con profesionales de la salud que hicieron reiteradas huelgas. Para contrarrestar el reclamo, el mandatario salió a mostrar que habían 500 de esos profesionales que ganaban más que él y eso derivó en la sanción de la ley de tope salarial, que fijaba como máximo sueldo de funcionarios provinciales de los tres poderes, el del primer mandatario, aunque claro, había excepciones.

Esa ley, la 8.727, que exceptuaba a magistrados, al Fiscal de Estado, al asesor de Gobierno, al presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas y al contador y tesorero de la provincia, y que fue modificada en el 2019, con el fin de habilitar al Poder EJecutivo a disponer de excepciones, que necesitarían de la ratificación legislativa, "invitaba" a los intendentes a adherir, algo que quedaba a su voluntad justamente por la autonomía municipal.

Además tampoco sirvió para "topear" los salarios de aquellos profesionales de la salud, porque AMPROS presentó una cautelar que está en la Suprema Corte de Justicia, para que defina si es constitucional o no. Igualmente ese máximo tribunal ya falló ante un planteo similar de ATE, con la decisión de que la norma ES constitucional, lo que hace que la ley esté vigente.

La discusión sobre cuánto perciben los jefes comunales, y cómo se pagan sus sueldos, volvió a encenderse días atrás cuando el concejal de Rivadavia, Ricardo Mansur, salió a denunciar que el intendente Miguel Ronco ganaba más que el gobernador Rodolfo Suarez, que en el último mes percibió $349.432,07.

Según el edil radical, ese jefe comunal rivadaviense había percibido $371.479, pero luego el mismo Ronco lo contradijo y marcó que ese era el salario en bruto y que con los descuentos de Impuestos a las Ganancias le quedaban en mano $238.000.

Si bien los salarios de los jefes comunales son considerados de información pública, ya que todos están obligados a brindarlos por la ley de Acceso a la información pública que rige desde el 2018, no todos los jefes comunales parecen respetarla o recordarla, ya que de los 18 jefes comunales, hubo 3 que no informaron sus ingresos.

En el sondeo que realizó Diario UNO pudo constatar que en la actualidad son sólo tres las comunas cuyos intendentes decidieron adherir y por tanto hoy tienen sus salarios atados a los del gobernador Rodolfo Suarez.

En ese terna figuran el intendente de Tupungato, Gustavo Soto (UCR), que en el último mes percibió $313.315; el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias (UCR) que cobró $290.000 y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), que tuvo un bono de sueldo de $235.000.

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"Muchos tienen un sistema de actualización de salarios que sigue las paritarias municipales. Si hubiésemos hecho eso tendríamos sueldos mayores, porque el aumento que dimos en Santa Rosa es menor al que dio el gobernador a los funcionarios provinciales", planteó la intendenta santarrosina.

Lo cierto es que al estar atados al salario del primer mandatario, cada vez que este crece por los aumentos que se fijen en las paritarias de la administración central, aquellos también aumentarán automáticamente. Así se entiende que esos intendentes estén entre los que más ganan, del grupo de 18 jefes municipales.

"Cuando asumí, el salario de mi antecesor, Luis Lobos, era mayor que el del gobernador, por eso decidimos engancharnos al sueldo de Rodolfo Suarez para ordenar así los salarios hacia abajo", argumentó Iglesias ante la consulta de Diario UNO. En esa comuna, la más grande poblacionalmente de la provincia, un concejal percibe algo más de $270.000.

Por su lado, el jefe comunal tupungatino abogó por tener una ley de sueldos "para blanquear en el buen sentido lo que cobra cada funcionario de la provincia, porque eso debería ser información pública, porque es lo que tenemos que publicar en nuestras declaraciones juradas. De hecho, nosotros como comuna lo vamos a publicar desde la próxima semana en nuestra web, es lo que ya le pedí al contador, porque soy partidario de que esa información sea pública", remarcó Soto.

En su comuna, un concejal percibió el último mes $287.000, es decir el 70% de los ingresos del intendente.

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Salarios de intendentes en bases al escalafón

En contrapartida, los que se desengancharon del salario del mandatario provincial hoy tienen bonos de sueldos con montos que están muy por debajo, e incluso son un tercio de aquellos. En ese lugar están los intendentes de las comunas de La Paz y Lavalle.

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Fernando Ubieta, el jefe municipal de La Paz percibe de bolsillo $90.629 y con ese magro bono de sueldo es el que menos percibe de los 18 intendentes. Si lo tomáramos de referencia, él cobra menos de un tercio de lo que percibe Soto de Tupungato, con cuyo bono de sueldo hay una diferencia de $222.686.

"Es poco, pero es un salario que está atado a lo que ganan los empleados municipales por nuestro escalafón. Yo no podría tener un sueldo descomunal cuando los salarios en nuestro departamento son bajos, porque además mi sueldo sale de un presupuesto municipal que tampoco es tan abultado", argumentó Ubieta y mandó el bono de sueldo para corroborar el monto.

Lo mismo hizo su par de Lavalle, Roberto Righi (PJ), quien en su último bono cobró $153.428, y está entre los que menos ganan. Mirando su bono de sueldo se puede constatar que ni lo alcanza el Impuesto a las Ganancias, ya que tiene descuentos por otros conceptos como obra social, jubilación y aportes partidarios por $43.000.

