En la histórica sesión de este martes, en donde el Senado aprobó definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, habilitando a la empresa para avanzar con la extracción, se sancionó también la ley de Regalías Mineras. Allí se fija cuánto es lo que deberá pagar esa minera -y todas las que pretendan establecerse en la provincia- al Estado mendocino por el mineral que extraigan.
Con 30 votos a favor y 6 en contra, el Senado aprobó sin cambios el texto que venía con media sanción de Diputados.
Así quedó establecido que las mineras tendrán que pagar una alícuota del 3% sobre el valor “boca mina”, como lo define la ley nacional 24.196.
"Básicamente es el valor del mineral extraído en la primera etapa, previo a la transformación. Para poner un ejemplo claro, se toma el valor del cobre en sí, y no el que puede adquirir cuando se transforma en un cable", puntualizó el director de Minería, Jerónimo Shantal. El funcionario recordó que esa unidad de medida para las regalías "se tomó del artículo 22 de la ley nacional".
En paralelo, advirtió que PSJ Cobre Mendocino estará en condiciones de producir cobre para exportar probablemente en tres años.
En cambio, para los futuros proyectos mineros, es decir aquellos que no hubieran iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de esta ley, se prevé una alícuota progresiva y móvil, que no podrá superar el 5%. En esa situación estarían por ejemplo el resto de las empresas mineras que atraviesan la etapa de exploración en Malargüe.
La norma también contempla reducciones, exenciones parciales y regímenes diferenciales para promover proyectos con agregado de valor local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social y de género.
Habrá regalías mineras para las comunas que adhieran
Es sabido que más allá del contundente respaldo político que le dio la Legislatura al avance del desarrollo minero, no sólo con el aval de PSJ Cobre Mendocino, sino también a los 27 proyectos mineros de Malargüe Distrito Minero Occidental, hay comunas en las que la minería no consigue la licencia social necesaria y por tanto sus intendentes dudan en avanzar.
Eso explica por qué en el texto de la ley de Regalías Mineras que se aprobó el Gobierno incluyó una especie de anzuelo para asegurarse una mayor adhesión: prevé compartir con las intendencias una parte de lo que recaude de regalías, siempre que adhieran a la nueva ley.
Puntualmente define que el 88% de la recaudación irá a Rentas Generales, y de ese monto, el 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, que crea esta misma esta Ley. La idea es que ese fondo financiará proyectos de desarrollo económico, social, productivo y territorial; obras e infraestructuras socioambientales vinculadas a la actividad minera; así como acciones de control, monitoreo, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.
Pero, además, establece que el 12% restante se asignará a los municipios donde se realice la extracción, siempre que adhieran al régimen. Pero a la par deja establecido que esos fondos que lleguen a las comunas no podrán destinarse a gastos corrientes, sino que exclusivamente deberán usarse para obras públicas e infraestructura económica, social, ambiental y productiva.