Muy cerca de esos montos está el sueldo del intendente malargüino Juan Manuel Ojeda (UCR). Según informaron desde la comuna, el jefe comunal percibe de bolsillo "unos $145.500" estimaron, ya que sólo aseguraron que él percibe apenas $5.500 más que un concejal de su comuna que en promedio tiene una dieta que ronda los $140.000. Estos datos nos se reflejaron en la placa que acompaña esta nota porque fue el último en informar su salario.

Muy cerca de ese monto está el salario del intendente de San Carlos, Rolando Scanio (Cambia Mendoza), quien cobra $175.000 de bolsillo. En su caso, su sueldo está atado a la paritaria municipal, por lo que este año se incrementará un 40% escalonadamente, que es el aumento que se pactó con el sindicato municipal. "Creo que todos coincidimos en que es necesaria una ley de sueldos, para ordenar todos los desequilibrios que hay. Hay casos de empleados de Irrigación que ganan más que el intendente y las responsabilidades son totalmente diferentes", se quejó.

En este grupo de intendentes que fijan sus salarios en base al escalafón municipal figuran también Walther Marcolini (UCR), de General Alvear, que percibió el último mes $213.000. Según la ordenanza que fija su salario, este se compone de dos sueldos de la categoría 13, más un 46% de su título universitario, otro 45% por el ítem de jerarquización, un 100% por Responsabilidad Fiscal y un 85% por mayor dedicación.

En el caso de Ulpiano Suarez (UCR), el jefe comunal citadino, su sueldo es el doble de la clase I, más otros ítems como el 60% de mayor dedicación. Eso conforma un bono de sueldo de $225.272 de bolsillo.

Una cifra similar percibe su par de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar (UCR), que en junio cobró $229.453, lo que supone el 1,4 de la categoría I del escalafón municipal y el 100% de mayor dedicación. En su comuna, un concejal percibió $213.880.

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Sebastián Bragagnolo (PRO), el intendente de Luján de Cuyo, cobró de bolsillo $251.799 pero sufrió un gran descuento porque entre otros ítems su salario fue alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, ya que el bruto del jefe comunal del PRO fue de $384.426. En ese departamento un edil tuvo una dieta de $176.088.

En San Rafael, el intendente Emir Félix (PJ) calcula su sueldo de otra manera. Según explicaron desde la comuna, allí las categorías del escalafón tienen números y la categoría más alta es justamente la del intendente. Igualmente aseguraron, pese a que su sueldo crece con los aumentos de la paritaria municipal, que este año fue del 50%, de los cuales ya se han pagado el 40%, desde esa intendencia siempre piden informes a la provincia, para constatar que el sueldo del intendente no supere nunca al del gobernador Rodolfo Suarez. El último bono de sueldo fue de $302.000.

Son intendentes pero ganan menos que un concejal

El caso de los intendentes de Las Heras y Maipú también refleja la necesidad de una norma que regule las disparidades. Ellos perciben de salario menos que algunos concejales de su comuna, algo que no parece del todo justo, cuando las responsabilidades de unos y otros son abismalmente distintas.

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Daniel Orozo (UCR), de Las Heras, cobró el último mes $201.035, mientras que de los 12 concejales de su comuna, hay al menos 3 que ganaron este mes más que él con dietas que van de los $202.000 a los $223.000. La explicación es que al intendente lo alcanzó el Impuesto a las ganancias y tuvo un descuento total de más de $83.000.

Algo similar le ocurre a Matías Stevanato (PJ), de Maipú, quien percibió $193.000 de bolsillo por descuentos similares. En esa intendencia hay concejales que percibieron $197.000 e incluso algunos funcionarios cuyos sueldos también superaron al del intendente.

Los que eludieron informar sus salarios

Pese a que Diario UNO consultó a todos los jefes de prensa de los intendentes y en varios casos a los mismos jefes comunales, hubo algunos que eludieron informar cuánto ganan y cómo se conforman sus salarios.

En esa lista está el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro (PJ), desde cuya comuna argumentaron que esa información "era sensible" y que podrían conseguirla para el próximo lunes, aún cuando se les informó que esta nota se publicaría este domingo.

Tampoco envió sus datos el intendente de Junín, Héctor Ruiz (UCR). Ante los insistentes pedidos de esa información desde su oficina de prensa directamente evitaron responder.

El trío de los que evitaron difundir sus salarios se completa con el intendente de San Martín, Raúl Rufeil (UCR). Desde su comuna se comprometieron a informar la cifra de su bono de sueldo, pero sólo aportaron que ese salario se actualiza con la paritaria comunal. Eso sí, se encargaron de recordar que en el inicio de la pandemia, cuando el gobernador Rodolfo Suarez invitó a sus funcionarios a donar parte de sus salarios para la compra de insumos, Rufeil donó parte de su sueldo a la cooperativa del hospital Perrupato.

A los tres intendentes habría que recordarles que el artículo 6 de la ley de Acceso a la Información Pública, establece que quienes son sujetos de aplicación de esa norma son: "a) Poder Ejecutivo:a.1) Administración Centralizada, organismos descentralizados, organismos desconcentrados, entes autárquicos, administraciones mixtas y/o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado u OFICINA que ejecute actos de la administración pública en general.a.2) Empresas y sociedades con participación del Estado, entes residuales y todas las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación. b) Poder Legislativo c) Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal. d) Fiscalía de Estado. e) Tribunal de Cuentas. f) Departamento General de Irrigación. g) Prestatario o concesionarios de servicios públicos o que exploten un dominio público. Toda entidad privada o pública que por tiempo determinado, encomendada por el Estado, realiza la organización y el funcionamiento de un servicio público o explotación de un dominio público".

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